La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció que el Congreso local presentará una nueva iniciativa contra la intervención del narco en las elecciones, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una reforma electoral con el mismo fin.
"Lo que resolvió la Corte lo acatamos. Lo que no vamos a acatar nunca es la idea de que Chihuahua se resigne, eso jamás. Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Lo que la Corte borró lo vamos a reponer por la vía de la propia Corte, por la vía que deje abierta. El Congreso estará presentando la iniciativa debida en las próximas horas", dijo Campos en un video publicado este 30 de septiembre en sus redes sociales.
La SCJN invalidó el 29 de septiembre la reforma electoral del gobierno de Chihuahua relacionada con la organización de los procesos electorales y el régimen de infracciones, sanciones y nulidades.
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Señaló que la reforma no respetaba los principios de presunción de inocencia y legalidad en los casos en los cuales un aspirante o candidato se le atribuya responsabilidad por el hecho de haber resultado beneficiado por actos ilícitos.
Sin embargo, mantuvo la validez de las sanciones en los casos en que esos actos ilícitos sean cometidos por la propia persona aspirante, precandidata, o candidata. Y reconoció que se puede declarar la nulidad de una elección cuando se acredite la participación de la delincuencia en un proceso electoral.
Otra de las razones que la corte determinó para declarar la invalidación fue que la reforma no garantiza una representación proporcional de candidaturas LGBTTTQ+ y solo limitó estas candidaturas a una cuota del dos por ciento.
La invalidación ocurrió debido a que el Partido Morena presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para impugnar la reforma que fue impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN) en junio de este año.
"Morena votó en contra de la ley en el Congreso. Y después litigó para tumbarla en la Corte. Y lo consiguió. Éramos el único estado del país con ese blindaje. Pero Chihuahua no se resigna", señaló Campos al señalar que a Morena "no le importa la ley ni le importa la verdad".
"El espíritu chihuahuense ya le plantó cara al miedo y no va a dejar nunca que el crimen elija a sus gobernantes. Chihuahua no se entrega", dijo.
La reforma electoral se había aprobado el pasado 22 de junio de 2026 por mayoría de votos y se pretendía aplicar para el proceso electoral local 2026-2027.
Tras la invalidación, el diputado del PAN, Carlos Olson cuestionó a los legisladores de Morena que impugnaron la ley.
"Morena está en su derecho de acudir a la Suprema Corte, pero también los ciudadanos estamos en nuestro derecho de preguntar: ¿por qué les incomoda una legislación que busca impedir que el crimen organizado influya en las elecciones? Que lo expliquen", señaló el 29 de septiembre.
Desde Morena, la diputada Jael Argüelles Díaz, señaló que la resolución de la Suprema Corte evidenció "diversos excesos, omisiones y deficiencias" que su partido advirtió durante la discusión de la reforma.
"Hoy el diputado del PAN viene con la especialidad de la casa: repetir el discurso y desvarío de la gobernadora y querer llenar de mentiras a la ciudadanía, construyendo una narrativa de miedo", dijo el 30 de septiembre.
La legisladora además señaló que la reforma representaba un retroceso de derechos político-electorales en materia de inclusión de grupos vulnerables en referencia a la población LGBTTTQ+ que solo tenía una cuota del 2 por ciento en candidaturas.
"¿Por qué no hablan de que la Corte vino a corregirles la plana?", cuestionó Argüelles Díaz. "Se los tuvo que venir a decir la Corte", reiteró.
Argüelles Díaz también negó un supuesto pacto con el crimen organizado y añadió que actualmente existen detenciones e investigaciones contra personas vinculadas con este delito. También acusó al PAN de construir una narrativa de miedo.
"¿Qué queremos? Garantías, certeza, legalidad y legitimidad; no reformas que le sirvan a su gobernadora y a ustedes, panistas, para el golpeteo y sus discursos infundados", sostuvo desde tribuna.
La iniciativa anunciada por Campos ocurre en un contexto de recientes investigaciones y acciones contra presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado, impulsadas principalmente por el gobierno de EE. UU., que ha señalado en distintos momentos la necesidad de combatir la influencia de los cárteles en el gobierno mexicano.
En uno de los casos más recientes, el 23 de septiembre, autoridades federales y estatales detuvieron al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, por su probable vínculo con “Los Cromos”, un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En relación a este caso también fue detenido el excomisionado de la Policía Municipal señalado por su presunta relación con la estructura criminal.
Por otra parte, se encuentran las acusaciones realizadas por parte de EE. UU.. El 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a casi 50 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y señaló redes de corrupción política en Baja California. Asimismo, en abril, el Departamento de Estado de EE. UU. acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntamente colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.
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