La Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenó este miércoles la captura del expresidente de Bolivia Evo Morales por "alzamiento armado contra la seguridad y soberanía" del país, tras más de 7 semanas de conflictos, protestas y bloqueos de carreteras de sectores afines a Morales que pedían la renuncia de Rodrigo Paz.
"Por la adhesión de denuncia presentada por el Ministerio De Gobierno, asumido en calidad de ministro Marco Antonio Oviedo Huerta, en contra de Juan Evo Morales Ayma y otros por la presunta comisión de los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación publica a delinquir, y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. El suscrito Fiscal ordena la aprehensión del antes nombrado", se lee en la orden de aprehensión con fecha del 29 de julio de la Fiscalía de Santa Cruz, publicada en el medio local Opinión.
El caso fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz —la región más poblada y el motor económico de Bolivia— a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
El exmandatario, por su parte, sostuvo este miércoles que las autoridades no le "van a intimidar", ante la orden de captura en su contra por presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio que buscaban exigir la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz.
"Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción", escribió Morales, en X, el mismo miércoles.
Morales dijo que su posición es estar del lado de "quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular".
"No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto", agregó.
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.
Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país. Además dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3000 millones de dólares.
A inicios de junio, Estados Unidos junto con otros 12 países latinoamericanos pertenecientes al Escudo de las Américas denunciaron "los esfuerzos continuos para derrocar" al gobierno del presidente Rodrigo Paz en Bolivia.
Morales calificó, a fines de junio, como una exageración que algunos líderes sindicales pidieran la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
"Evidentemente, hay compañeros que exageraron su planteamiento, fuera, renuncie [Rodrigo Paz]", dijo Morales en la radio local Kawsachun Coca al cuestionar la petición de renuncia de Paz durante los conflictos que se prolongaron por más de 50 días, según la agencia de noticias local Fides.
Morales ha señalado que no promovió la renuncia de Paz, sin embargo, el 24 de mayo el exmandatario escribió en X: "a Rodrigo Paz solo le queda dos caminos, una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, con una elección en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar conflictos con muertos y heridos".
Tras siete semanas de conflicto y luego de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados que obstruían la libre circulación.
A inicios de julio, el gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la democracia en Bolivia y al gobierno de Rodrigo Paz, tras las siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras por parte de los sectores que exigieron la renuncia del mandatario, y anunció que profundizará su cooperación con el país suramericano en el marco del "respeto mutuo".
"Los Estados Unidos reafirman su respaldo inquebrantable a la democracia en Bolivia y al gobierno del presidente Rodrigo Paz, legítimamente electo por el pueblo boliviano", expresó el encargado de negocios de la Embajada de EE. UU. en Bolivia, Erik Martini, en un mensaje grabado y publicado el 2 de julio.
Martini señaló que su país sostiene que "la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas no se negocia" y que las diferencias políticas "se resuelven con diálogo, con respeto a la ley y dentro del marco constitucional—nunca con violencia".
"Combatiremos juntos el narcotráfico y el crimen organizado transnacional que amenazan la estabilidad de nuestra región", agregó el funcionario estadounidense.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.
En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.
Con información de EFE y de Mariana Buendía.
