La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este jueves que el país deba intervenir en la crisis política de Nicaragua, luego de que México se abstuviera un día antes en la Organización de los Estados Americanos (OEA) de respaldar una propuesta para convocar a una reunión de cancilleres sobre la situación del país centroamericano.
"No tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo. Es sencillamente la relación que hay con un país y nuestra posición internacional que siempre ha existido", explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este 20 de agosto.
Las declaraciones de la mandataria mexicana surgieron un día después de que el representante de México, Alejandro Encinas, se abstuviera en la OEA de apoyar la convocatoria para una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Nicaragua.
Sheinbaum explicó que la decisión se basa en que su gobierno cree en "la no intervención y la autodeterminación de los pueblos".
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Además, agregó que esta postura no proviene solo de una convicción política, sino de una obligación constitucional por parte del gobierno de México.
"No solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior", declaró.
Asimimismo, Sheinbaum señaló que esta postura debería seguirla cualquier gobierno de México, independientemente del partido político al que pertenezca.
La decisión mexicana se produjo mientras la OEA aumenta la presión diplomática sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la situación política de Nicaragua. El Consejo Permanente de la organización aprobó el 19 de agosto convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis nicaragüense.
La propuesta fue aprobada con 29 votos a favor, una abstención de México y un voto en contra de Brasil.
La convocatoria de la OEA fue propuesta por EE. UU. y se produjo después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara el 19 de julio que el país no volvería a celebrar elecciones.
“Aquí no volverá a haber elecciones. No volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Popular Sandinista.
EE. UU. sostuvo en su solicitud para la reunión extraordinaria en la OEA que el anuncio de Ortega sobre la suspensión de futuras elecciones, junto con la propuesta de reforma parcial a la Constitución presentada el 24 de julio por el gobierno de Ortega y Murillo, vulnera el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes. Asimismo, afirmó que ambas medidas profundizan la crisis política de Nicaragua y plantean consecuencias para la democracia, los derechos humanos, la represión transnacional y la estabilidad de la región.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, levantan los puños durante la conmemoración del 51.º aniversario de la campaña guerrillera de Pancasan en Managua, el 29 de agosto de 2018. (INTI OCON/AFP a través de Getty Images).Días después de que Ortega declarara que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones, Sheinbaum evitó condenar directamente la decisión y apeló al principio de autodeterminación de los pueblos. La presidenta afirmó durante su conferencia matutina del 27 de julio que México está a favor de la democracia, pero sostuvo que corresponde a cada país decidir cómo se organiza.
“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia en todos sus términos”, declaró.
“Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza”, añadió.
La reforma constitucional que impulsa Nicaragua contempla modificar 14 artículos y establecer nuevas reglas electorales, dijo en una entrevista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, según informó el propio gobierno nicaragüense el 6 de agosto.
“Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones, no podrán ser candidatos, no podrán tener ese derecho político que garantiza la Constitución en el artículo 47. Aquellos que incurran en menoscabo de la independencia, de la soberanía y de la autodeterminación no podrán, no pueden participar. Eso queda claro en esta reforma”, declaró Porras.
Sobre los periodos electorales, el funcionario nicaraguense señaló que se modificarían a 7 años para tener tiempo de "implementar los proyectos contra la pobreza".
Porras también defendió la iniciativa frente a las críticas internacionales y acusó a “robots” y “bots” de difundir información falsa para desacreditar la reforma, que el gobierno presenta como necesaria para preservar la estabilidad, seguridad y paz del país.
Por su parte, la administración del presidente Donald Trump ha mantenido una postura de presión contra el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. En junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la “dictadura de Murillo-Ortega” como un “enemigo de la humanidad” y anunció restricciones de visa contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, a los que acusó de continuar ejecutando la agenda del régimen.
Con información de Eduardo Tzompa y Estela Hernández.
