El líder del enclave español de Ceuta, en el norte de África, ha declarado una emergencia nacional después de que miles de inmigrantes ilegales cruzaran la frontera hacia España.
El 30 de julio, el gobierno de Ceuta solicitó al gobierno español que desplegara al ejército en el enclave y cerrara completamente las fronteras.
Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, al igual que Melilla; juntas representan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y, con frecuencia, se enfrentan a oleadas de migrantes ilegales que buscan llegar a Europa.
Las imágenes de redes sociales revisadas por The Epoch Times muestran a miles de hombres jóvenes en la playa del Tarajal, en su mayoría marroquíes, corriendo, caminando y vitoreando en la playa y en las calles. El número de personas presentes aún no ha sido confirmado de manera independiente.
Juan Jesús Vivas, jefe del gobierno regional de Ceuta, solicitó más efectivos policiales y el despliegue del ejército en la frontera, en una publicación del 30 de julio en la cuenta oficial del Gobierno de Ceuta en X.
"Nos enfrentamos a una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", declaró Vivas a la emisora de radio española Cadena SER. Señaló que algunos centros de inmigración estaban operando al 2,400 por ciento de su capacidad.
Vivas afirmó que Ceuta podría enfrentarse a una situación comparable a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando 10,000 personas ingresaron al enclave en tan solo unos días.
Un portavoz de la Guardia Civil indicó que los migrantes estaban "entrando masivamente por mar" a través del rompeolas de Tarajal, pero no pudo proporcionar estimaciones sobre su número. La televisión estatal TVE informó el jueves que entre 2000 y 3000 personas habían cruzado.
El primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, afirmó que el gobierno está "plenamente comprometido a dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta".
"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, colaborando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para restablecer la normalidad lo antes posible", señaló en una publicación del 30 de julio en X.
Este aumento se produce tras dos importantes cambios de política por parte de España este año, entre ellos la concesión masiva de estatus legal a cientos de miles de inmigrantes ilegales y un fallo judicial reciente que prohíbe las expulsiones sumarias de los inmigrantes que llegan a nado a la costa.
La Corte Suprema de España dictaminó el 29 de junio que las “devoluciones en caliente”, o expulsiones sumarias sin procedimientos formales, no pueden aplicarse a los migrantes interceptados en el mar que llegan a nado a Ceuta o Melilla.
El 14 de abril, el gobierno de Sánchez aprobó un decreto real que pone en marcha la regularización de las personas que residen ilegalmente en el país, un proceso que se espera que afecte a casi medio millón de personas.
La propuesta se presentó por primera vez el 27 de enero con el fin de permitir que unos 500,000 inmigrantes indocumentados que ya viven y trabajan en España obtengan un estatus legal mediante un proceso acelerado.
Irene Montero, exsecretaria de Igualdad y actual diputada al Parlamento Europeo por el partido de extrema izquierda Podemos, señaló en una publicación del 14 de abril en X que el proceso podría ampliarse aún más, afirmando que se debería otorgar la regularización a hasta 800,000 inmigrantes indocumentados.
La situación en Ceuta ha suscitado fuertes críticas por parte de la oposición.
El partido de derecha Vox afirmó que "miles de marroquíes están cruzando la frontera de Ceuta debido a las políticas" de Sánchez.
"No son exiliados, ni refugiados, ni mujeres, ni niños; todos son hombres en edad militar", señaló en una publicación del 30 de julio en X.
Santiago Abascal, líder de Vox, declaró en una publicación del 30 de julio en X: "No vienen huyendo de ninguna guerra ni de la pobreza. Es una invasión".
Los líderes europeos han criticado los planes de regularización masiva, ya que los permisos de residencia españoles y los inmigrantes regularizados tendrían derecho a viajar dentro del espacio Schengen de la Unión Europea por un máximo de 90 días en cualquier período de 180 días.
Alice Weidel, copresidenta del partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), señaló que "ya más de 1500 migrantes, en su mayoría procedentes de Marruecos y Argelia, han ingresado a la UE en muy poco tiempo".
"Es probable que su destino sea Alemania. Ahora hay que cerrar las fronteras y aplicar rigurosamente las medidas de rechazo", señaló en una publicación del 30 de julio en X.
Con información de Associated Press y Reuters.
