El presidente-alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió el 14 de agosto la suspensión del derecho de asilo en el enclave español del norte de África en casos de "invasión" masiva de la frontera.
Lo hizo dos días después de que el ministro de Justicia de Marruecos culpara a las políticas migratorias del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de impulsar los cruces irregulares.
Junto al presidente del Senado, Pedro Rollán, también miembro del Partido Popular (PP), Vivas exigió el retorno inmediato a Marruecos de los migrantes que permanecen en la ciudad desde que decenas de miles cruzaron la frontera el 30 de julio, así como un nuevo marco legal que permita una respuesta automática ante entradas masivas.
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Advirtió que la convivencia y la seguridad nacional corren un riesgo máximo y afirmó que la respuesta a la crisis "no ha estado a la altura" por parte de los responsables de proporcionarla.
Un día antes, tras reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Vivas instó al gobierno a desestimar desde el inicio del procedimiento las solicitudes de asilo presentadas por quienes ingresaron el 30 de julio, una petición que, según él, no había recibido respuesta.
"Regresen a Marruecos. Ni regularización, ni asilo. Ese mensaje debe ser absolutamente claro", dijo, presentando la medida como necesaria para desactivar lo que, según él, era el uso de la presión migratoria como arma para desestabilizar Ceuta.
El gobierno local estima que al menos 9,000 migrantes permanecen en el enclave español.
La deportación es más fácil de pedir que de ejecutar
El presidente-alcalde de Ceuta se enfrenta a "una situación extremadamente compleja", explicó a The Epoch Times Nicolas Klein, hispanista y escritor francés.Pero este problema no recae únicamente sobre el gobierno de Sánchez, que a su vez está sujeto a una serie de normas europeas y españolas sobre deportación, como lo demuestra la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que dictaminó que el procedimiento español de rechazo sumario en frontera no se aplica a los migrantes interceptados en el mar, señaló Klein.
Por lo tanto, el Madrid tiene poco margen de maniobra y se encuentra en una posición delicada, añadió.
Marruecos contraataca
La presión ejercida por Ceuta se produce en un momento en que Rabat, Marruecos, ha pasado a la ofensiva.
En una entrevista concedida el 12 de agosto con la agencia de noticias española EFE, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, acusó a Madrid de debilitar los controles fronterizos de su país. Marruecos bloquea la salida de migrantes, tanto marroquíes como de otras nacionalidades, "pero cuando llegan a España son acogidos" y su situación se regulariza.
Según explicó, los migrantes interceptados ahora preguntan a los agentes marroquíes por qué los detienen si España los acepta, y advirtió que dos estados que comparten las mismas fronteras no pueden aplicar políticas contradictorias.
Ouahbi también indicó que su ministerio está sopesando la suspensión del tratado de extradición con España en caso de que no se produzcan entregas de personas buscadas, y exigió el rápido regreso de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta, invocando el próximo inicio del año escolar.
La oleada migratoria del 30 de julio, en la que decenas de miles de hombres, en su mayoría jóvenes marroquíes, entraron en el enclave por mar y tierra, se produjo tras las afirmaciones virales en las redes sociales de que la sentencia del Tribunal Supremo español del 8 de julio, que desaprobaba las devoluciones inmediatas de migrantes que llegaban por mar, combinada con la campaña de regularización de España, había abierto una vía para quedarse.
Ambos gobiernos han culpado a las redes de trata de personas de difundir esa interpretación errónea.
Es natural que Rabat exprese su preocupación cuando un país vecino lleva a cabo una regularización masiva, dados los considerables recursos que Marruecos dedica a la lucha contra la migración irregular, señaló El Yazid Mouhsine, cónsul honorario de Marruecos en Lausana, Suiza, a The Epoch Times.
Sin embargo, ambos países "son tan interdependientes que estos temas deberían abordarse mediante el diálogo, en lugar de mediante declaraciones públicas cruzadas", dijo Mouhsine. "Ni Marruecos ni España tienen interés en convertir un episodio migratorio, por grave que sea, en una crisis política duradera".
"La geografía nos hace vecinos; la sabiduría política debe convertir esa proximidad en una alianza", concluyó.
El 12 de agosto, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, dijo en rueda de prensa que, de los miles de personas que aún permanecen en la ciudad autónoma, "nadie se quedará en Ceuta, nadie irá a la península, a nadie se le concederá estatus legal", con la excepción de "aquellos casos excepcionales de extrema vulnerabilidad".
