Jordania ha bloqueado la aplicación de mensajería Telegram en todo el país, alegando motivos de seguridad nacional y ciberseguridad.
La Dirección de Seguridad Pública (PSD) dijo que la decisión, anunciada el lunes, tiene como objetivo detener la difusión de contenido que promueva el extremismo o amenace la seguridad pública. Indicó que las autoridades buscan evitar que las plataformas en línea se utilicen para cometer delitos cibernéticos, chantajes, amenazas y otras actividades ilegales.
Las autoridades jordanas no especificaron si se le habían dado advertencias previas a Telegram o si se le había solicitado eliminar contenido antes de que se impusiera el bloqueo a nivel nacional, ni indicaron por cuánto tiempo permanecería vigente la restricción.
The Epoch Times se comunicó con Telegram para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

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La PSD también instó a los ciudadanos a actuar con precaución al usar aplicaciones de redes sociales, evitar interactuar con cuentas, enlaces o entidades no autorizadas de origen desconocido, y denunciar el contenido ilegal a través de los canales oficiales.
Asimismo, hizo un llamado a los padres para que supervisen el uso que hacen sus hijos de las redes sociales y las aplicaciones digitales, los concienticen sobre los riesgos en línea y utilicen herramientas de control parental.
Ataque mortal contra una iglesia
El domingo, la Corte de Seguridad del Estado de Jordania condenó a muerte a tres hombres por el ataque del 23 de octubre contra la iglesia.La corte los declaró culpables de llevar a cabo actos terroristas, utilizar armas y municiones para cometer delitos terroristas, poseer armas con fines terroristas, conspirar para cometer actos terroristas y promover la ideología de un grupo terrorista.
Uno de los acusados también fue declarado culpable de financiar actos terroristas en virtud de la Ley n.º 20 de 2021 de Jordania contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La sentencia será revisada automáticamente por la Corte de Casación de Jordania.
Tras el ataque, el primer ministro jordano, Jafar Hassan, declaró tres días de luto nacional.
El 24 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Amán emitió una alerta de seguridad en la que indicaba que las autoridades jordanas habían reforzado la seguridad en centros comerciales, embajadas extranjeras y otros lugares públicos tras el ataque.
La embajada aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que esperaran una mayor presencia policial, evitaran manifestaciones y grandes concentraciones, se mantuvieran al tanto de los medios locales y siguieran las instrucciones de las autoridades jordanas mientras continuaban las investigaciones.
El entorno de seguridad se endureció aún más el 5 de noviembre después de que Jordania informara que un agente de seguridad pública había fallecido y otro había resultado herido en lo que las autoridades describieron como un ataque terrorista con arma blanca en Amán.
El cabo Jawad Ali Khalaf Salayta fue apuñalado mortalmente mientras se encontraba de servicio en la calle Madina Munawara, informó el PSD. Otro agente sufrió lesiones en el rostro mientras ayudaba a detener al sospechoso.
Escrutinio internacional
La medida de Jordania se suma a la creciente presión internacional sobre Telegram por su manejo de contenido extremista y terrorista.En Australia, el regulador de seguridad en línea del país inició en julio un proceso judicial ante una corte federal contra Telegram, alegando que la plataforma no eliminó material terrorista a pesar de las repetidas advertencias.
El Comisionado de Seguridad Digital de Australia alega que Telegram no detectó "material conocido de apoyo al terrorismo", incluyendo la transmisión en vivo del tiroteo en la mezquita de Christchurch en 2019 y el tiroteo masivo de 2022 en Búfalo, estado de Nueva York.
Telegram ha rechazado las acusaciones.
“Las amplias medidas antiterroristas de Telegram están bien documentadas. Rechazamos estas acusaciones y las impugnaremos ante las cortes”, dijo un portavoz de la empresa a The Epoch Times.
El caso sigue siendo tramitado por la Corte Federal de Australia.















