Estados Unidos pide a la Unión Europea a flexibilizar aún más sus normas medioambientales para las empresas, citando los compromisos que Bruselas adquirió con Washington durante las negociaciones comerciales del año pasado.
El embajador de Estados Unidos ante la UE, Andrew Puzder, dijo el viernes que el bloque debería respetar los compromisos alcanzados durante las conversaciones con el presidente Donald Trump en Turnberry, Escocia, en julio de 2025 para eliminar las barreras no arancelarias que afectan a las empresas estadounidenses.
"Ahora es el momento de que la UE cumpla", escribió Puzder en X.
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Un comunicado del gobierno estadounidense que acompañaba la publicación de Puzder reconocía que Bruselas había realizado "algunas reformas positivas", pero señalaba que esos cambios no habían logrado abordar por completo las preocupaciones de Washington.
"Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para hacer frente a las cargas injustificadas que pesan sobre el comercio estadounidense si no se encuentra una solución que responda a estas preocupaciones", señaló.
El conflicto se centra en dos pilares legislativos del llamado Pacto Verde Europeo: la Directiva sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD, por sus siglas en inglés) y la Directiva sobre la presentación de informes de sostenibilidad empresarial (CSRD, por sus siglas en inglés).
La CSDDD obliga a las grandes empresas que identifiquen y aborden los impactos adversos en materia de derechos humanos y medio ambiente vinculados a sus operaciones y relaciones comerciales.
Por su parte, la CSRD exige a las empresas sujetas a ella que divulguen información relacionada con la sostenibilidad sobre sus impactos ambientales y sociales.
Las reformas de la UE no satisfacen las expectativas de EE. UU.
En el marco del acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE anunciado el año pasado, Bruselas se comprometió a esforzarse para garantizar que las dos directivas "no impongan restricciones indebidas al comercio transatlántico".También acordó trabajar para atender las preocupaciones de Washington sobre la aplicación de los requisitos de la CSDDD a las empresas con sede en países que no pertenecen a la UE.
Desde entonces, Bruselas ha reducido el alcance de ambas directivas como parte de su campaña para simplificar los trámites burocráticos, que comenzó antes de las conversaciones de Turnberry.
Los cambios acordados por los legisladores de la UE en diciembre de 2025 y aprobados definitivamente por el Consejo en febrero restringieron la aplicación de la CSDDD a las empresas con más de 5000 empleados y una facturación neta anual superior a 1500 millones de euros.
Para las empresas no pertenecientes a la UE, la cobertura se activa si su facturación neta dentro de la UE supera los 1500 millones de euros.
También se redujo el alcance de la Directiva CSRD. Las normas revisadas se aplican cuando una empresa matriz no perteneciente a la UE genera más de 450 millones de euros de facturación anual en la UE y tiene una filial o sucursal local que cumple los requisitos y genera más de 200 millones de euros.
Los cambios redujeron el número de empresas sujetas a las normas de sostenibilidad en comparación con su alcance original. Sin embargo, no llegaron a eximir por completo a las empresas estadounidenses.
Washington sostiene que los requisitos restantes aún podrían tener un impacto profundo en las operaciones y las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses.
"El alcance extraterritorial de las directivas y las costosas y onerosas obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro afectarán negativamente la capacidad de las empresas estadounidenses para competir en igualdad de condiciones en el mercado de la UE", dijo Puzder en el comunicado del viernes.
La Asociación Nacional de Fabricantes, que representa a 14,000 empresas de numerosos sectores, argumenta que esas obligaciones podrían extenderse más allá de las grandes empresas directamente cubiertas por la ley y afectar a las empresas más pequeñas, de propiedad privada y no pertenecientes a la UE a lo largo de sus cadenas de suministro.
Bruselas se resiste
Sin embargo, la Comisión Europea dio a entender que es improbable que permita que las conversaciones de Turnberry dicten el marco regulatorio del bloque.Un portavoz de la Comisión dijo a The Epoch Times que Bruselas había realizado "esfuerzos considerables" para explicar sus normas y había recalcado su voluntad de colaborar con Estados Unidos para aumentar el comercio siempre que fuera posible.
"Hemos sido muy claros y coherentes en el sentido de que ni nuestro marco normativo ni nuestra autonomía regulatoria son negociables", dijo el portavoz en un comunicado.
Las normas de sostenibilidad forman parte de una disputa más amplia sobre las barreras no arancelarias tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea del año pasado.
En un artículo de opinión publicado la semana pasada, Puzder criticó el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono de la UE, calificando el impuesto al carbono como un "arancel con otro nombre" que eleva los costos para los exportadores estadounidenses.
Por otra parte, un informe de la Casa Blanca publicado esta semana identificó a la UE entre las más de 40 economías que, según el informe, estaban involucradas en una "red global de transbordo clandestina" utilizada para desviar mercancías vinculadas a China con el fin de evitar los aranceles estadounidenses.
Según el escenario central del informe, que prevé un transbordo ilegal de 75,000 millones de dólares anuales, la Casa Blanca estimó que esta práctica podría estar asociada a pérdidas anuales de ingresos federales de entre 19,000 y 26,000 mdd.
