Bélgica aprobó a primera hora del viernes una ley que permite a los agentes de policía entrar en los domicilios de los presuntos inmigrantes indocumentados que hayan ignorado las órdenes de abandonar el país.
Esta medida forma parte de la iniciativa de la coalición conservadora del primer ministro belga, Bart De Wever, para controlar la inmigración ilegal e impulsar las deportaciones de aquellos a quienes se les ha denegado el derecho a permanecer en el país.
Según la nueva ley, los registros se limitarán a los domicilios de las personas a las que se les haya denegado el asilo en Bélgica, que hayan ignorado las órdenes de abandonar el país y que se consideren una amenaza para el orden público o la seguridad.
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Los registros deben ser autorizados por un juez, y solo pueden realizarse entre las 5:00 y las 9:00 de la mañana y en presencia de funcionarios de inmigración belgas.
La ministra belga de Asilo y Migración, Anneleen Van Bossuyt, calificó la aprobación de la ley como "un avance histórico", tras haberla descrito anteriormente como "la pieza final de una política de retorno firme pero humana".
"Esto no es una caza de brujas contra personas que cuentan con protección internacional o que simplemente se encuentran en el país de forma ilegal", dijo, según la emisora nacional belga VRT.
"La ley establece condiciones claras, y el registro de una vivienda solo puede realizarse con la autorización de un juez de instrucción".
Añadió que, en cada caso, el juez debe decidir si alguien representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, describiendo ese aspecto de la ley como una "prueba crucial".
La norma ha suscitado críticas por parte de grupos de derechos humanos y partidos de la oposición en Bélgica, y Amnistía Internacional acusa a la legislación de estar destinada a "sembrar miedo y división".
"El proyecto de ley que se debate en el parlamento belga otorga a la policía amplios poderes para entrar en los domicilios de las personas con fines de control migratorio, entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, independientemente de si hay niños presentes", señaló Amnistía Internacional en un comunicado del 4 de noviembre, antes de la votación.
El grupo defensor de los derechos humanos considera que tales medidas supondrían "una grave intromisión en la vida privada y familiar de las personas" y que, además, no ofrecerían "vías efectivas para apelar o impugnar estas decisiones".
Amnistía Internacional también señaló que los criterios para clasificar a una persona como una "amenaza para el orden público o la seguridad" no estaban claramente definidos.
"Estos poderes desproporcionados son otra herramienta cruel y coercitiva para crear un entorno cada vez más hostil para los migrantes en Europa y para quienes muestran solidaridad con ellos", añadió Amnistía Internacional, que indicó que se habían organizado más de 50 protestas contra la ley en todo el país.
Van Bossuyt rechazó la objeción de que los criterios no estaban claramente definidos, dijo que los conceptos "aparecen en muchas partes de nuestra legislación" y que "en ninguna parte se proporciona una lista específica de lo que implican".
Según informó VRT, también señaló que el Consejo de Estado, que examina los proyectos de ley en Bélgica, le ha advertido explícitamente de que establecer definiciones para estos conceptos no es conveniente, ya que pueden evolucionar.
El gobierno de De Wever ha reiterado que quiere aplicar la política de inmigración "más estricta de la historia" de Bélgica.
Para poner en práctica esta política, Bruselas ha introducido períodos de espera más largos y condiciones más estrictas para la reagrupación familiar, así como una tasa más elevada para obtener la ciudadanía por naturalización.
También está tomando medidas para ampliar el período de espera antes de que los recién llegados puedan solicitar prestaciones y planea un nuevo examen de nacionalidad para aquellos que deseen naturalizarse como belgas.
