EASLEY, Carolina del Sur – En octubre, las autoridades de Carolina del Sur incautaron drogas y armas de fuego, desmantelaron una red de peleas de perros y acusaron formalmente a 25 personas por delitos que sostienen fueron orquestados desde una prisión estatal con teléfonos celulares de contrabando.
Los reclusos tienen prohibido tener celulares, pero miles de estos dispositivos logran entrar de contrabando a las prisiones. Las autoridades penitenciarias federales están autorizadas a usar tecnología de interferencia para bloquear el uso de los teléfonos introducidos ilegalmente a las instalaciones.
Sin embargo, la Ley de Comunicaciones de 1934 prohíbe a las fuerzas del orden estatales y locales emplear métodos similares.

No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Eso podría cambiar pronto, dijo el gobernador electo de Carolina del Sur. "Hay personas dentro de la cárcel que facilitan el tráfico de drogas", dijo el fiscal general Alan Wilson, ahora gobernador electo del estado, en una entrevista exclusiva con The Epoch Times antes de las elecciones.
"Están facilitando asesinatos entre pandillas y se están enriqueciendo y convirtiéndo en millonarios mientras están tras las rejas".
Wilson, junto con una coalición bipartidista de fiscales generales estatales, presionó a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que cambiara la redacción del reglamento y otorgara a los estados mayor margen de maniobra al tratar con los teléfonos celulares en las cárceles.
"Si pudiéramos bloquearlo como lo hacen los federales, convertiríamos esos teléfonos en ladrillos", dijo Wilson.
Están facilitando asesinatos entre bandas y se están enriqueciendo y convirtiéndose en millonarios mientras están tras las rejas.
Describió el cambio necesario como algo menor: "añadir dos o tres palabras" a la norma vigente. Una coalición de funcionarios estatales lleva al menos una década solicitando esta enmienda.
"Durante 10 años, hemos intentado convencerlos de que permitan que las prisiones estatales se encarguen de ello", dijo Wilson. "Pero existen poderosos grupos de presión en la industria de las telecomunicaciones".
El director del FBI, Kash Patel, llamó a Wilson durante la entrevista con The Epoch Times el 22 de octubre para hablar del asunto, lo que llevó al fiscal general a decir que algo podría ocurrir pronto.

La FCC no respondió a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.
Cambiar las reglas
El cambio de norma permitiría, pero no obligaría, el uso de tecnología de interferencia de señales. La FCC señaló la magnitud del problema, indicando que miles de teléfonos celulares de contrabando se utilizan en cárceles y prisiones de todo el país.Wilson elogió al fiscal general de Arkansas, Tim Griffin, por liderar la iniciativa para cambiar la ley.
En el comunicado, Griffin describió la votación como "un paso importante para dar a los centros penitenciarios la capacidad de interrumpir estas comunicaciones ilegales y mantener seguras a nuestras comunidades".
Carr señaló un aumento en el uso de teléfonos ilegales por parte de reclusos para producir material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.
"Aunque la FCC ha autorizado diversas soluciones en el pasado, nunca había permitido la interferencia de señales. Eso termina hoy", dijo Carr en un comunicado.
El senador Tom Cotton (R-Ark.) también busca codificar el cambio de normativa con su "Ley de Reforma para la Interferencia de Teléfonos Celulares".
Un estudio realizado en 2024 por el grupo de investigación sin fines de lucro Urban Institute reveló que se confiscaron más de 25,000 teléfonos celulares en 20 sistemas penitenciarios estatales en un año.
El estudio, que utilizó datos de 2020, reveló que algunos estados se veían más afectados por el problema: algunos reportaron menos de 20 teléfonos recuperados, mientras que otros reportaron más de 6000.
Si la comisión aprueba el cambio, se exigirán varias rondas de pruebas para garantizar que la interferencia esté controlada y no afecte al público. Según la propuesta, los protocolos de desconexión mitigarían los riesgos.
Operación "Los chicos de la bolsa de lona"
Cinco reclusos de Carolina del Sur figuran entre los 25 acusados que enfrentan 129 cargos como resultado de una investigación sobre crimen organizado denominada "Operación Duffle Bag Boyz".La investigación destapó una extensa red criminal dedicada al narcotráfico, peleas de perros y tráfico de armas. La oficina de Wilson anunció los arrestos el 21 de octubre.
Los investigadores confiscaron casi un kilo y medio de fentanilo y otros dos kilos que se cree que son el mortal opioide, cuyas pruebas aún continúan, además de 10,000 pastillas de fentanilo. También se confiscaron casi tres kilos de metanfetamina y más de medio kilo de cocaína.
Según Wilson, los narcóticos estaban adulterados con fentanilo, y señaló que dos miligramos y medio de fentanilo —equivalentes a unos pocos granos de sal— son suficientes para matar a una persona. "Esto es realmente importante", dijo. "Creo que se salvaron vidas porque esas pastillas no llegaron a la calle".

El director del Departamento Correccional de Carolina del Sur, Joel Anderson, dijo que los arrestos "destacan la urgente necesidad de que se permita a las prisiones estatales bloquear las señales ilegales de teléfonos celulares y evitar que los reclusos usen teléfonos de contrabando para cometer delitos".
También se desmanteló una red de peleas de perros y se recuperaron 47 canes. Durante la operación se incautaron más de 30 armas de fuego. Los acusados enfrentan diversos cargos que van desde tráfico de narcóticos y peleas de perros hasta posesión de armas de fuego. Varios se enfrentan a penas de hasta 40 años por un solo cargo de tráfico de armas.
Según Wilson, la actividad delictiva, coordinada con personas del exterior, fue "facilitada por miembros que seguían operando desde prisión".
El año pasado, el gran jurado de Carolina del Sur emitió un informe en el que solicitaba la intervención federal y ponía de relieve el problema del crimen organizado que opera desde las cárceles con celulares de contrabando.
Emboscados a través de un celular
En 2013, el teniente Osvaldo Albarati, oficial penitenciario federal, fue asesinado a tiros cuando regresaba a casa después de trabajar en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, Puerto Rico.En una carta enviada en agosto de 2026 al Fiscal General Todd Blanche, la viuda de Albarati solicitó la aprobación de un proyecto de ley bipartidista para detener el contrabando de teléfonos celulares.
"Mi marido había estado confiscando teléfonos ilegales porque los reclusos los usaban para dirigir bandas de narcotraficantes y empresas criminales desde la cárcel", dijo Helen Albarati.
"La orden de matarlo provino del interior de la propia Guaynabo, dada por un recluso que utilizó uno de esos teléfonos".
En otro caso de delincuencia organizada relacionada con teléfonos celulares, una red de metanfetaminas dirigida por reclusos del Departamento Correccional de Oklahoma resultó en 27 condenas el año pasado.
Diversas agencias policiales reportaron en los últimos años condenas por secuestros, asesinatos y estafas relacionados con pandillas, entre otros delitos facilitados por el uso ilegal de teléfonos celulares.
Wilson destacó el impacto que este problema de larga data tiene en la seguridad nacional y aplaudió el anuncio de la FCC.
"Estamos logrando avances importantes", dijo.
Gobernador electo
Wilson ganó la contienda por la gobernación de Carolina del Sur por más de cuatro puntos porcentuales sobre el demócrata Jermaine Johnson.Coronel y veterano de combate con 30 años de servicio en la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur, Wilson pronto será ascendido a general de brigada. Su objetivo es gobernar utilizando las habilidades adquiridas a lo largo de su carrera.
"He liderado soldados en condiciones hostiles", dijo, haciendo hincapié en su preparación para servir como comandante en jefe de la Guardia Nacional del estado.
Quiero desafiar el statu quo. ... No vamos a hacer las cosas solo porque siempre las hayamos hecho así.
Elegido fiscal general por primera vez en 2010, ha supervisado la recuperación de casi 2000 mdd en casos de fraude y corrupción, ha protegido la ley estatal de identificación de votantes y ha defendido las leyes de inmigración, entre otras prioridades.
Como gobernador, planea bajar los impuestos en el estado de Carolina del Sur, incluyendo un enfoque plurianual para reducir el impuesto sobre la renta para residentes y empresas, con el objetivo de atraer inversiones e impulsar la actividad económica.
"Hacernos más competitivos es algo que quiero lograr", dijo Wilson.
"Quiero desafiar el statu quo. … No vamos a seguir haciendo las cosas simplemente porque siempre se han hecho así. No aspiro a ser un gobernador de transición. Aspiro a ser un gobernador transformador".
Wilson, de 53 años, perdió a su padre, el ranger de infantería aerotransportada Michael Alan McCrory, cuando era un niño pequeño. McCrory, veterano de Vietnam, murió en 1975 cuando un helicóptero se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento.
En 1977, la madre de Wilson, Roxanne, se casó con el representante Joe Wilson (R-S.C.), congresista desde 2001, quien crió al niño como a un hijo propio. El gobernador electo atribuye parte de su éxito al amor de su padrastro.
"Cuando era pequeño, mi padre venía a escuchar mis oraciones", recordó Wilson. "Siempre me decía cosas como: ‘Alan, hay niños en este mundo que no tienen un padre que los ame. Tú fuiste tan afortunado porque Dios te permitió tener dos padres que te amaron con todo su corazón’".
Prometió liderar con compasión.
"Quiero ser el tipo de gobernador que pueda unir a la gente para lograr el mayor bien posible para la mayor cantidad de personas en nuestro estado".















