Los legisladores no volverán al Capitolio el 13 de febrero para ocuparse de asuntos legislativos, ya que el gobierno federal se enfrenta a la inminente perspectiva de un cierre parcial que afectará a la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Sin un acuerdo a la vista sobre la financiación de la agencia, los senadores abandonaron Washington tras emitir sus votos finales el 12 de febrero y no tienen previsto regresar hasta el 23 de febrero.
El líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.), dijo que no se está "cerca" de alcanzar un acuerdo, a pesar de las extensas negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el tema durante las últimas dos semanas.
Esto prepara el escenario para un cierre de al menos 10 días que afectará a varias filiales importantes del DHS, entre ellas la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras.
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A principios de este mes, el Congreso aprobó una ley que finaliza la financiación del 96 % del gobierno hasta el 30 de septiembre de este año. Como parte de ese paquete, la financiación del DHS se prorrogó hasta el 13 de febrero.
Tras la finalización de ese proyecto de ley, los legisladores se sumergieron inmediatamente en las negociaciones relacionadas con el proyecto de ley del DHS, ya que los demócratas exigían cambios radicales en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una filial del DHS, y otras agencias federales de control de la inmigración.
Sin embargo, el progreso de esas negociaciones ha sido lento, sin que se haya llegado a un acuerdo sobre la aplicación de las reformas exigidas por los demócratas como condición para su apoyo.
El 12 de febrero, el Senado rechazó un último intento de proporcionar financiación para todo el año a la agencia.
En una votación de 52 a 47, que no alcanzó el umbral requerido de 60 votos, todos los demócratas, excepto el senador John Fetterman (D-Pa.), votaron en contra de la medida. El senador Mitch McConnell (R-Ky.) no participó en la votación.
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), anunció en las redes sociales que los demócratas se opondrían a la medida.
"El proyecto de ley republicano que se está debatiendo permite al ICE derribar puertas sin órdenes judiciales, llevar máscaras y no ser identificado, utilizar a los niños como cebo para sus padres, sin supervisión", dijo Schumer en un vídeo publicado en X.
"Cumplimos nuestra palabra: no habrá financiación para el ICE hasta que se le ponga freno; no habrá financiación hasta que termine la violencia".
Los demócratas también rechazaron la propuesta de la senadora Katie Britt (R-Ala.) —que desempeño un papel destacado en las negociaciones— de prorrogar la financiación del DHS durante dos semanas más. El senador Chris Murphy (D-Conn.), otro de los negociadores, bloqueó la votación por consentimiento unánime.
La preocupación por las actividades de control de la inmigración en Minneapolis alcanzó su punto álgido después de que dos ciudadanos estadounidenses, los manifestantes Renée Good y Alex Pretti, murieran en confrontamientos con los agentes federales de inmigración en la ciudad.
Tras el tiroteo de Pretti, Schumer emitió un comunicado en el que prometía que los demócratas no votarían a favor de financiar el DHS hasta que se llevaran a cabo reformas en el control federal de la inmigración.
Aunque el ICE es el centro de la disputa sobre la financiación, es poco probable que sus actividades se vean afectadas de forma sustancial por el cierre.
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Esto se debe a que el año pasado los republicanos autorizaron una financiación de 75,000 millones de dólares durante cuatro años para la agencia, lo que significa que dispone de fondos para continuar sus operaciones independientemente de la financiación general del DHS.
Además, la mayoría de los agentes del ICE se consideran esenciales para la seguridad nacional, lo que significa que seguirán trabajando durante el cierre parcial.
En cambio, el cierre tendrá un mayor impacto en agencias como la TSA y la FEMA.
Durante el cierre, la TSA seguirá funcionando con personal esencial, como el personal de seguridad de los aeropuertos, que tiene la obligación de acudir al trabajo.
Sin embargo, los cierres gubernamentales suelen provocar un mayor absentismo entre el personal de la TSA, ya que los empleados esenciales no cobran durante el periodo de cierre. Esto puede dar lugar a colas más largas en los controles de seguridad y a tiempos de espera más largos en los aeropuertos.
La FEMA, que supervisa la respuesta de emergencia ante grandes catástrofes en Estados Unidos, también se verá afectada por el cierre. Aunque la agencia supervisa un fondo de contingencia de 7000 millones de dólares, los administradores comunicaron al Congreso que una catástrofe podría poner a prueba los límites de ese fondo si el cierre persiste.
