Un juez de California dictaminó que la administración de Trump infringió la ley al ordenar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que redujera su plantilla de 23,000 a 11,500 empleados para finales del año fiscal 2026.
La jueza federal de distrito Susan Illston falló el 11 de septiembre a favor de los sindicatos que entablaron una demanda por los recortes de personal previstos.
Tras los fallos del gobierno federal durante el huracán Katrina, el Congreso aprobó una ley que otorgaba a la FEMA el control sobre todas sus funciones, incluyendo su personal y su autoridad administrativa, según el fallo de la jueza. Aunque la FEMA depende del Departamento de Seguridad Nacional, la ley también prohibía expresamente al secretario de Seguridad Nacional reducir sustancialmente la autoridad, las responsabilidades, las funciones o la capacidad de la FEMA para llevar a cabo sus misiones de gestión de emergencias.
“El texto de la ley es claro”, escribió Illston.
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Un borrador de informe que se filtró en diciembre de 2025 mostraba una recomendación para crear una nueva "FEMA 2.0" al reducir la plantilla de la FEMA aproximadamente a la mitad y transferir más funciones de la FEMA a los estados y gobiernos locales, según indica el documento judicial.
El tribunal criticó el plan de dotación de personal de diciembre de 2025, que preveía una FEMA renovada con 11,383 empleados. Illston escribió que la cifra era "arbitraria y caprichosa" y "parece sacada de la nada".
La jueza también cuestionó el proceso mediante el cual Karen Evans, la administradora interina de la FEMA en ese momento, llegó a la reducción a 11,383 empleados.
"En otras palabras, en lugar de reflejar una toma de decisiones razonada para llegar a la cifra de 11,383 del plan de dotación de personal anual presentado al DHS, el expediente indica que Evans presentó primero la cifra de 11,383 y luego trabajó hacia atrás para averiguar cómo respaldarla", escribió.
El Departamento de Seguridad Nacional y la FEMA no respondieron a un correo electrónico en el que se les solicitaban comentarios.
La jueza no determinó de inmediato la medida correctiva. Los sindicatos han solicitado la reincorporación y el pago retroactivo de los salarios de los empleados despedidos, así como una orden judicial que impida la implementación del plan de dotación de personal.
Illston ordenó a las partes que negociaran una solución. Si no logran llegar a un acuerdo, deberán presentar una declaración conjunta en la que identifiquen las disputas pendientes a más tardar el 9 de octubre.
En enero, el presidente Donald Trump emitió una orden para crear un consejo que revisara a la FEMA, citando preocupaciones sobre sesgo político dentro de la agencia.
La orden establece que la gestión de la FEMA ante el huracán Helene y otros desastres recientes ha puesto de manifiesto la necesidad de "mejorar drásticamente" la "eficacia, las prioridades y la competencia" de la agencia, y de evaluar si la burocracia de la agencia obstaculiza su capacidad para responder de manera efectiva.
Además, la orden señala que existían "graves preocupaciones por sesgos políticos" dentro de la FEMA, y que se habían utilizado recursos para apoyar misiones que excedían el alcance de la agencia, incluidas actividades que apoyan a inmigrantes indocumentados.
Trump ha criticado la respuesta de la FEMA en Carolina del Norte tras las inundaciones causadas por el huracán Helene.
"La FEMA gastó decenas de millones de dólares en zonas demócratas, desobedeciendo órdenes, pero dejó a la gente de Carolina del Norte desamparada", publicó Trump en Truth Social.
Dijo en ese momento que la FEMA bajo la administración de Biden había sido lenta e ineficaz, y agregó que sería más eficaz que cada estado se encargara de las tormentas.
Con información de Aldgra Fredly.
