Un juez de Kansas bloqueó temporalmente una nueva ley que prohibía a los menores de edad del estado acceder a tratamientos químicos permanentes para la disforia de género.
Los padres de dos adolescentes que presentaron la petición ante la corte en el caso Loe contra Kansas obtuvieron una orden judicial provisional otorgada por el juez de distrito estatal Carl Folsom III del condado de Douglas este 15 de mayo.
La orden judicial impide la aplicación de tres disposiciones clave del Proyecto de Ley del Senado 63, que prohibía a los profesionales sanitarios recetar bloqueadores de la pubertad u hormonas del sexo opuesto (testosterona o estrógeno) a menores para el tratamiento de la disforia de género. Los procedimientos quirúrgicos relacionados con el género en menores siguen prohibidos en el estado como lo estipula la ley.
Folsom reconoció las quejas de las dos familias, quienes argumentaron que los adolescentes ya habían comenzado sus tratamientos antes de que se aprobara la ley en febrero de 2025 y que ahora deberían viajar hasta nueve horas fuera del estado para continuar el tratamiento, lo que imponía una carga mental y física significativa a los adolescentes y a sus familias en la forma de pubertad no deseada y deterioro de la salud mental.
Dijo que los demandantes demostraron una "probabilidad sustancial" de éxito en cuanto al fondo de al menos una de sus tres demandas: daño irreparable en violación de sus derechos parentales según la Sección 1 de la Declaración de Derechos de la Constitución de Kansas.
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Aunque el año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los estados pueden prohibir los tratamientos relacionados con el género para menores, la demanda argumenta que la ley de Kansas viola la constitución estatal.
El juez también señaló el daño concreto sufrido por los menores, basándose en el testimonio de cuatro expertos en pediatría y psiquiatría de la parte demandante. Dijo que los expertos del Estado carecían de la experiencia clínica pertinente en el tratamiento de menores con disforia de género mediante los tratamientos en cuestión y los acusó de seleccionar estudios de forma sesgada.
Folsom dijo que la falta de perjuicio para el demandado derivado de la orden judicial provisional y la ausencia de un impacto negativo en el interés público en forma de una posible limitación constitucional justifican la medida cautelar. Asimismo, indicó que la orden judicial se aplicaría a todas las impugnaciones similares en el estado.
El abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Harper Seldin, quien representa a los demandantes, dijo en un comunicado: "Esto supone un enorme alivio para nuestros clientes y familias en todo el estado de Kansas". El periódico The Epoch Times se puso en contacto con el fiscal general de Kansas, Kris Kobach, para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
«Este es un claro ejemplo de activismo judicial», declaró a los medios de comunicación. «El juez inventó un nuevo derecho constitucional de la nada. Aunque la Constitución de Kansas no lo menciona, el juez creó un nuevo derecho para que los padres obtengan tratamientos para sus hijos que de otro modo serían ilegales».
Kobach indicó que su oficina apelará la orden judicial.
Si se confirma la orden judicial de Folsom, esta duraría lo que dure el litigio.
Con información de Reuters
