La trama de la icónica película de 1979 "Y justicia para todos" gira en torno a un abogado penalista idealista, interpretado por Al Pacino, quien llega a la conclusión de que el sistema judicial estadounidense no puede cumplir su promesa de justicia. Él determina que los ricos y poderosos pueden manipular el sistema a su favor al contratar abogados costosos, entrenados en el arte de ayudarlos a eludir las consecuencias de sus actos.
Para muchos que creen que el sistema judicial está tan corrompido —ya sea estadounidense o canadiense— el celular se presenta como una herramienta para recabar pruebas que puede ayudar a equilibrar la balanza. Se puede utilizar para capturar pruebas de manera económica, a menudo de forma encubierta, para demostrar la verdad más adelante en la corte.
¿Cuáles son las normas que rigen el uso de archivos de audio o video grabados en secreto en Canadá? ¿Y cómo afecta a esas normas la aparición de los "deepfakes" generados por inteligencia artificial?
Una reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Ontario envió un mensaje claro a cualquier persona que enfrente un proceso penal: una grabación de audio secreta realizada por un ciudadano particular, sin la participación de la policía ni una orden de registro, puede utilizarse como prueba en su contra. La Carta de Derechos y Libertades no lo excluye si el Estado no estuvo involucrado y si la persona que realizó la grabación participó en la conversación grabada. El caso, citado como R. v. T. (L.), involucraba a una joven de 16 años que había terminado su relación con su novio de 18 años y que había grabado en privado sus confesiones de agresión sexual y estrangulamiento.
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Sin embargo, estas reglas se aplican en un proceso penal y no en un litigio civil. En un litigio civil, si bien una grabación realizada con un teléfono inteligente puede ser aceptada como prueba de la verdad, en ocasiones también puede ser mal vista como un arma de mala fe. El contexto es fundamental.
En los casos de derecho familiar de Ontario, los jueces ven con recelo las grabaciones secretas realizadas por los cónyuges. Preocupado por el uso cada vez mayor de grabaciones secretas en los litigios matrimoniales, el juez en el caso Van Ruyven vs. Van Ruyven, una sentencia de 2021, aplicó un precedente anterior para excluir dichas pruebas. La razón para excluir las pruebas fue evitar fomentar un ambiente familiar tóxico en el que cada discusión doméstica se grabe con el fin de obtener una ventaja estratégica futura. Solo en contadas ocasiones se admiten tales pruebas en una disputa de derecho familiar, como cuando revelan un abuso infantil grave.
Es tentador para los empleados que sufren a manos de un empleador injusto grabar en secreto al jefe o a un colega para fundamentar una demanda por despido injustificado o acoso. Que un tribunal canadiense acepte tales pruebas depende, una vez más, del contexto.
La Corte de Apelaciones de Columbia Británica confirmó la decisión de un juez de primera instancia de rechazar dichas pruebas, que se habían acumulado a lo largo de varios años, debido a que la actividad de grabación fue deshonesta y sería considerada por la mayoría de los empleadores como una conducta indebida que socava la relación de confianza entre el empleador y el empleado. Además, violó los derechos a la privacidad de las personas que fueron grabadas, así como de aquellas de quienes se hablaba en las grabaciones.
En resumen, la grabación privada de conversaciones en el lugar de trabajo podría, de hecho, constituir motivo de despido.
Pero no siempre.
En algunos casos, dichas grabaciones han sido aceptadas, particularmente cuando la reunión de despido se ha grabado en secreto o cuando la desigualdad de poder entre el empleador y el empleado es un factor significativo.
El contexto siempre es importante, y existe una distinción entre un historial prolongado de grabaciones encubiertas en el lugar de trabajo y la grabación de una reunión de manera excepcional.
Hay otra advertencia que debes tener en cuenta la próxima vez que te sientas tentado a presionar en secreto el botón de grabar de tu celular. Hace casi 15 años, la Corte de Apelaciones de Ontario dictó su fallo en el caso de Jones v. Tsige y estableció el delito civil de intrusión en la intimidad. Gracias a este precedente, ahora se te pueden imponer una indemnización por daños y perjuicios si tu grabación invade intencionalmente la privacidad de alguien sin justificación legal, y una persona razonable lo consideraría "muy ofensivo".
Si eso no es suficiente para que te lo pienses dos veces antes de grabar en secreto pruebas para una demanda legal que tal vez quieras presentar, el costo de utilizar esas pruebas aumentó debido a la proliferación de los deepfakes generados por inteligencia artificial.
Autenticar una grabación de audio solía ser fácil. Un testigo simplemente tenía que declarar que la grabación reflejaba con precisión la conversación que recordaba.
Los tiempos han cambiado. Según la ley de pruebas de Canadá, la parte que presenta una grabación tiene la carga de probar su autenticidad según el equilibrio de probabilidades. Debido a que la manipulación digital es tan accesible, los litigantes deshonestos ahora afirman falsamente que las grabaciones legítimas e incriminatorias en las que aparecen son en realidad "deepfakes generados por IA".
Las cortes canadienses han reconocido este problema y están lidiando con él; en ocasiones desestiman las defensas basadas en deepfakes por considerarlas "totalmente especulativas" cuando no existen anomalías estructurales en un archivo de audio, pero se muestran cada vez más cautelosos ante la posibilidad de engaño.
Sin embargo, para superar un desafío de deepfake en la actualidad, los litigantes civiles a veces pueden tener que recurrir a la verificación de metadatos para auditar las fechas de creación de los archivos, demostrar rastros digitales hasta una torre de celular y contar con el testimonio de ingenieros expertos en audio y video. Eso podría aumentar los costos del litigio y la duración de los juicios.
¿Justicia por teléfono inteligente para todos? Quizás no.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
