Los dos primeros exfuncionarios mexicanos bajo control de Estados Unidos por acusaciones de proteger al Cartel de Sinaloa dirigían la seguridad pública y las finanzas del gobierno de Sinaloa, dos áreas clave en una investigación que amenaza con convertirse en un nuevo foco de presión para México desde Washington.
Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, respectivamente, presuntamente se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, según reportes difundidos el viernes en medio de versiones sobre una posible cooperación con fiscales de EE. UU.
Ambos forman parte de un grupo de 10 funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalados por EE. UU. de presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas por supuestamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios.
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Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, encabezó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024 tras una trayectoria en áreas de inteligencia y operaciones militares. Renunció en medio de la crisis de violencia entre facciones del Cartel de Sinaloa, Los Chapitos y Los Mayos.
Según las acusaciones de EE. UU., Mérida habría recibido sobornos mensuales de Los Chapitos a cambio de alertar sobre operativos antidrogas y facilitar información sensible.
El general en retiro ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, donde quedó bajo custodia de agentes del Servicio de Alguaciles antes de ser trasladado a Nueva York, según autoridades mexicanas.
Versiones periodísticas señalan que Mérida compareció en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable e inició conversaciones para colaborar con fiscales estadounidenses como posible testigo cooperante.
Fotografía de archivo del 16 de septiembre de 2024, donde se observa al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, durante un acto protocolario en Culiacán, Sinaloa, México. (EFE/Iván Medina/ARCHIVO)De seguridad a finanzas
Mientras Mérida es señalado por presunta protección operativa e intercambio de información sensible, Díaz aparece ligado al componente financiero y político de la investigación, que incluye movimientos de recursos, colocación de funcionarios y posibles esquemas de protección alrededor de Los Chapitos.Díaz, contador y empresario, considerado uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya, dirigió la Secretaría de Administración y Finanzas (2021-2024) desde el inicio del mandato estatal, luego de haber liderado empresas del sector inmobiliario.
Dejó el cargo antes de la captura del narcotráficante Ismael 'El Mayo' Zambada, que desató la crisis de violencia en la región.
Su nombre aparece ligado en acusaciones estadounidenses a movimientos financieros y posibles esquemas de protección política alrededor de Los Chapitos.
Foto de archivo del exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. (Dominio Público/ CC0 1.0 Universal)Aunque no existe aún una confirmación oficial de México o Estados Unidos, reportes periodísticos señalaron que Díaz se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses desde Europa, donde se encontraba de vacaciones, en medio de versiones sobre posibles negociaciones de cooperación con fiscales del caso.
Las acciones ocurrieron horas después de una llamada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, centrada en seguridad y narcotráfico, en medio de crecientes presiones de Washington para endurecer la ofensiva contra el crimen organizado.
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Desde que se conocieron las acusaciones a finales de abril, Sheinbaum ha insistido en que no existen pruebas públicas contra los funcionarios señalados.
Las entregas de Mérida y Díaz comenzaron así a mover el caso más allá de presuntos esquemas de protección policial hacia el círculo financiero y político del gobierno estatal.
La atención ahora se centra en la posible información que ambos exfuncionarios puedan aportar a fiscales estadounidenses, que mantienen acusaciones abiertas contra el gobernador Rocha Moya, quien permanece en silencio desde que pidió licencia al cargo el 2 de mayo, y otros integrantes de su entorno.
