Existen "muchas pruebas que son contundentes" en la acusación presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos contra 10 políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según afirmó la académica e investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Virginia Petrova Georgieva.
El 29 de abril, el DOJ informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios y funcionarios mexicanos de alto rango por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y vínculos con la facción de "los Chapitos", del Cártel de Sinaloa.
Durante una entrevista con el programa "México Desde Adentro" de The Epoch Times Español, Petrova Georgieva explicó que tras revisar el documento judicial, aseguró que encontró elementos sólidos dentro de la acusación.
"Yo al leer la acusación que se hace por el gran jurado encuentro muchas pruebas que son contundentes y yo me imagino que la solicitud de extradición retomará esas mismas pruebas y a lo mejor algunas pruebas adicionales", dijo.
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Hasta este momento, el gobierno estadounidense no presentó todavía una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional con fines de extradición ante tribunales del distrito de Nueva York, explicó la académica. Petrova Georgieva cuestionó que las autoridades mexicanas anunciaran investigaciones sobre la culpabilidad de los señalados en esta fase procesal.
"Jurídicamente las autoridades mexicanas no tendrían que investigar en este momento sobre la culpabilidad de las personas inculpadas, únicamente tendrían que limitarse a contestar por qué no las quisieron detener", sostuvo.
Por su parte, el DOJ señaló que mantiene la acusación contra los 10 políticos mexicanos y que presentará "pruebas claras en el juicio", en respuesta a una consulta de The Epoch Times en Español sobre la postura del gobierno mexicano, sobre que no "existen pruebas" contra Rocha Moya y los otros 9 señalados.
"Damos la bienvenida a la cooperación de México en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico global", declaró el DOJ.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (izq.), saluda a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum (centro), junto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de un hospital público en Culiacán, Sinaloa, México, el 10 de agosto de 2024. (RASHIDE FRIAS/AFP vía Getty Images)Sobre el contenido de la acusación presentada por el gran jurado en Estados Unidos, la investigadora afirmó que el estándar probatorio en esta etapa inicial es distinto al requerido durante un juicio.
"Las pruebas que debe aportar el Departamento de Justicia son pruebas preliminares que deben establecer un indicio razonable de que las personas han cometido estos delitos", dijo.
La investigadora también indicó que, de acuerdo con el tratado bilateral entre ambos países, Estados Unidos solo debía identificar a los acusados, mencionar los delitos imputados y solicitar su detención en esta etapa inicial del proceso. Según explicó, si México hubiera autorizado las detenciones, Washington tendría hasta 60 días para presentar la solicitud formal de extradición acompañada de pruebas preliminares sobre la presunta responsabilidad penal de los acusados.
La académica también señaló que una eventual extradición no implica reconocer culpabilidad, sino permitir que los acusados enfrenten un juicio en tribunales estadounidenses.
"Decidir extraditarlo a Estados Unidos no significaría reconocer que sí son culpables o que no son culpables del delito, simplemente que existen indicios suficientes para someterlos ante un tribunal", explicó.
La especialista agregó que el tratado bilateral de extradición permite al gobierno mexicano solicitar pruebas adicionales antes de decidir si concede o no la entrega de los acusados.
También consideró que la decisión final sobre una eventual extradición tendrá un componente político, debido a que la última palabra corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, en última instancia, a la presidenta de México.
"El tribunal solamente aportará criterios jurídicos, expertise, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores es libre de no tomar en cuenta la opinión del tribunal", afirmó.
Petrova Georgieva sostuvo que el argumento de investigar a los acusados en México responde principalmente a una narrativa de defensa de la soberanía nacional en medio de la tensión bilateral entre ambos países.
"Sí se puede seguir investigando a los individuos en México, si se decide no extraditarlos a Estados Unidos, pero sí juzgarlos en México", explicó.
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Y sobre el caso especial del senador Enrique Inzunza que goza de inmunidad procesal, una medida en la legislación mexicana diseñada para proteger a ciertos servidores públicos de alto rango, la académica rechazó que el fuero constitucional pueda utilizarse como argumento para negar una extradición.
"No pienso que el tratado bilateral de extradición da base jurídica para decir 'no vamos a extraditar porque las personas o una de las personas por lo menos tiene fuero constitucional'", concluyó.
Hasta este momento, uno de los acusados, el exsecretario de seguridad ciudadana de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, cruzó a Estados Unidos donde fue detenido, según confirmó el gobierno de México este viernes. Medios mexicanos, por otro lado, reportan que el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz también señalado por el DOJ, se habría entregado a la justicia estadounidense.
The Epoch Times Español se comunicó con El Departamento de Justicia para obtener información sobre el caso de Díaz, pero no obtuvimos una respuesta al momento de esta publicación.
El caso judicial ha mantenido tensa la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ya que mientras la presidenta de México sostiene que no hay pruebas, funcionarios estadounidenses dicen que esta acusación contra políticos mexicanos "es solo el inicio de lo que está por venir en México".
Con información de Estela Hernández.
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