La ofensiva de Estados Unidos contra la cadena global del fentanilo no se limita a los vendedores chinos, los precursores químicos, los laboratorios clandestinos y las rutas de tráfico.
También alcanza a los mecanismos usados para lavar y repatriar las enormes ganancias del negocio criminal. En Sinaloa, México, ese flujo de dinero se tradujo en más poder armado, más control territorial y una violencia que golpea directamente a la población civil.
La acusación de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa es una pieza más de una ofensiva mucho más grande: la guerra de Donald Trump contra la cadena global del fentanilo.
Una cadena que empieza con químicos enviados desde China, pasa por laboratorios clandestinos en Sinaloa y termina convertida en una droga que mata a miles de personas en ambos lados de la frontera.
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La ruta del dinero: una banca clandestina china
Según el Departamento de Justicia, entre 2019 y 2023 las operaciones del Cártel de Sinaloa generaron enormes cantidades de efectivo en dólares adentro de Estados Unidos. Pero ese dinero tenía un problema: estaba en Estados Unidos y pertenecía a una organización criminal que operaba desde México. Para hacerlo regresar se incorporaron en la red las casas de cambio clandestinas chinas.Su papel era conectar por un lado, el dinero sucio del narcotráfico; por otro, a ciudadanos chinos con dinero en China que querían obtener dólares en Estados Unidos pero que estaban limitados por los controles de salida de capital impuestos por Beijing.
El mecanismo era simple. Una persona en China depositaba yuanes en una cuenta indicada por la red clandestina. Una vez confirmado ese depósito, otra persona recibía el equivalente en dólares en Estados Unidos. Esos dólares podían venir del efectivo del Cártel de Sinaloa. Así, el ciudadano chino conseguía dólares fuera del sistema bancario formal, mientras el cártel lograba colocar su dinero ilícito.
Después, los fondos movidos en China podían usarse para pagar bienes destinados a México u otros lugares: mercancías de consumo, productos comerciales o incluso insumos útiles para el negocio criminal, como precursores químicos para fabricar drogas sintéticas.
En otras palabras: la red no solo lavaba dinero. También cerraba el círculo del negocio. El fentanilo generaba dólares en Estados Unidos; esos dólares eran absorbidos por redes clandestinas chinas; y el valor equivalente podía terminar financiando compras necesarias para que el cártel siguiera operando.
El 18 de junio de 2024, fiscales federales de Estados Unidos acusaron a asociados del cártel de Sinaloa en Los Ángeles de conspirar con redes de banca clandestina china para lavar más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Entre ellos figuraba Edgar Joel Martínez-Reyes, señalado como intermediario entre el cártel y esas redes financieras clandestinas.
Un camión arde en las calles de Culiacán, Sinaloa, México, el 11 de septiembre de 2024. Elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Sinaloa en medio de una escalada de violencia que las autoridades atribuyeron a luchas internas del Cártel de Sinaloa tras la captura de su líder, Ismael “El Mayo” Zambada. (Ivan Medina/AFP vía Getty Images)Sinaloa bajo fuego
El 25 de julio de 2024, las autoridades estadounidenses informaron que Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, fueron arrestados en El Paso, Texas. La detención de ambos abrió una crisis interna: por un lado, la facción de Zambada; por otro, Los Chapitos.Poco más de un mes después, en Sinaloa, entonces bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya, los criminales desataron una ola de violencia. Un funcionario de seguridad de Sinaloa le dijo a la agencia de noticias Reuters que combatientes de Los Chapitos habían entrado en zonas controladas por Zambada para intimidarlos, aunque otros reportes atribuían ataques a los leales de Zambada.
Soldados del Ejército mexicano hacen guardia mientras aseguran una zona durante una operación militar en Culiacán, Sinaloa, México, el 19 de septiembre de 2024. Las fuerzas militares y la Guardia Nacional realizaron el operativo en el sector Jardines de Santa Fe mientras buscaban a “El Piyi”, un importante miembro del Cártel de Sinaloa cercano al grupo criminal conocido como Los Chapitos. (Ivan Medina/AFP vía Getty Images)La crisis golpeó de inmediato la vida cotidiana en Culiacán. Reuters describió a la ciudad capital de Sinaloa como prácticamente paralizada, con escuelas cerradas, transporte público limitado, negocios cerrados y familias refugiadas en sus casas mientras se multiplicaban los tiroteos.
Ante la crisis, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció la llegada de 100 nuevos elementos de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la adquisición de radios tierra-aire. Por su parte, el general Gerardo Mérida Sánchez, entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y quien fuera detenido posteriormente en Estados Unidos por su presunta protección a operaciones de Los Chapitos, hizo un recuento de las acciones oficiales.
En diciembre, después de tres meses a merced del crimen organizado, Culiacán vivía una crisis humanitaria que dejaba “más de mil muertos o desaparecidos”, según el diario The Guardian, en cifras no confirmadas. La noticia describía cuerpos abandonados, familias buscando desaparecidos y una ciudad intentando aparentar normalidad bajo el control de la violencia criminal. El gobierno había desplegado 11,000 militares en la ciudad.
Autos incendiados y destruidos durante un operativo para detener a Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la zona de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, México, el 7 de enero de 2023, donde Ovidio Guzmán fue detenido el 5 de enero. En el operativo murieron 10 soldados y 19 presuntos criminales, durante un intenso tiroteo que sembró el terror en un aeropuerto. Miles de soldados fueron enviados para retomar el control de Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa, que quedó como una zona de guerra después que hombres armados intentaran liberar a su jefe. Guzmán fue capturado y trasladado en avión a la Ciudad de México antes de ser enviado al penal de alta seguridad del Altiplano, del que “El Chapo” escapara una vez. (Juan Carlos Cruz/AFP vía Getty Images)En apenas un año desde el 9 de septiembre de 2024 se registraron 1709 homicidios dolosos en el estado, informó la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Reuters agregó que la violencia también había dejado más de 1500 desaparecidos.
En 2025 se registró la desaparición de 2171 personas en Sinaloa, según una columna publicada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del mismo estado, firmada por Óscar Loza Ochoa. De ellas, solo 692 habían sido localizadas: 176 con vida y 516 muertas.
"La desaparición forzada sigue su imparable curso, mientras un manto de impunidad protege a los responsables. Esto sucede en un entorno donde hay otros factores que apuntalan la crisis que ahora padecemos. Cada uno de esos elementos definen y le dan carácter a la situación difícil que desde el 9 de septiembre de 2024 se impone en todos los rincones de Sinaloa", escribió Loza Ochoa.
Manifestantes de “Culiacán Valiente” protestan en la capital de Sinaloa, México, el 29 de septiembre de 2024. Los manifestantes exigían paz tras tres semanas de violencia. Al frente estaban las madres buscadoras con fotografías de sus hijos desaparecidos. En la Fiscalía General del Estado se instaló un altar en honor a Juan Carlos, un joven que murió durante un enfrentamiento entre civiles armados, junto con fotografías de personas desaparecidas. (Ivan Medina/AFP vía Getty Images)Tras el estallido de la violencia en Sinaloa, el gobierno de México reforzó la presencia federal en el estado y reportó decomisos de droga, armas y explosivos. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de febrero de 2026 aseguraron más de 33 toneladas de droga, dos millones de pastillas de fentanilo, además de armas largas, cartuchos y artefactos explosivos, buscando contener la violencia y debilitar la capacidad operativa de las facciones criminales.
Washington eleva la ofensiva
La reacción de Washington elevó la ofensiva contra el narcotráfico al de la seguridad nacional. En enero de 2025, el presidente Donald Trump ordenó iniciar el proceso para designar a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados. Un mes después, el Cártel de Sinaloa fue incluido formalmente en esa categoría.Ese nuevo marco agravó el contexto de las acusaciones posteriores contra presuntos colaboradores de Los Chapitos, incluidos funcionarios del gobierno de Sinaloa. En junio de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó directamente a Los Chapitos como facción del Cártel de Sinaloa y los describió como un bloque poderoso vinculado a la producción y tráfico de fentanilo ilícito.
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos de participar en una presunta conspiración con Los Chapitos para importar narcóticos a Estados Unidos y usar armas de fuego.
El Cártel de Sinaloa "no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole, al anunciar la acusación.
Cole dijo que "los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país".
"Nadie está por encima de la ley", aseveró.
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La FGR, según la versión difundida por el gobierno de Sinaloa, sostuvo que la solicitud estadounidense no bastaba por sí sola para una detención en México, y que iniciaría una investigación paralela para recabar información propia. También señaló el tema de la confidencialidad y el debido proceso.
Después de la acusación estadounidense, Rocha Moya negó públicamente las acusaciones y pidió licencia temporal como gobernador mientras avanzaban las investigaciones de la FGR. El 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó su separación del cargo por más de 30 días. Posteriormente, la Secretaría de Hacienda de México confirmó la inmovilización preventiva de sus cuentas y las de los otros acusados.
La situación de estos otros no evolucionó de la misma manera. Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, se entregaron y quedaron bajo custodia en Estados Unidos, según declaraciones recogidas por medios. Esto separó su caso de los acusados que permanecían en México y reforzó el carácter binacional de una causa marcada por una droga fabricada con precursores chinos y letal a ambos lados de la frontera.
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En busca de un acuerdo con China
Para Estados Unidos, el tráfico masivo de fentanilo elevó la epidemia de sobredosis en Estados Unidos a una escala inédita. Lo que en los años ochenta ya preocupaba, con alrededor de 8000 muertes anuales, pasó a más de 70,000 fallecimientos en 2019 y siguió aumentando hasta rozar las 108,000 muertes en 2022, antes de comenzar a reducirse en 2024, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).
Una persona sostiene carrillos en su mano y boca tras la despenalización de todas las drogas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, en el centro de Portland, Oregón, el 25 de enero de 2024. (Patrick T. Fallon/AFP vía Getty Images)“¿Cómo detenemos esta expansión, cómo evitamos que crezca y devaste zonas enteras de nuestra nación?”, declaró a The Epoch Times Sara Carter, actual directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca y periodista de investigación especializada durante años en narcotráfico y seguridad fronteriza.
Para Carter, el problema no puede entenderse solo como una crisis interna de consumo de narcóticos ni como una operación exclusiva de los cárteles mexicanos. La cadena del fentanilo también implica a actores extranjeros que, directa o indirectamente, se benefician del debilitamiento social provocado por las drogas sintéticas.
“Estábamos apuntando a los puntos clave, pero nos perdíamos el panorama general. Estos son nuestros enemigos, ¿verdad? (…) ¿Cómo se benefician del desmoronamiento de nuestra nación, del consumo de drogas, las sobredosis y los envenenamientos?”, planteó Carter, al advertir que el fenómeno debe analizarse más allá de los cárteles y dentro de un escenario más amplio de adversarios extranjeros que explotan la crisis de las drogas sintéticas.
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China afirmó oficialmente que el 10 de noviembre de 2025 ajustó su catálogo de control de precursores químicos y adoptó medidas para regular la exportación de determinadas sustancias hacia Estados Unidos, Canadá y México. Entre el 10 y 12 de febrero el Grupo Bilateral de Inteligencia sobre Drogas se reunió en Colorado Springs, contando con la participación de agencias de ambos países, incluidos funcionarios de seguridad, fiscales, aduanas, control fronterizo, supervisión financiera y expertos técnicos.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro evaluó en marzo que el problema seguía abierto: el Cártel de Sinaloa y también el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continuaban produciendo fentanilo y metanfetamina mediante la importación de precursores químicos desde China y también desde India.
Según esa evaluación, China seguía siendo la principal fuente de sustancias usadas para fabricar fentanilo, mientras los cárteles parecían estar diversificando su abastecimiento desde proveedores situados en India.
“El cierre de esa ruta está obligando a los narcotraficantes a buscar alternativas, como ya estamos viendo”, dijo el director del FBI, Kash Pate en declaraciones a The Epoch Times.
