Tras la entrega voluntaria de dos de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por vínculos con el narcotráfico por EE. UU., la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los ocho restantes tienen ficha roja de la Interpol. Entre ellos se encuentran el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza.
“Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos [contra los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa]. Eso hace que se alerten fichas rojas, llamadas por parte de la Interpol. Entonces, eso es del gobierno de Estados Unidos", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa del 21 de mayo.
"Si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, agregó.
Tras ser cuestionada sobre el paradero de los funcionarios y exfuncionarios, la presidenta respondió que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre el caso y hasta ese momento “no hay nada legal” que obligue a su gobierno a vigilar a ninguno de los acusados.
La mandataria informó que el gobernador Rocha Moya sigue en el país, a su vez que afirmó que la Guardia Nacional lo continuaba resguardando.
Sin embargo, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch dijo en una conferencia de prensa el 20 de mayo que el gobernador Rocha Moya no cuenta con algún tipo de protección proveniente del gobierno federal, y que se encuentra bajo la protección de la policía estatal.
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El 29 de abril Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rocha Moya, junto con nueve funcionarios de alto rango de Sinaloa por delitos relacionados con el narcotráfico, así como por su presunta vinculación con el Cartel de Sinaloa.
El 15 de mayo, fuentes oficiales y periodísticas informaron sobre la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Ciudadana de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó los hechos y precisó que ambos exfuncionarios se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
De los ocho acusados restantes cuatro ejercían funciones al momento de la acusación, actualmente tres —el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamez Mendivil, y el vicefiscal general de Sinaloa Dámaso Castro Saavedra— han solicitado licencia a sus cargos. Solamente el senador Enrique Inzunza Cázares, permanece en funciones.
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A raíz de las detenciones, el senador Inzunza escribió a través de redes sociales el 17 de mayo que se encuentra en Sinaloa y que no ha tenido contacto con ninguna autoridad extranjera.
“Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad", agregó el senador, al tiempo que aseguró que, de ser requerido por las autoridades mexicanas, atendería la convocatoria "conforme a sus atribuciones constitucionales".
"Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento", agregó el funcionario con licencia.
Mientras que la FGR investiga este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el 18 de mayo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de forma preventiva las cuentas de los acusados por Estados Unidos, tras activarse alertas en el sistema financiero mexicano.
Con información de Eduardo Tzompa.
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