El Departamento de Justicia ha manifestado su intención de sumarse a una demanda presentada en Texas en la que se acusa a Planned Parenthood de fraude a Medicaid, según un escrito judicial del 6 de noviembre.
Dos abogados del Departamento de Justicia notificaron formalmente a una corte federal que representarían a Estados Unidos en la demanda por fraude a Medicaid contra Planned Parenthood, según un escrito judicial. El departamento, bajo la administración de Biden, se negó a sumarse al caso cuando se presentó por primera vez en 2021.
El Departamento de Justicia no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios.
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
Susan Baker Manning, vicepresidenta sénior de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de la Federación Americana de Planned Parenthood, dijo el sábado en un comunicado que lucharán contra esto en cada paso del camino, incluso en el juicio.
"La Administración Trump lleva dos años intentando acabar con Planned Parenthood mediante ataques legislativos, administrativos y judiciales", escribió. "Ahora van a utilizar al Departamento de Justicia para volver a intentarlo. Quieren intimidar a Planned Parenthood para que cierre".
Planned Parenthood señaló que se espera que el caso llegue a juicio en 2027.
La Federación Americana de Planned Parenthood y sus filiales dijeron que se reservan el derecho a oponerse a cualquier solicitud del Departamento de Justicia para incorporarse al caso, recabar pruebas adicionales y solicitar más tiempo. Texas y Alex Doe, el denunciante que presentó la demanda, argumentaron que las organizaciones de Planned Parenthood "no tienen derecho a una investigación adicional ni a prórrogas de los plazos".
La demanda, por valor de 1800 millones de dólares, alega que la organización nacional ayudó a tres filiales regionales a seguir presentando reclamaciones a Medicaid después que fueran excluidas del programa.
El conflicto se remonta a 2015, cuando las autoridades sanitarias de Texas y Luisiana notificaron a las filiales de Planned Parenthood su intención de excluirlas de sus programas de Medicaid. Planned Parenthood impugnó esas decisiones ante una corte federal y obtuvo resoluciones que les permitían seguir participando.
Doe presentó la demanda por fraude en febrero de 2021 en nombre de Estados Unidos, Texas y Luisiana. Texas decidió sumarse al caso en noviembre de ese año y presentó su propia demanda en enero de 2022. El estado alegó que Planned Parenthood había recibido unos 10 millones de dólares en reembolsos de Medicaid de Texas por servicios prestados entre febrero de 2017 y marzo de 2021 y que debió devolver el dinero. Texas reclamaba el triple de la cantidad que, según decía, se le adeudaba, además de sanciones civiles por cada día que la organización se demorara en el pago.
"Es inconcebible que Planned Parenthood siguiera aprovechándose de la financiación a sabiendas de que no tenía derecho a quedársela", declaró en 2022 el fiscal general de Texas, Ken Paxton. "No permitiré que se beneficien de esta conducta abominable después de que se les haya sorprendido infringiendo las normas médicas y mintiendo a las fuerzas del orden".
Las autoridades de Texas basaron su decisión de excluir a las filiales de Planned Parenthood de Medicaid en gran medida en un video grabado de forma encubierta en el que se veía al personal discutiendo la posible venta de hígado, timo y tejido neural de bebés abortados durante el segundo trimestre. La agencia estatal dijo que las imágenes demostraban que las filiales no habían respetado las normas médicas y éticas aceptadas.
Planned Parenthood interpuso un recurso de apelación antes de que la corte de primera instancia hubiera dictado una resolución definitiva. Alegó que su defensa basada en la inmunidad de los abogados le daba derecho a una apelación inmediata. El Quinto Circuito dictaminó que el caso no reunía los requisitos para esa excepción.
Planned Parenthood alegó en 2023 que la demanda presentada por el demandante anónimo se interpuso en Amarillo para que pudiera ser vista por el juez Matthew Kacsmaryk, un juez federal nombrado por Trump que dictaminó en 2023 la suspensión de la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al fármaco abortivo mifepristona.
Planned Parenthood señaló que su centro de salud afiliado más cercano se encontraba a más de 100 millas de Amarillo. Asimismo, dijo que ninguna de las solicitudes de reembolso de Medicaid en cuestión se había presentado desde Amarillo.
