La Corte Suprema dictaminó el 27 de junio que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) no había violado la Constitución en su gestión de un fondo destinado a proporcionar servicios de telecomunicaciones universales a los estadounidenses.
La decisión, tomada por 6 votos contra 3, estableció que el plan de la FCC para financiar el servicio universal no violaba la doctrina de la no delegación, que prohíbe en general al Congreso permitir que otras entidades asuman sus responsabilidades legislativas.
La jueza Elena Kagan redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumaron el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los jueces Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
En la opinión disidente se encontraba el juez Neil Gorsuch, quien redactó un dictamen al que se sumaron los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas.
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La administración Biden le había pedido la Corte Suprema que interviniera tras perder en la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos. Allí, un panel de jueces sostuvo que la FCC no podía delegar su poder al fondo, que está gestionado por una empresa privada. También afirmó que el Congreso podría haber «delegado de forma inadmisible su poder tributario a entidades privadas».
La administración Biden no estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal de apelación y comunicó a la Corte Suprema en septiembre que el Congreso había establecido directrices exhaustivas para que la FCC implementara el fondo. Dado que el Congreso había esbozado aspectos como quiénes se benefician de los fondos, otorgó cierta autoridad a la FCC, pero no delegó su poder de forma inconstitucional, según la administración.
Cuando se debatió el caso en marzo, la administración Trump estaba a favor de la FCC. La fiscal general en funciones, Sarah Harris, señaló de manera similar las instrucciones que el Congreso había dado a la FCC. La ley del Congreso sobre el servicio universal «no era una delegación descontrolada», afirmó Harris.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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