El 7 de agosto, un panel de una corte de apelaciones de EE. UU. bloqueó el proyecto del presidente Donald Trump de construir el salón de baile de la Casa Blanca en el lugar donde se encontraba el ala este, ya demolida.
Un panel de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia señaló que el Congreso es la entidad encargada de asignar los fondos para el mantenimiento de la Casa Blanca o sus mejoras. A modo de ejemplo, el panel señaló que el Congreso "autorizó la reparación y reconstrucción de la Casa Blanca después de que los británicos intentaran incendiarla durante la Guerra de 1812".
"No tenemos conocimiento de ningún caso en la historia de Estados Unidos en el que un presidente, de manera unilateral y utilizando fondos recaudados de forma privada, haya demolido partes sustanciales de la Casa Blanca cuya construcción fue autorizada por el Congreso y financiada por los contribuyentes estadounidenses. Hasta ahora", escribió la mayoría.
El panel también señaló que "la decisión de si se debe construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso y no es un asunto que el Poder Ejecutivo pueda resolver por su cuenta", y agregó que el Congreso tampoco ha "cedido autoridad ilimitada al Poder Ejecutivo para rediseñar, remodelar y reconstruir drásticamente la Casa Blanca —la Casa del Pueblo— a fin de adaptarla a los deseos de un presidente en particular".
El National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación histórica de Estados Unidos, presentó una demanda contra el proyecto de construcción de la administración de Trump.
Anteriormente, una corte de distrito de Estados Unidos había bloqueado la construcción en superficie del salón de baile de la Casa Blanca, mientras que dichas cortes eximieron la construcción subterránea y permitieron la construcción de refugios antiaéreos, búnkeres e infraestructura militar.
La jueza federal de circuito Neomi Rao fue la única que disintió de la decisión; en su opinión disidente, señaló que el grupo de preservación no tenía derecho a demandar al gobierno y afirmó que la construcción del salón de baile probablemente recae dentro de la autoridad del presidente Donald Trump.
“La corte de distrito asumió la supervisión de la construcción en la Casa Blanca, y mis colegas respaldan esta extralimitación judicial”, escribió Rao en su opinión disidente. “Dado que la orden judicial excede la competencia propia de las cortes federales, se debe permitir que la construcción continúe.”
Trump a menudo defiende su salón de baile y su costo; en marzo, en una publicación en redes sociales, afirmó que “el salón de baile, que está por debajo del presupuesto, adelantado respecto al cronograma y se está construyendo sin costo alguno para el contribuyente… será el mejor edificio de su tipo en todo el mundo”.
En mayo, el presidente defendió un aumento en el costo del proyecto de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, señalando que “la única razón por la que el costo ha cambiado es porque, tras estudios exhaustivos, el salón tiene aproximadamente el doble de tamaño y una calidad mucho mayor que la propuesta original, la cual no habría sido adecuada para albergar los eventos, reuniones e incluso futuras tomas de posesión necesarios”.
El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación junto a carteles que muestran el salón de baile que propone para la Casa Blanca, en medio de las obras de construcción en la Casa Blanca, en Washington, el 19 de mayo de 2026. (Chip Somodevilla/Getty Images).
"El precio original era de 200 millones de dólares; el proyecto terminado, que tendrá el doble de tamaño y será de la más alta calidad, costará algo menos de 400 millones de dólares. ¡Será magnífico, seguro y protegido!", agregó el presidente.
Al presentar su demanda contra la construcción del salón de baile, el Fondo Nacional para la Preservación Histórica señaló en un comunicado de diciembre que las obras se habían iniciado a pesar de que no se habían presentado los planos ante la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, no se había realizado una evaluación de impacto ambiental y el Congreso no había autorizado su construcción.
Con información de Reuters.
