Un tribunal federal de apelaciones dividido permitió el 11 de abril que la construcción continúe de forma temporal en el planeado salón de baile de la Casa Blanca. Esto ocurrió después de que un juez ordenó previamente detener las obras del proyecto.
El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia votó 2–1 para permitir que la construcción continúe al menos hasta el 17 de abril. El tribunal dijo que la extensión dará tiempo a la administración Trump para apelar su nueva orden ante la Corte Suprema de EE. UU. si así lo decide.
La construcción del proyecto comenzó en septiembre de 2025. El proyecto incluye la demolición de parte de la mansión ejecutiva y la construcción de un salón de baile de 90,000 pies cuadrados. El presidente Donald Trump dijo que el proyecto era necesario porque el Ala Este era demasiado pequeña y estaba en malas condiciones.
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Se espera que el proyecto cueste alrededor de 400 millones de dólares. Se espera que todo el financiamiento provenga de donantes privados, incluido Trump. La administración Trump publicó una lista de donantes privados en octubre de 2025. Se espera que el proyecto termine en 2028.
El proyecto también incluye instalaciones relacionadas con la seguridad nacional. Estas instalaciones están principalmente bajo tierra. Incluyen áreas para operaciones de emergencia presidenciales.
El 31 de marzo, el juez de distrito de EE. UU. Richard Leon emitió una orden judicial preliminar para detener la construcción mientras el caso avanza. Leon suspendió la orden por 14 días. Esto dio al gobierno federal la oportunidad de apelar.
El National Trust for Historic Preservation en Estados Unidos argumentó que el presidente no tenía autoridad para avanzar con el proyecto bajo las leyes actuales. También afirmó que una orden judicial preliminar era necesaria para evitar un daño irreparable.
Leon dijo en su fallo del 31 de marzo que el National Trust "probablemente tendrá éxito en el fondo del caso porque ninguna ley se acerca a otorgar al Presidente la autoridad que afirma tener".
El presidente de Estados Unidos "es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. Sin embargo, no es el propietario", agregó el juez.
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Preocupaciones de seguridad nacional
La administración Trump apeló el fallo ante el Circuito de D.C. el 3 de abril. Citó preocupaciones de seguridad nacional.El Servicio de Parques Nacionales argumentó que detener la construcción expone un sitio con características de seguridad altamente sensibles.
Más allá de construir una instalación ampliada para recibir invitados, el Servicio de Parques Nacionales dijo en un documento judicial que la construcción en curso incluye la instalación de nuevas medidas de protección. Estas medidas buscan resistir ataques con rifles de alto poder, drones, misiles y otras "tecnologías y amenazas emergentes de seguridad nacional" no especificadas.
El 11 de abril, la mayoría del Circuito de D.C. extendió la suspensión de 14 días que Leon emitió el 31 de marzo hasta el 17 de abril.
El tribunal de apelaciones dijo que los argumentos del National Trust sobre "daño irreparable, y su relación con la exclusión del tribunal de distrito de medidas necesarias de seguridad en su orden, plantean cuestiones fácticas no resueltas, así como una disputa legal sobre el alcance de la excepción".
"Todavía no está claro si y en qué medida el desarrollo de ciertos aspectos del salón de baile propuesto es necesario para garantizar la seguridad de las mejoras de seguridad nacional subterráneas o para garantizar la seguridad de la Casa Blanca y sus ocupantes mientras avanza la apelación", dijo el tribunal.
El tribunal de apelaciones devolvió el caso al tribunal de distrito. Le ordenó abordar "con prontitud" una moción pendiente del National Trust "para aclarar cómo la orden judicial y su excepción garantizarán la seguridad durante el litigio".
El tribunal de apelaciones dijo que extiende la suspensión de la orden judicial hasta el 17 de abril para dar al gobierno federal la oportunidad, si así lo decide, "de solicitar la revisión de la Corte Suprema sobre esta orden de remisión para desarrollo fáctico y aclaración".
En su disentimiento, la jueza de circuito Neomi Rao dijo que el tribunal de distrito bloqueó la construcción "basado en el supuesto daño estético de una persona que reside en Washington, D.C.".
En derecho, el daño estético ocurre cuando una alteración desagradable de una propiedad reduce su valor o el grado en que las personas la disfrutan.
Rao dijo que en lugar de extender la suspensión del propio tribunal de distrito sobre su orden, ella habría suspendido la orden judicial.
El gobierno federal mostró una "alta probabilidad de éxito en el fondo del caso". Dijo que el National Trust no tiene legitimación para demandar. También dijo que el proyecto está autorizado por la Sección 105(d)(1) del Título 3 del Código de EE. UU., que permite al presidente realizar mejoras en la Casa Blanca, afirmó la jueza.
La legitimación se refiere al derecho de una persona a demandar en un tribunal. Las partes deben mostrar una conexión suficientemente fuerte con la controversia para justificar su participación en una demanda.
Las vulnerabilidades de seguridad identificadas por el gobierno son "claramente un interés más importante que los daños estéticos generalizados identificados por un solo miembro del Trust", dijo Rao.
"Debido a que la decisión de mis colegas de devolver el caso para más análisis fáctico niega en la práctica al gobierno la suspensión a la que tiene derecho, disiento respetuosamente", agregó.
La presidenta y directora ejecutiva del National Trust, Carol Quillen, reaccionó al nuevo fallo.
"Agradecemos que el tribunal de apelaciones actúe con rapidez y esperamos una mayor aclaración del tribunal de distrito", dijo Quillen a The Epoch Times.
"El National Trust mantiene su compromiso de honrar la importancia histórica de la Casa Blanca. Defiende nuestro papel colectivo como custodios. También demuestra que una consulta amplia, incluida la del pueblo estadounidense, produce un mejor resultado general".
El National Trust es una corporación privada, benéfica y educativa sin fines de lucro. El Congreso la estableció en 1949.
The Epoch Times solicitó comentarios a la Casa Blanca. No recibió respuesta al momento de la publicación.
Con información de Ryan Morgan.
