California y otros seis estados presentaron una demanda contra la administración Trump el miércoles, después de que esta decidiera recortar los fondos federales para programas relacionados con la inmigración, la raza y la ideología de género.
La Casa Blanca dijo que estos programas no responden al interés nacional.
Los estados acusan a la administración de retener fondos federales aprobados por el Congreso, incluidos unos 810 mdd que la Casa Blanca decidió cancelar antes de que terminara el año fiscal.
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La financiación "no beneficia a los estadounidenses"
"El presidente Trump está comprometido a utilizar todas las herramientas posibles para recortar el gasto público superfluo y perjudicial que no beneficia a los ciudadanos estadounidenses", dijo la Casa Blanca en un comunicado del 25 de septiembre anunciando las medidas.El año pasado, Trump utilizó lo que la Casa Blanca describió como "autoridades presidenciales largamente descuidadas que le fueron otorgadas en virtud de la Ley de Control de Retención de Fondos" para llevar a cabo la primera revocación discrecional de fondos en casi 50 años.
El presidente Jimmy Carter utilizó esa táctica en 1977.
"ONG de fronteras abiertas"
Unos 567 millones de dólares de los fondos retirados se destinaron previamente a organizaciones no gubernamentales (ONG) y a lo que la Casa Blanca denominó "programas a favor de la inmigración ilegal" que prestaban servicios a refugiados, personas a las que se les había concedido asilo y otros no ciudadanos.El comunicado señalaba que algunos de estos programas "ponen en peligro a los menores no acompañados".
De estos 567 millones de dólares, unos 2.1 millones fueron a parar a Lutheran Immigration and Refugee Service Inc (que opera bajo el nombre de Global Refuge), que la Casa Blanca describió como "una ONG de fronteras abiertas" dirigida por el exdirector de políticas de Michelle Obama, Krish O'Mara Vignarajah.
El comunicado dice que el presupuesto de la organización "se cuadruplicó con creces durante la administración Biden, casi en su totalidad gracias a subvenciones gubernamentales".
El presidente Donald Trump habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Alex Brandon/AP).La administración tiene previsto recortar 40 mdd en fondos destinados a Southwest Key Programs, que se enfrentó a una demanda civil del Departamento de Justicia que alegaba que, a través de sus empleados, había sometido a menores migrantes no acompañados bajo su custodia a acoso y abuso sexual.
La demanda interpuesta por los siete estados genera un nuevo enfrentamiento legal sobre los límites del poder de gasto del presidente. La táctica de la "rescisión de gastos de bolsillo" ha suscitado críticas tanto de los demócratas como de algunos republicanos.
Los estados argumentan que los esfuerzos de la administración para retener fondos federales socavan el poder exclusivo del Congreso para controlar el gasto federal.
"Desprecio flagrante"
"Sigo estando consternado por el flagrante desprecio del presidente Trump por el marco constitucional básico de nuestro gobierno. El hecho de que al presidente no le guste un programa no significa que pueda retirarle la financiación", dijo Bonta en un comunicado.La semana pasada, la Casa Blanca intentó retener unilateralmente los fondos mediante una rescisión encubierta , enviando al Congreso una solicitud para cancelar los fondos tan cerca del final del año fiscal que expiran antes de que los legisladores puedan actuar.
En agosto de 2025, Trump utilizó la misma maniobra para cancelar 4900 mdd en fondos asignados para gastos de ayuda exterior.
Si bien la Constitución otorga al Congreso el control del presupuesto público, la Casa Blanca dijo en un comunicado la semana pasada que los programas se estaban utilizando para apoyar la inmigración ilegal, avivar las tensiones raciales y promover el alarmismo climático, incluso a través de financiación internacional.
Según la Casa Blanca, uno de los programas eliminados, una iniciativa de relaciones comunitarias de 15 mdd financiada a través del Departamento de Justicia, promovía "la teoría crítica de la raza radical y la ideología de género".
Según el comunicado, se recortarán otros 70 mdd de lo que la administración denominó "Educación Internacional Progresista", en referencia a diversas iniciativas que "apoyan proyectos derrochadores y divisorios, incluidas tesis doctorales sobre la construcción de comunidades queer y trans en países extranjeros".
California, junto con Maine, Maryland, Michigan, Nevada, Nuevo México y Oregón, presentaron la demanda.
Los siete estados tienen fiscales generales demócratas. Cinco de los siete votaron por la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, mientras que Nevada y Michigan votaron por Trump.
