Opinión
Una pregunta válida en la actual circunstancia política de nuestro país, es si la relación de México con Estados Unidos está definiendo quién manda realmente en nuestro país.
El intento de Rubén Rocha Moya de retornar como gobernador de Sinaloa, fue un fracaso rotundo al no ser algo acordado con la presidente Claudia Sheinbaum, quien impuso su poder presidencial al obligar a Rocha a pedir licencia indefinida tan solo 24 horas después de su acto unilateral.
Se sabe de la estrecha relación del gobernador Rocha con López Obrador. Por eso se ha especulado que su intento del antiguo militante del Partido Comunista Mexicano convertido en un fiel obradorista, fue aprobado por el expresidente que vive en su rancho de Palenque resguardado por un batallón del Ejército mexicano.
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La inesperada acción de Rocha desafiaba no solo al poder presidencial que formalmente ostenta Claudia Sheinbaum, sino constituía una provocación al gobierno de Estados Unidos, pues un Tribunal de Distrito de este país reclama formalmente su extradición, así como de otros miembros de su gabinete y grupo señalados de ser sus cómplices en graves delitos como la protección al contrabando de droga hacia Estados Unidos.
Si bien el limbo de la protección que le ha dado a Rocha el actual gobierno morenista ya representa una tensión suficientemente fuerte en las relaciones bilaterales, el regresar al gobierno de Sinaloa por parte de Rocha constituía una auténtica provocación.
Era inevitable entonces se impusiera el poder presidencial. Esta cuestión que pareciera estar resuelta en un régimen presidencialista como el mexicano, en realidad es actualmente un tema incierto y algo todavía no dilucidado con claridad en el presente sexenio.
La idea de que Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo un poder por encima de la presidente formal, está muy difundida y hechos como la campaña de la misma Presidente en favor de Andy, el hijo de López Obrador, por la visa estadounidense retirada, avalan inevitablemente esta percepción.
El régimen presidencialista no admite realmente la diarquía, es decir, la convivencia subordinada de una presidente formal y un presidente que ejerce una reelección de facto y, por tanto, determina decisiones fundamentales que ya no le corresponden.
Una percepción generalizada de muchos, especialmente de analistas y observadores políticos, es que López Obrador sigue siendo hasta ahora el fiel de la balanza en la política interna, que extiende un manto de impunidad más allá de su sexenio y que la Presidente pareciera padecer una especie de Síndrome de Estocolmo y, por ello, mantiene en contra de su propio interés una subordinación semejante a la cautividad aceptada en algunos secuestros.
En el pasado la continuidad priista se mantuvo gracias a un equilibrio donde era obligada la ruptura tácita en la sucesión presidencial entre el mandatario entrante y el saliente y, si era algo necesario, esta ruptura podía ser proclamada abiertamente.
El nuevo presidente podía incluso ajustar cuentas con funcionarios importantes del pasado como un signo de independencia y autonomía. No había una confrontación directa, pero sí una ruptura patente que le daba fuerza al nuevo presidente y a su propio grupo en el marco del dominio priista que así se mantuvo funcionando durante décadas.
El esquema de subordinación transexenal bajo el morenismo lo sostiene la propia presidente en su discurso político, en el culto a la personalidad del ex presidente al que sigue llamando "presidente", en el mantenimiento de todas sus políticas al margen de su eficiencia, en el cobijo a los suyos hasta establecer la impunidad generalizada y en la búsqueda de la complacencia por parte del que supuestamente ya se fue.
Por eso el hecho de que la Presidente haya intervenido de manera patente y rápida en la renuncia inmediata de Rubén Rocha Moya a su pretendido regreso como Gobernador de Sinaloa y que ahora haya pedido licencia indefinida, debe celebrarse como una acción que fortalece al Ejecutivo Federal.
En un régimen presidencialista una presidente débil y una diarquía en el poder, no constituyen una buena noticia. De hecho es un retroceso histórico que, junto con la destrucción institucional que ha representado el morenismo en el poder, termina por acabar con los restos de nuestra República, el único contrapunto para evitar una dictadura de facto.
Los equilibrios se rompen, el pacto de impunidad se vuelve desmedido y finalmente al Estado lo defenestra un caudillismo que en México ya se había mandado al basurero de la historia desde que Plutarco Elías Calles fue enviado a un obligado exilio.
Pero ¿qué iluminó esta vez a Claudia Sheinbaum para imponer una legítima voluntad presidencial? Todo indica que si el manto protector a las anomalías, excesos y delitos cometidos en el pasado sexenio, se extendía también a una verdadera burla hacia el gobierno de Estados Unidos, se estaría abriendo la posibilidad de una crisis en la relación bilateral.
Al parecer la decisión y la sensatez se unieron a este temor decisivo y por eso se impuso la renuncia del desbocado obradorista Rubén Rocha Moya y el rechazo a una decisión evidentemente respaldada desde Palenque.
¿Esto significa que se abre ya la puerta para la extradición a Estados Unidos de Rubén Rocha Moya y el resto de lo que Estados Unidos considera una pandilla criminal? No parece que la autonomía presidencial demostrada ahora signifique la posibilidad de una respuesta positiva a esta interrogante.
No debe olvidarse que derivado de ello vendría la implicación judicial del propio López Obrador, quien auspició desde las elecciones a gobernador la complicidad de Rubén Rocha Moya con fuerzas del Cártel de Sinaloa, lo cual quedó evidenciado y es una prueba contundente en su contra, la cual se une a otras que ya están en manos de un tribunal estadounidense, para el juicio que va a desarrollarse tarde o temprano.
Sin embargo, la presión estadounidense se va a convertir también, desde mi punto de vista, en un factor decisivo para la gobernabilidad mexicana. No en el sentido de un intervencionismo inaceptable, sino como un elemento que detona la responsabilidad propia de quien ejerce la responsabilidad institucional como corresponde a la Jefe del Ejecutivo.
Es una paradoja que un beneficio para la Presidente y nuestra República venga de forma externa, pero es consecuencia de la fuerza que representa la relación bilateral con Estados Unidos. Se debe estar atentos a la posibilidad de que la Presidente sea verdaderamente Presidente. Quizás es una ilusión, pero es más ilusoria la idea de que México retroceda al caudillismo ya superado por nuestra Historia.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
