El 18 de agosto, una corte puso fin de hecho al estatus de protección temporal (TPS) para la última de las 13 nacionalidades a las que se dirigió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
En total, más de un millón de ciudadanos extranjeros que residen en Estados Unidos y que contaban con dicha protección contra la deportación se enfrentan ahora a la expulsión.
Los 13 países son Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Birmania (también conocida como Myanmar), Somalia y Etiopía.
En junio, la corte Suprema autorizó a Trump, poner fin al estatus de los sirios y los haitianos y lo hizo con un razonamiento que también se aplicaba a casos relacionados con otras nacionalidades. Algunas cortes inferiores se opusieron inicialmente a las revocaciones de Trump, pero el 18 de agosto se habían levantado todos esos bloqueos judiciales.
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¿Se avecinan deportaciones masivas?
El DHS y los expertos jurídicos dicen que los más de un millón de ciudadanos extranjeros que anteriormente estaban amparados por el TPS son ahora, técnicamente, inmigrantes ilegales.
El primer vuelo de deportación a Haití desde la sentencia de la Corte Suprema partió el 20 de agosto, con más de 160 personas a bordo. Entre los deportados se encontraban antiguos beneficiarios del TPS y haitianos que habían cumplido condenas de prisión en Estados Unidos, según fuentes oficiales haitianas.
Neama Rahmani, un exfiscal federal que trabajó en asuntos de inmigración, declaró a The Epoch Times que a los extranjeros les quedaban pocas opciones para impugnar sus deportaciones.
"Esa designación ya no existe. Esa protección desaparece", dijo Rahmani. "Ahora bien, eso no significa que se vaya a deportar a un millón de personas... Aún tienen que pasar por el procedimiento normal de expulsión".
Señaló que algunos podrían autodeportarse o ser expulsados en virtud de órdenes que ya estaban en vigor antes de que se les concediera el estatus de protección.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a las solicitudes de más información sobre la aplicación de las revocaciones del TPS para más de un millón de ciudadanos extranjeros.
Tras la decisión del 18 de agosto, el DHS instó a los ciudadanos extranjeros a que se autoexpulsaran —cogiendo un vuelo gratuito de vuelta a casa y un cheque de 2600 dólares— o, de lo contrario, serían expulsados.
Batallas judiciales
El secretario del DHS tiene la autoridad para decidir cuándo un país merece la designación de TPS.Tras la decisión del 18 de agosto, el DHS instó a los ciudadanos extranjeros a que se autoexpulsaran —cogiendo un vuelo gratuito de vuelta a casa y un cheque de 2600 dólares— o, de lo contrario, serían expulsados.
"Durante décadas, el Estatus de Protección Temporal (TPS) se utilizó como un programa de amnistía [de facto]. Esos días TERMINARON. Aquellos a quienes se les ha retirado el TPS se encuentran ahora en nuestro país de forma ILEGAL. Deben marcharse ahora o serán DEPORTADOS rápidamente, declaró el DHS en X.
El secretario también está obligado a revisar periódicamente y a prorrogar o revocar dicho estatus, que está destinado a concederse a países afectados por conflictos armados, catástrofes medioambientales u otras condiciones peligrosas extraordinarias o temporales. Si el secretario del DHS considera que las condiciones en un país designado ya no justifican el estatus de protección, puede revocarlo.
Las demandas que pretendían bloquear las revocaciones, llevadas a cabo bajo el mandato de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, alegaban que la Administración no había seguido los procedimientos adecuados —incluida la revisión de las condiciones en dichos países— antes de poner fin a las protecciones.
Algunos jueces se mostraron de acuerdo, antes que la Corte Suprema dictara una sentencia sobre las protecciones para sirios y haitianos en la que la mayoría de los magistrados se mostraron de acuerdo con el argumento de la Administración, de que los jueces federales carecían de autoridad para revisar las resoluciones del departamento en materia de TPS. Señalaron un artículo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que prohíbe la revisión judicial y aclararon que se aplicaba incluso a los recursos de procedimiento, como los interpuestos en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Las revocaciones de algunos países ya estaban en vigor, pero otras seguían bloqueadas cuando la Corte Suprema dictó su sentencia.
Biassu Pierre, haitiano con Estatus de Protección Temporal (TPS), reside en Springfield, Ohio, desde hace tres años. Aquí, con banderas haitianas y estadounidenses en mano, asiste a una manifestación a favor de Haití en el ayuntamiento de Springfield, Ohio, el 3 de julio de 2026. (Fotografía de Glenn Hartong para The Epoch Times).Alguno de los jueces de primera instancia que se encargaban de los casos pendientes fueron acusados por el DHS de retrasar la emisión de órdenes que cumplieran con el fallo de la Corte Suprema.
El asesor especial del DHS, James Percival, comenzó a publicar en X un recordatorio diario de cada juez que no había seguido el precedente de la Corte Suprema. Destacó al juez Brian Murphy, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts —que se encargaba del caso de Etiopía— por haber tardado más de 50 días en levantar la suspensión administrativa que había impuesto sobre la revocación del TPS de ese país.
Aunque el último bloqueo judicial se levantó el 18 de agosto, lo que parecía ser el último suspiro de los recursos legales contra las revocaciones del TPS, sigue existiendo una pequeña posibilidad de que al menos un caso pueda reactivarse.
Los abogados que representan conjuntamente a antiguos beneficiarios del TPS de origen nepalí, hondureño y nicaragüense están intentando modificar su demanda inicial con una nueva alegación de "animus puro", en la que sostienen que las medidas de la Administración Trump para poner fin al estatus de protección eran inconstitucionales "porque estaban motivadas por una animosidad explícita y el deseo de perjudicar a los beneficiarios del TPS", según se indica en un escrito judicial del 20 de agosto.
Los abogados del gobierno federal argumentaron en su propio escrito judicial que los demandantes "no tienen ninguna posibilidad de ganar".
Se remitieron a una resolución del 7 de agosto en la demanda sobre el TPS de Birmania, en la que se rechazó un intento similar de modificar la demanda con una alegación de "animus puro".
"Existe una distinción entre el mero deseo de perjudicar a los beneficiarios del TPS y la animadversión contra la política del TPS", escribió el juez Matthew Kennelly, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. "El razonamiento de la Corte Suprema en [el caso de Siria y Haití] apunta a lo segundo, no a lo primero".
La jueza Trina Thompson, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, encargada del caso de Nepal, Honduras y Nicaragua, aún no se había pronunciado sobre el asunto en el momento de la publicación.
Murphy, encargado del caso de Etiopía, denegó la solicitud del demandante de aplazar la rescisión del TPS, pero estimó la solicitud de modificar la demanda para incluir una nueva alegación de extralimitación de competencias, argumentando que Noem había actuado más allá de sus competencias al poner fin al estatus de protección.
En cualquier caso, Rahmani dijo que creía que cualquier nueva impugnación o recurso tendría probablemente muy pocas posibilidades de éxito, teniendo en cuenta la decisión de la Corte Suprema.
Cómo se concedió el TPS
El estatus de protección puede concederse por períodos de seis, doce o dieciocho meses y debe ser revisado periódicamente por el secretario del DHS para garantizar que el país en cuestión sigue sufriendo un conflicto armado, desastres medioambientales u otras condiciones extraordinarias o temporales.A alguno de los 13 países se les concedió inicialmente el TPS debido a un conflicto armado, como la sangrienta guerra civil en Siria, que llevó a Estados Unidos a conceder a sus ciudadanos el estatus de protección en marzo de 2012.
Otros países fueron incluidos en el TPS tras sufrir desastres naturales devastadores, como el terremoto de magnitud 7.0 en Haití en 2010, el terremoto de magnitud 7.8 en Nepal en 2015 y el huracán Mitch que asoló Honduras y Nicaragua en 1998.
Somalia fue el país que permaneció más tiempo bajo el estatus de protección de estos 13 países: Desde septiembre de 1991. Tres décadas de conflicto armado e inestabilidad justificaron las prórrogas del TPS a lo largo de múltiples administraciones estadounidenses.
El debate
Los colectivos de defensa y los legisladores demócratas criticaron las medidas de la Administración Trump, argumentando que alguno de los 13 países siguen sumidos en la guerra y no son seguros para el regreso de sus nacionales. Algunos jueces que supervisaron casos relacionados con el TPS incluyeron comentarios críticos con los cambios de política en las nuevas resoluciones con las que anularon sus anteriores bloqueos.La jueza Allison Burroughs, de la Corte Federal de Distrito de Massachusetts, encargada del caso de Somalia, señaló en su auto por el que levantaba su anterior suspensión, que los somalíes que anteriormente se acogían al TPS se enfrentan a una crisis humanitaria en su país de origen. Describió a estos ciudadanos extranjeros como "miembros productivos de las comunidades [estadounidenses] que llevan años viviendo aquí, se han labrado una vida aquí, han trabajado aquí y han criado a sus familias aquí".
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla en una conferencia de prensa y un mitin en la sede de un sindicato en el distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 25 de junio de 2026. Hochul mostró su apoyo a las comunidades haitiana y siria después que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que la administración Trump podía poner fin al estatus de protección temporal para potencialmente millones de extranjeros, entre ellos más de 350,000 haitianos y sirios. (Spencer Platt/Getty Images)La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, escribió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, instándole a restablecer el estatus de protección. dijo que la deportación de ciudadanos extranjeros de la población activa del estado tendrá un "grave impacto" en multitud de sectores.
"Al obligar, a sabiendas y de forma cruel, a miles de familias a abandonar nuestro país y regresar a sus países de origen, sin tener en cuenta las crisis humanitarias actuales o que se agravan, la Casa Blanca está cometiendo un acto imprudente e inhumano", escribió Hochul.
La diputada Ayanna Pressley (D-Mass.) exigió que el Senado reanudara sus sesiones para aprobar un proyecto de ley que prorrogara el TPS específicamente para Haití, país que, según dijo en una publicación del 21 de agosto en X, sufre una "crisis humanitaria en curso".
La Cámara de Representantes ya aprobó la ley a principios de este año por 224 votos a favor y 204 en contra.
Por su parte, las autoridades federales señalaron que el TPS está concebido como una medida temporal y que nunca se ha diseñado como una vía para obtener la ciudadanía estadounidense permanente.
Los extranjeros podrían intentar solicitar asilo, señaló Rahmani, algo que resulta muy difícil de conseguir actualmente en Estados Unidos.
Las solicitudes de asilo están destinadas a ciudadanos extranjeros que tengan un temor fundado a sufrir persecución o tortura en sus países de origen.
Rahmani dijo que algunos ciudadanos extranjeros podrían impugnar su expulsión alegando que están casados con un ciudadano estadounidense, siempre y cuando se trate de un "matrimonio auténtico" y no fraudulento.
El matrimonio es la forma más rápida y sencilla de que un ciudadano extranjero obtenga un estatus legal, señaló.
Algunos podrían autodeportarse, aceptando la oferta del DHS de un vuelo gratuito y un cheque de 2600 dólares, señaló Rahmani, pero otros podrían seguir viviendo en Estados Unidos "en la clandestinidad", ya que hacer cumplir el fin del TPS para más de un millón de extranjeros llevará tiempo.
"Preveo que muchas personas que no tienen estatus legal para estar aquí seguirán quedándose y viviendo en Estados Unidos de forma irregular", dijo Rahmani. "Dependerá del DHS localizarlas, detenerlas y expulsarlas".
