La primera pregunta es: ¿Los Cárteles de la droga dominan actualmente el panorama mexicano? La respuesta inmediata, según la información pública nacional e internacional, es que por desgracia así es.
Se trata en primer término de un dominio territorial que supera ya al parecer el 35 por ciento del territorio mexicano, según era la cifra de aquel informe del Pentágono al Congreso de Estados Unidos hace poco más de dos años.
Hay estados prácticamente perdidos en manos de las organizaciones criminales: Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos y amplias zonas en otros como Edomex, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Sin embargo, la plaga criminal se extiende a otras entidades e incluso su presencia ya es manifiesta en algunas alcaldías de la Ciudad de México.
Este mapa criminógeno es tan solo una parte de la degradación colectiva en un país con su seguridad rota. Hay actualmente carreteras tan peligrosas como aquellos caminos que infestaban los bandidos, de lo cual se quejaba la baronesa Calderón de la Barca en su célebre libro de viajes por México a mediados del siglo XIX.
Esa realidad decimonónica correspondía al resultado de guerras civiles y de la debilidad crónica del Estado mexicano, debilidad existente desde la Independencia (1821). Pero se podía considerar eran los dolores del parto en el largo nacimiento de un país moderno.
¿Y ahora? ¿A qué razón u origen se puede atribuir una circunstancia tan negativa como la que se vive? Después de los padecimientos surgidos a raíz de la Revolución —desde su estallido hasta la Guerra Cristera—, México vivió un largo periodo de estabilidad y progreso material, semejante al del porfirismo y esto debe decirse.
Al control político correspondía también en ambos periodos el mantenimiento de un férreo orden social. El dominio político no aceptaba competencias, pero tampoco la corrosión delictiva. Es como si de esta manera el autoritarismo diera una compensación con este beneficio social.
¿Qué sucedió entonces? Ya dejemos a un lado la propaganda de la actual administración, encaminada a ocultar la podredumbre presente mediante una eficaz operación de ocultamiento, cuyo objetivo principal es convertir el pasado inmediato en algo peor a lo que se vive ahora.
¡Una gran mentira! Joseph Goebbels, el genial propagandista nazi, decía que basta repetir de manera incesante una mentira para que esta se convierta en verdad. Por eso he definido al régimen morenista como un régimen de propaganda.
Y una característica suya —imitada de los regímenes comunistas—, ha consistido en unir el lavado masivo de cerebro, el culto a la personalidad del dirigente y la denigración y desprecio a quien piensa diferente. Todo ello basado en una repetición incesante de mentir…
De esta manera dos fenómenos: el saqueo conocido como "huachicol fiscal" y la complicidad gubernamental con los Cárteles de la droga, han alimentado la creación de lo que ya se llama internacionalmente un narco gobierno, amparado bajo la sombra de un régimen de propaganda.
En este contexto, los dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum se unen a los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mentor de la presidente. Son entonces ya ocho años de una fractura histórica cuyo recuento de daños será algún día el de un capítulo oscuro, manchado, patético, alienante, finalmente trágico.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no apostó por el control de daños, sino por el aval de una herencia putrefacta y por su propia iniciativa en la ruta obradorista trazada. De esta manera se comienza a responder el cuestionamiento acerca de si este gobierno está dispuesto a cruzar la línea o ya lo hizo.
Esta línea la entendemos como el límite, aquel el cual si se cruza convierte al gobierno que lo haga en un paria internacional, cuando el Estado que representa se le reconoce entonces como un Estado fallido, aunque yo insisto, en el caso mexicano se trata de un Estado abolido.
Esa línea es a ojos vista la que ya se cruzó por la protección de la administración actual a Rubén Rocha Moya, el sedicente gobernador con licencia de Sinaloa y su grupo de colaboradores, acusados por el gobierno de Estados Unidos de ser una banda política cómplice del narcotráfico hacia el país vecino.
En el contexto descrito a lo largo de este artículo, se trata de un aventurado cruce de línea que está terminando por poner una loza al resto del Estado que, en su actual agonía, todavía palpitaba aunque fuera débilmente.
Decir que no existen pruebas, después de que grupos criminales adscritos al Cártel de Sinaloa operaron electoralmente con el secuestro en las elecciones para gobernador de Rubén Rocha Moya —realizadas al mismo tiempo que la presidencial— de los operadores rivales de Morena, para garantizar así el triunfo morenista, es realmente pecar de algo que solo se le puede llamar un patente cinismo. Para la justicia estadounidense los testimonios de cómplices y las grabaciones que tienen, ya son pruebas suficientes.
Al cruzar la línea con la protección patente a políticos del partido en el poder acusados de criminales, el gobierno actual comienza un capítulo que, tarde o temprano, será negro, una oscuridad más allá del deterioro contemporáneo en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, algo que marcará la historia de su propia existencia.
