Allá por la década de 1990, cuando era profesor adjunto, una estudiante de posgrado se pasó por mi oficina para hablar de sus planes y de cómo nuestro programa podría ayudarla a alcanzarlos. Yo trabajaba en el Departamento de Inglés, que estaba abierto a estudiantes interesados en otras disciplinas, como la historia, el teatro y los Estudios de la Mujer. Este último programa era particularmente destacado. La Universidad de Emory fue uno de los primeros departamentos del país en ofrecer un doctorado en esa área. No me sorprendió cuando la estudiante me comunicó su interés.
Habló de los cursos de Estudios de la Mujer y mencionó a la directora, Elizabeth Fox-Genovese, una destacada historiadora del Sur anterior a la Guerra Civil. Sin embargo, la estudiante tenía una reserva. Al parecer, Fox-Genovese había expresado dudas sobre el derecho irrestricto al aborto y las había manifestado abiertamente, tanto de palabra como por escrito. Yo no estaba al tanto de la controversia y me encogí de hombros. No tenía claro cómo esa postura podría obstaculizar el avance de una estudiante hacia el doctorado. La estudiante procedió a declarar en tono contundente: “Una profesora pro-vida no tiene cabida en Estudios de la Mujer. Todos deben ser pro-elección”.
Habló con firmeza a pesar de su edad y su inexperiencia. Para ella, la descalificación era indiscutible. No importa cuán buen académico y maestro sea una persona, ser pro-vida es una causa perdida.
Dejé pasar el tema y no discutí. Una postura expresada con tanta certeza y claridad no daba lugar a ningún debate. Además, no era algo inusual. Uno se topaba con esa controversia una y otra vez a medida que pasaban los años y la política de identidad se arraigaba cada vez más en los departamentos de humanidades y de “estudios”. No se planteaba la pregunta obvia de por qué la postura de una persona sobre el aborto debía ser un criterio de idoneidad. El ámbito académico lo había asimilado como una premisa fundamental. Se supone que el trabajo académico debe ser imparcial; no se permiten pruebas de lealtad política. Este es un pilar de la libertad académica. Lo que me llamó la atención en aquel entonces, y sigue haciéndolo hoy, es la total comodidad con la que aquel estudiante y las decenas de miles de miembros del cuerpo docente en la actualidad se sintieron y siguen sintiéndose al descartar ese principio y seguir la línea del partido.
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Debemos tener presente esta violación al enterarnos del cierre de programas de Estudios de la Mujer y Estudios de Género, tal como ha ocurrido en algunos lugares en los últimos meses. En enero de este año, las autoridades de Texas A&M anunciaron que tomarían esa medida, mientras que la Universidad de Texas en Austin comunicó a mediados de septiembre que el programa de estudios de la mujer y de género llegaría a su fin (al igual que otros tres programas basados en la identidad). La tendencia comenzó en agosto de 2023, cuando los miembros del consejo de administración del New College of Florida (entre los que me incluyo) eliminaron la especialización en Estudios de Género. Al año siguiente, la Universidad de Iowa anunció que cerraría su departamento de Estudios de Género, de la Mujer y de la Sexualidad. Es probable que se produzcan más medidas de este tipo.
La respuesta habitual a estos cierres es que, por un lado, restringen la libertad académica y, por otro, suponen un retroceso para la causa de los derechos de las mujeres. Un comentario republicado en el Washington Post el pasado mes de marzo califica esta tendencia como "una larga serie de retrocesos institucionales recientes en materia de derechos y autonomía de las mujeres en Texas y en todo el país". Para la autora, una profesora de comunicaciones de Massachusetts, las leyes y políticas que sustentan estas medidas "funcionan cada vez más como instrumentos de censura".
Pero, tal como lo dejó en claro la estudiante en mi oficina, y tal como lo reflejan los perfiles del cuerpo docente en los departamentos de Estudios de la Mujer, este campo ha ejercido censura desde hace mucho, mucho tiempo. Solo se ha permitido una perspectiva de un tema controvertido. Tan pronto como los Estudios de la Mujer se alinearon con una línea política específica, se acabó el juego. Si el cuerpo docente no hubiera rechazado las opiniones conservadoras sobre temas sociales y marginado a los profesores que pudieran impartirlas, las fuerzas ajenas al cuerpo docente no habrían tenido que intervenir para restablecer las normas académicas.
Durante medio siglo y más, el cuerpo docente ha tenido control total sobre el plan de estudios. Los regentes, los miembros del consejo de administración, los funcionarios estatales y los políticos siempre han tenido la autoridad para desempeñar un papel en la gobernanza de la institución pública, pero en cuestiones curriculares han cedido ante los profesores. Su cautela les ha dado al cuerpo docente una falsa sensación de prerrogativa absoluta. Los profesores dan por sentado que tienen libertad para definir sus disciplinas como deseen, y si la promoción de ciertas posturas políticas forma parte de esa definición, ¿quiénes son los de afuera para entrometerse en asuntos que no comprenden?
Esa es la suposición; la he escuchado expresar muchas veces.
También es una receta para la complacencia. Mis colegas están asombrados y consternados por lo que ha sucedido. La pérdida del control total es difícil de asimilar. Deberían incluir un poco de introspección en sus reacciones.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
