La presencia de la Guardia Nacional en Washington D. C. aumentó hasta alcanzar casi los 2300 efectivos, como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para garantizar la ley y el orden en la capital del país.
Mientras tanto, el Pentágono está movilizando a otros 1700 miembros de la Guardia en 19 estados para reforzar las medidas federales de control de la inmigración.
Un portavoz de la Fuerza Operativa Conjunta-DC dijo a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico el 24 de agosto que han llegado refuerzos de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee. La fuerza combinada asciende ahora a unos 2.270 miembros de la Guardia Nacional.
"Su objetivo es reforzar la misión de proteger nuestros monumentos, proteger las instalaciones federales, apoyar la seguridad de la comunidad y hacer frente al aumento de la delincuencia en Washington", dijo el portavoz. "Estamos comprometidos con la seguridad y el embellecimiento de DC".
Más de 1000 detenciones
Los recién llegados se suman a una fuerza inicial de 800 efectivos que Trump ordenó enviar a la capital a principios de agosto, cuando federalizó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de la ciudad."Anuncio una medida histórica para rescatar la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el caos, la miseria y cosas peores", declaró Trump en una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca el 11 de agosto
Desde entonces, el Pentágono confirmó que los miembros de la Guardia Nacional en Washington pronto comenzarán a portar armas reglamentarias "en consonancia con su misión y su entrenamiento", mientras trabajan para reducir la tasa de criminalidad de la ciudad.
La fiscal general Pam Bondi dijo que la ofensiva ya ha dado lugar a más de 1000 detenciones y la incautación de más de 100 armas de fuego ilegales.
"Anoche se produjeron otras 86 detenciones, entre las que se encuentran varios sospechosos acusados de agredir a las fuerzas policiales y a la Guardia Nacional, así como un presunto miembro de la banda Tren de Aragua", dijo Bondi en un posteo del 25 de agosto en X. "Cada día de nuestra misión estamos haciendo que DC vuelva a ser segura".
El 25 de agosto, Trump amplió su ofensiva contra la delincuencia en la capital del país, ordenando a las agencias federales que contrataran más policías y fiscales para los parques, crearan unidades de respuesta rápida de las fuerzas policiales y la Guardia Nacional, inspeccionaran las viviendas y el transporte público de Washington D. C. en busca de infracciones de seguridad y presionaran al alcalde para que actualizara las políticas policiales de la ciudad con el fin de "abordar la emergencia delictiva y garantizar el orden y la seguridad públicos".
Refuerzos para el ICE
Mientras las fuerzas federales se expanden en la capital, el Departamento de Defensa anunció el 25 de julio una movilización paralela de aproximadamente 1700 efectivos de la Guardia Nacional en todo el país para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En un cambio con respecto a la dependencia anterior de los marines y los reservistas navales, la Guardia Nacional operará bajo el estatus del Título 32, permaneciendo bajo el control de los gobernadores estatales, pero con financiación federal.Las funciones de la Guardia incluirán la gestión de casos, el transporte y el apoyo logístico, así como la asistencia administrativa a los centros de detención del ICE.
"Al proporcionar estos servicios cruciales, el personal militar del Departamento de Defensa permite directamente al ICE dedicar más agentes capacitados a las actividades fundamentales de aplicación de la ley, lo que mejora significativamente la eficacia general", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.
La reclasificación permite a los miembros de la Guardia Nacional interactuar directamente con los detenidos, incluyendo la recogida de huellas dactilares, ADN y fotografías, según declaró un funcionario del Pentágono a Fox News, añadiendo que la movilización abarca 19 estados.
El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, describió a la Guardia Nacional como un "multiplicador de fuerzas" para el ICE, que, según él, está tratando de localizar a casi 700,000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales.
"El ICE está abrumado", dijo Homan a NewsNation. "El ICE cuenta con menos de 5000 agentes de deportación. Tenemos más de 20 millones de extranjeros ilegales".
Homan hizo hincapié en que los miembros de la Guardia Nacional no realizarán detenciones, sino que apoyarán el trabajo de campo y la inteligencia del ICE, ampliando el alcance de la agencia mientras la administración Trump busca acelerar las deportaciones de los no ciudadanos con antecedentes penales.
La doble misión —miles de soldados en las calles de Washington y casi 2000 más dentro de las instalaciones de inmigración en todo el país— forma parte del uso que la administración Trump hace del apoyo militar para la aplicación de la ley nacional.
Crítica y lucha legal
El presidente y sus partidarios afirman que estas medidas restauran el orden, previenen la delincuencia y alivian la sobrecarga de las agencias. Los críticos argumentan que se corre el riesgo de militarizar las funciones civiles y de sobrecargar a la Guardia Nacional, ya que los gobernadores deben compaginar los despliegues con las necesidades de respuesta ante desastres en sus estados."En lugar de hacer que Washington D. C. sea más seguro, socava la seguridad pública y pone en peligro nuestra democracia", afirmó el fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, en un reciente posteo en X. "Hoy es Washington D. C., pero la misma estrategia peligrosa puede desplegarse para ocupar cualquier comunidad estadounidense".
"Seamos claros", añadió, "los soldados armados no deben vigilar a los ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense".
Schwalb presentó una demanda para bloquear la federalización de la Policía Metropolitana por parte de Trump, argumentando que la directiva de Bondi que sustituye a la jefa Pamela Smith por el administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terry Cole, como "comisionado de policía de emergencia" viola la Ley de Autonomía Local, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución.
Su denuncia advertía que la medida ponía en peligro la seguridad pública al desorganizar la estructura de mando de la MPD.
Durante una audiencia, la jueza federal Ana Reyes presionó a ambas partes para que llegaran a un acuerdo. Amenazó con emitir una orden que bloqueara el nombramiento de un nuevo jefe si no llegaban a un acuerdo.
Bondi revisó posteriormente su directiva y abandonó la disposición que otorgaba a Cole el control total de la MPD. En su lugar, enumeró los "servicios" específicos que el departamento debía prestar, incluida la asistencia en la aplicación de la ley federal de inmigración, y encargó a Cole la supervisión de esas funciones.
Tras el cambio, Schwalb retiró su solicitud de orden de restricción temporal, aunque el caso sigue abierto y se esperan nuevas audiencias.
Trump justificó la toma de control citando lo que describió como una ola de delitos violentos. Aunque las tasas de delincuencia en Washington siguen siendo superiores a la media nacional, las cifras del Departamento de Justicia y los datos del MPD muestran que han disminuido en los últimos dos años.
En su última directiva, Bondi acusó a algunos funcionarios municipales de manipular las estadísticas de delincuencia.
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