El presidente Trump dijo que está considerando enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de Baltimore, Maryland, para combatir lo que describió como un “desastre criminal” en la ciudad.
“Si [el gobernador de Maryland] Wes Moore necesita ayuda, como [el gobernador de California, Gavin Newsom] la necesitó en Los Ángeles, enviaré tropas, como ya se está haciendo en Washington D. C., y acabaré rápidamente con el crimen”, escribió Trump en una publicación en Truth Social el 24 de agosto.
En esa publicación, Trump respondió a los comentarios de Moore en CNN del viernes, diciendo que necesitaba "recorrer las calles" de Maryland antes de emitir juicios sobre la situación, y criticó las declaraciones de Moore.
"¿Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia?", escribió Trump. "Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta por allí".
A principios de este año, Trump también desplegó a la Guardia Nacional en Los Ángeles en medio de protestas y disturbios contra la aplicación de las leyes migratorias en la ciudad. Más recientemente, aprovechó una disposición de la Ley de Autonomía para desplegar a la Guardia Nacional en Washington y tomar el control de la policía local como parte de una iniciativa contra la delincuencia y de embellecimiento.
Los comentarios de Trump indican que está contemplando esfuerzos similares en Maryland que podrían incluir el despliegue de miembros de la Guardia Nacional para combatir el crimen en la ciudad ubicada a unos 45 minutos al noreste de Washington.
Durante una aparición el domingo en “Face the Nation”, le preguntaron a Moore sobre la publicación del presidente en tiempo real.
Respondió con oposición a la idea, diciendo que “este ritmo de operaciones” no es sostenible, y citó un costo de aproximadamente un millón de dólares por día.
Moore también dijo que tales operaciones “no son escalables” a todas las grandes ciudades estadounidenses, “particularmente cuando muchas de las ciudades que tienen las tasas de criminalidad más altas son los lugares que han desplegado su Guardia Nacional en DC”.
Dijo que la medida también sería inconstitucional, citando la Décima Enmienda, que desde hace tiempo se entiende que otorga a los estados el control de los poderes policiales, incluidos los poderes relacionados con la salud, la seguridad, el bienestar y la moral de sus ciudadanos.
"Es una violación directa de la Décima Enmienda, y para un partido que habla de derechos estatales, es sorprendente cómo estamos teniendo un enfoque de Gran Gobierno en la forma en que manejan la seguridad pública", dijo Moore.
Trump podría reconsiderar el financiamiento del puente
En su publicación, Trump también dijo que podría reconsiderar la decisión de permitir que el gobierno federal pague el total de la reparación del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, en medio de su disputa con Moore."Le di a Wes Moore un montón de dinero para arreglar su puente demolido. ¿Ahora tendré que reconsiderar esa decisión?", escribió Trump en la publicación.
El predecesor de Trump, el presidente Joe Biden, alentó la financiación federal del proyecto multimillonario para reparar el puente Francis Scott Key que se derrumbó el 26 de marzo de 2024, después de que un buque de carga chocara contra uno de los soportes del puente tras perder la electricidad. Seis trabajadores murieron en el derrumbe.
El puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, que se derrumbó tras ser impactado por un buque portacontenedores en marzo, en una vista del 5 de abril de 2024. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)"Es mi intención que el gobierno federal pague todo el costo de reconstruir ese puente, y espero que... el Congreso apoye mi esfuerzo", dijo Biden en ese momento.
En diciembre de 2024, el Congreso aprobó 2000 millones de dólares en fondos para e3l proyecto como parte de una propuesta de ley de gastos provisional, la última pieza de legislación de financiamiento gubernamental que firmó el presidente saliente.
Debido a que el financiamiento está aprobado por el Congreso, su rescisión puede requerir autorización de la legislatura conforme a la Ley de Control de Embargos de 1974, o a través de futuros proyectos de ley de financiamiento y asignaciones del gobierno.
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