El 2 de julio, un juez federal falló en contra de una directiva del gobierno de Trump que impedía a los extranjeros que cruzaran ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo. La Casa Blanca ha destacado en las últimas semanas que el número de cruces fronterizos ha alcanzado mínimos históricos.
En una orden emitida el 2 de julio, el juez federal Randolph Moss determinó que la Administración Trump se extralimitó en su autoridad y eludió la ley de inmigración.
“El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya a las leyes promulgadas por el Congreso”, escribió Moss en la orden.
Poco después de asumir el cargo en enero, Trump declaró que existe una invasión a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y que las personas que intentan cruzar están «participando en la invasión» a lo largo de la frontera.
«Muchos de estos extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública, y cometen actos viles y atroces contra estadounidenses inocentes», afirmaba la proclamación del 20 de enero.
Algunas de estas personas también «participan en actividades hostiles, como espionaje, espionaje económico y preparativos para actividades relacionadas con el terrorismo», según la proclamación. «Muchos han abusado de la generosidad del pueblo estadounidense y su presencia en Estados Unidos ha costado miles de millones de dólares a los contribuyentes a nivel federal, estatal y local».
En febrero, la Unión Americana por las Libertades Civiles y otros grupos intentaron impugnar la prohibición de asilo de Trump, argumentando que violaba las leyes estadounidenses y los tratados internacionales.
Moss dictaminó que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni la Constitución permiten al presidente y a los funcionarios de la Administración tener la «amplia autoridad» que se reivindicaba en la proclamación de la invasión del 20 de enero.
En la orden, el juez escribió: «Aunque el Tribunal reconoce que el poder judicial no debe intervenir a la ligera en los asuntos del poder ejecutivo y que la aplicación de las leyes de inmigración plantea retos de máxima importancia, el Tribunal no está convencido de que exigir a los demandados que vuelvan a los procesos que el Congreso exigió y que se aplicaron hace solo unos meses cause a los demandados un daño irreparable.
Aunque prohibir al presidente ejercer una prerrogativa constitucional exclusiva podría, por sí solo, dar lugar a un perjuicio irreparable, exigir a los demandados que cumplan la ley tal y como la promulgó el Congreso... no lo haría».
Desde que asumió el cargo, Trump ha dado prioridad a la seguridad fronteriza y ha tratado de deportar a un número significativo de inmigrantes ilegales, aunque parte de su agenda ha sufrido algunos reveses legales.
El juez dijo que suspendería la fecha de entrada en vigor de su orden durante 14 días para permitir que la Administración Trump apelara.
La decisión de Moss fue criticada por Stephen Miller, asesor principal de Trump, en una publicación en la red social X poco después de que se dictara. Miller afirmó que la orden es un intento de invalidar la sentencia de la Corte Suprema de la semana pasada sobre las medidas cautelares a nivel nacional en un caso diferente.
«Para intentar eludir la sentencia de la Corte Suprema sobre las medidas cautelares a nivel nacional, un juez marxista ha declarado que todos los posibles inmigrantes ilegales FUTUROS en territorio extranjero (es decir, una gran parte del planeta Tierra) forman parte de una «clase» global protegida con derecho a entrar en Estados Unidos», escribió Miller.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que engloba las agencias de inmigración y fronteras de Estados Unidos, afirmó que los cruces fronterizos se encuentran en su nivel más bajo.
Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza registraron en junio el número más bajo de detenciones en todo el país en la historia de la agencia, según un comunicado del DHS.
Alrededor de 25,000 inmigrantes ilegales fueron detenidos en la frontera, un 12 % menos que el récord anterior establecido en febrero de 2025, según informó el 2 de julio.
Esa cifra también es un 89 % inferior a la media mensual de detenciones realizadas entre 2021 y 2024, bajo la Administración anterior, según el DHS.
Reuters ha contribuido a este informe.
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