El 1 de julio, un juez federal impidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de inmigrantes haitianos antes de la fecha prevista para la expiración del programa.
La administración Biden prorrogó anteriormente la designación del TPS para Haití hasta el 3 de febrero de 2026, alegando la violencia de las bandas, la inestabilidad política y los desastres naturales, según los documentos judiciales.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la decisión en febrero, alegando que las condiciones actuales en Haití ya no justificaban la designación. Noem dijo inicialmente que la designación del TPS para Haití finalizaría en agosto, pero posteriormente revisó la fecha de expiración al 2 de septiembre.
En una orden de 23 páginas emitida el 1 de julio, el juez federal Brian Cogan dictaminó que la medida era ilegal, afirmando que Noem carece de "autoridad legal o inherente" para anular parcialmente la designación del TPS de un país.
La sentencia se produjo en respuesta a una demanda presentada por nueve beneficiarios haitianos del TPS, la Asociación de Clérigos Evangélicos Haitianos y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, Local 32BJ, que alegaban que Noem no había llevado a cabo la revisión necesaria de las condiciones en Haití antes de acortar la duración de la designación del TPS.
Cogan afirmó que los demandantes ya están sufriendo perjuicios, señalando que la decisión de Noem de poner fin a la designación del TPS les obliga a prepararse para abandonar Estados Unidos cinco meses antes de lo previsto.
«"Cuando el gobierno concede una prestación durante un período de tiempo determinado, el beneficiario puede esperar razonablemente recibirla al menos hasta el final de ese período", declaró el juez. "Los demandantes se han matriculado en escuelas, han aceptado puestos de trabajo y han comenzado tratamientos médicos en Estados Unidos confiando en que la designación del TPS para Haití se mantendría al menos hasta el 3 de febrero de 2026".
Cogan también declaró en su fallo que consideraba que los perjuicios sufridos por los demandantes "superan con creces cualquier perjuicio que pueda suponer para el gobierno un aplazamiento".
The Epoch Times solicitó comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Locales 32BJ, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
El TPS es una designación que permite a las personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otros acontecimientos extraordinarios permanecer en Estados Unidos.
En febrero, Noem indicó en un aviso del Registro Federal que su oficina procedería a poner fin al TPS para los ciudadanos haitianos que actualmente se acogen a ese programa. En el aviso, estimaba que algo más de 521,000 haitianos están cubiertos por el TPS.
El DHS declaró en un aviso del 1 de julio que Noem había revisado la situación en Haití y había determinado que prorrogar la designación del TPS sería contrario a los intereses nacionales.
“Los registros del DHS indican que hay ciudadanos haitianos beneficiarios del TPS que han sido objeto de investigaciones administrativas por fraude, seguridad pública y seguridad nacional. Estas cuestiones ponen de relieve un conflicto con el interés nacional de los Estados Unidos”, afirmó.
Un portavoz del DHS declaró el 27 de junio que los ciudadanos haitianos pueden solicitar la regularización de su situación mediante otras solicitudes de beneficios de inmigración, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad.
La medida se produjo tras una sentencia de la Corte Suprema del 19 de mayo que permitía al gobierno proceder a poner fin al TPS para más de 300,000 ciudadanos venezolanos.
El DHS también trató de revocar la condición jurídica temporal de más de 530,000 inmigrantes que entraron en Estados Unidos en el marco del programa de libertad condicional humanitaria de la administración Biden, conocido como programa CHNV.
Este programa permitía la entrada de personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela si cumplían determinados requisitos, entre ellos tener patrocinadores estadounidenses.
Noem afirmó en un comunicado de marzo que estos programas de libertad condicional “no reportan un beneficio público significativo” y no son eficaces para reducir los niveles de inmigración ilegal en Estados Unidos.
Con información de Jack Phillips
