Rusia afirmó el 8 de enero que consideraría como objetivos legítimos a las tropas occidentales desplegadas en Ucrania.
Estos comentarios se producen después de que el Reino Unido y Francia firmaran una carta de intenciones para enviar miembros de sus fuerzas armadas a Ucrania en caso de que se alcance un acuerdo de paz, con el fin de protegerse de cualquier posible agresión futura por parte de Moscú.
"Londres y París planean establecer sus propias bases militares en Ucrania tras el alto al fuego y construir instalaciones de almacenamiento de armas y equipo militar", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, en un comunicado.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advierte que el despliegue de unidades militares y la construcción de instalaciones militares, almacenes y otras infraestructuras occidentales en territorio ucraniano se considerarán una intervención extranjera que amenaza directamente la seguridad de Rusia y otros países europeos.
Todas estas unidades e instalaciones se considerarán objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas rusas. Se hicieron repetidas advertencias en este sentido al más alto nivel y siguen siendo pertinentes".
Zakharova también afirmó que la declaración firmada en París por la Coalición de Voluntarios "no tiene por objeto lograr una paz y una seguridad duraderas, sino más bien continuar con la militarización, la escalada y el agravamiento del conflicto".
"Su elemento central", dijo, "es el despliegue de una "fuerza multinacional" en territorio ucraniano que la coalición tendrá que formar para contribuir a la “reconstrucción” de las fuerzas armadas ucranianas y "apoyar la disuasión" tras el cese de las hostilidades".
La portavoz también reafirmó la posición del Kremlin de que las hostilidades solo pueden terminar tras la "eliminación" de lo que Moscú considera las "causas fundamentales" del conflicto, incluido el "restablecimiento del estatus neutral y no alineado de Ucrania, su desmilitarización y desnazificación", así como un acuerdo de Kiev para respetar los "derechos y libertades lingüísticos, culturales y religiosos" de la etnia rusa en el país.
Además, afirmó que Ucrania debe reconocer "las realidades territoriales actuales", en referencia a la reivindicación de soberanía de Moscú sobre la región de Donbás.
Kiev, por su parte, es partidaria de poner fin a las hostilidades a lo largo de las líneas de combate actuales.
El 6 de enero, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski firmaron en París la carta de intenciones en la que confirmaban su intención tras mantener conversaciones con miembros de la "Coalición de Voluntarios" y enviados de Washington.
"Puedo decir que, tras el alto al fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en toda Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar con el fin de apoyar las necesidades defensivas de Ucrania", dijo Starmer en declaraciones tras las conversaciones.
Macron dijo: "Estas garantías de seguridad son fundamentales para asegurar que un acuerdo de paz nunca equivalga a una rendición de Ucrania y que un acuerdo de paz nunca resulte en una nueva amenaza para Ucrania".
Starmer declaró ante el Parlamento británico en Londres el 7 de enero que cualquier despliegue de fuerzas del Reino Unido en virtud de una declaración firmada con Francia y Ucrania estaría sujeto a votación en el Parlamento.
"Mantendré a la Cámara informada a medida que se desarrolle la situación y, si se desplegaran tropas en virtud de la declaración firmada, sometería esa cuestión a votación en la Cámara", afirmó.
Los aliados también respaldaron una propuesta para proporcionar a Ucrania garantías de seguridad en múltiples niveles tras cualquier alto al fuego o acuerdo de paz.
Una declaración conjunta afirmó que las fuerzas armadas de Kiev seguirían siendo "la primera línea de defensa y disuasión", y que los socios se comprometían a prestar asistencia militar a largo plazo incluso después del cese de las hostilidades.
"Estamos dispuestos a comprometernos con un sistema de garantías políticas y jurídicamente vinculantes que se activará una vez que entre en vigor el alto al fuego", decía la carta.
