Un juez federal advirtió a la administración Trump que no utilice una reciente orden ejecutiva sobre las llamadas jurisdicciones santuario para eludir el bloqueo que ya impuso a órdenes similares relacionadas con la financiación de esas jurisdicciones.
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Los abogados de la administración Trump presentaron una solicitud de emergencia a la Corte Suprema de Estados Unidos en un intento de revocar el estatus migratorio temporal de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
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La administración del presidente Donald Trump invocó el privilegio del secreto de Estado mientras una corte federal investiga la información relativa a la deportación de Kilmar Abrego García a El Salvador.
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Cinco ciudadanos mexicanos fueron arrestados por presuntas actividades de tráfico de personas en San Diego, las cuales resultaron en la muerte de al menos tres inmigrantes indocumentados, incluyendo un niño de 14 años de la India, cuya hermana de 10 años se encuentra desaparecida en el mar y se presume muerta.
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Una jueza federal denegó la solicitud de la administración Trump de revocar una orden que obligaba a devolver a EE. UU. a un venezolano deportado a El Salvador. La respuesta de la jueza alega que la expulsión del hombre violó un acuerdo judicial que protege de la deportación a los menores no acompañados con solicitudes de asilo pendientes.
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El 5 de mayo, una corte federal de apelaciones rechazó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de suspender la sentencia de una corte inferior que bloqueaba la terminación del estatus legal temporal de cientos de miles de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos que residen en Estados Unidos.
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Ruanda inició conversaciones para acoger a inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos, según anunció el 4 de mayo el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier Nduhungirehe.
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Una inmigrante ilegal guatemalteca que cruzó la frontera de Estados Unidos estando embarazada de ocho meses y dio a luz en Arizona evitó la deportación rápida luego de que intervino la gobernadora del estado, dijeron el 3 de mayo su abogado y un funcionario federal.
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La administración Trump presentó el viernes una demanda contra Colorado y la ciudad de Denver, buscando poner fin a las políticas estatales y municipales que obstaculizan a las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración.
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Estados Unidos anunció el jueves la creación de una segunda zona militar a lo largo de su frontera sur con México, ampliando aún más la presencia militar en la zona.
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El Departamento de Justicia (DOJ) comunicó el 1 de mayo que presentó una denuncia contra Illinois y su Departamento de Trabajo, alegando que la Ley de Derecho a la Privacidad en el Lugar de Trabajo del estado interfiere con la autoridad federal en materia de inmigración.
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El gobierno federal cambió las reglas sobre el estatus legal de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, permitiendo su deportación acelerada si se les revoca la visa, según un memorando interno de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentado en un expediente judicial.
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La administración Trump solicitó a la Corte Suprema que elimine el bloqueo impuesto por un tribunal inferior sobre su decisión de retirar las protecciones legales temporales para más de 300,000 nacionales venezolanos.
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La primera fase de la Operación Tidal Wave —una misión conjunta entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y varios departamentos y agencias de Florida—, resultó en la detención de más de 1,100 inmigrantes ilegales con antecedentes penales en una semana.
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Estados Unidos deportó a 131 inmigrantes ilegales a Uzbekistán como parte de un acuerdo entre ambos países, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 30 de abril.
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó el 30 de abril una moción en la que solicitaba a las cortes federales que le permitan al estado aplicar una nueva ley que tipifica como delito menor la entrada de inmigrantes ilegales en Florida eludiendo a los funcionarios de inmigración.
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Estados Unidos comenzó a procesar a inmigrantes ilegales por presuntamente cruzar a una zona militar restringida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, según documentos judiciales presentados el 28 de abril.
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Los miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes presentaron el 29 de abril una lista de recomendaciones para la reconciliación presupuestaria, que incluye una propuesta de 47,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.
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Conforme la Administración Trump refuerza sus medidas para combatir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, una ley del senado de Texas busca impedir que quienes se encuentren ilegalmente en el país accedan a fondos estatales para la educación superior.
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Juez federal de California prohíbe a agentes de la Patrulla Fronteriza arrestar a presuntos inmigrantes ilegales en algunas zonas del estado sin una orden judicial o pruebas específicas de que la persona representa un riesgo de fuga, al tiempo que reprende las tácticas utilizadas durante una controvertida redada realizada en enero.
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