Estados Unidos deportó a 131 inmigrantes ilegales a Uzbekistán como parte de un acuerdo entre ambos países, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 30 de abril.
Uzbekistán financió íntegramente la deportación de personas procedentes de Uzbekistán, Kazajistán y Kirguistán que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.
"Felicitamos al presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, por su liderazgo al enviar un vuelo para devolver a 131 extranjeros ilegales a su país de origen", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado. "Esperamos seguir colaborando con Uzbekistán en los esfuerzos por mejorar nuestra seguridad mutua y defender el estado de derecho".
La asociación con Uzbekistán marcó el último acuerdo con países extranjeros negociado por la administración. La operación forma parte de una campaña federal más amplia contra la inmigración ilegal impulsada por el presidente Donald Trump.
Citando ejemplos de asociaciones exitosas, el DHS señaló que Trump convenció a Colombia para que comenzara a aceptar inmigrantes ilegales expulsados de Estados Unidos.
El presidente también estableció una asociación con El Salvador para encarcelar a los inmigrantes ilegales sospechosos o confirmados de pertenecer a pandillas, un acuerdo por el que Estados Unidos pagará al país 6 millones de dólares para mantenerlos durante un año en la prisión de máxima seguridad del país. Hasta ahora, el DHS deportó a El Salvador a casi 300 extranjeros identificados como asociados con Tren de Aragua y MS-13, designados por Estados Unidos como grupos terroristas.
Trump también llegó a un acuerdo con México para luchar contra los cárteles de la droga, según el DHS. La colaboración dio lugar a la detención de más de 6000 narcotraficantes.
Según el DHS, la actual Administración llevó a cabo más de 142,000 deportaciones hasta la fecha. Los encuentros diarios en la frontera se redujeron en un 95 por ciento desde que Trump asumió el cargo.
"Estas son solo alguna de las iniciativas exitosas que reflejan la visión del presidente Trump de una cooperación diplomática sólida y un sistema de inmigración restaurado, que garantiza que los extranjeros ilegales sean devueltos a sus países de origen. Esto es solo el comienzo", declaró la agencia.
Las deportaciones fueron impugnadas en las cortes.
El 30 de abril, un juez federal limitó la capacidad de Trump para deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales detenidos en la Bahía de Guantánamo. El juez ordenó a la administración que garantizara que los inmigrantes ilegales detenidos en la base naval estadounidense en Cuba tuvieran la oportunidad de plantear cualquier preocupación sobre su seguridad antes de enviarlos a El Salvador u otros países de los que no son originarios. La orden del juez se produce después de que defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaran que Trump violó su orden judicial cuando el Departamento de Defensa puso en un vuelo con destino a El Salvador a cuatro venezolanos que estaban detenidos en Guantánamo.
Los demócratas criticaron las deportaciones de Trump.
En un caso muy sonado, un grupo de legisladores demócratas viajó a El Salvador para pedir la liberación de Kilmar Abrego García, un hombre que, según ellos, había sido deportado injustamente, en violación de una orden judicial que lo protegía de ser enviado de vuelta a su país de origen.
El DHS mantuvo que el ciudadano salvadoreño se encontraba en Estados Unidos de forma ilegal antes de su deportación y que era miembro de la banda MS-13. Abrego García también estaba implicado en un presunto caso de tráfico de personas y acusado de violencia doméstica, según la agencia.
A principios de abril, un juez federal ordenó a la administración Trump que facilitara el regreso de Abrego García a Estados Unidos. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, declaró públicamente que no lo enviaría de vuelta.
De NTD News
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