El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó el 30 de abril una moción en la que solicitaba a las cortes federales que le permitan al estado aplicar una nueva ley que tipifica como delito menor la entrada de inmigrantes ilegales en Florida eludiendo a los funcionarios de inmigración.
En su moción de suspensión, Uthmeier pidió a la jueza federal Kathleen Williams, de Miami, que suspendiera su orden judicial que le impide a Florida aplicar la ley mientras él recurre ante la Corte de Apelación del 11.º Circuito, en Atlanta.
«Esa ley no hace más que ejercer la autoridad soberana inherente de Florida para proteger a sus ciudadanos ayudando a hacer cumplir la ley federal de inmigración», escribió el fiscal general en su escrito judicial.
En su orden judicial preliminar del martes, Williams dijo que existe una «probabilidad sustancial» de que la ley SB4-C sea inconstitucional.
La jueza dijo que su fallo se aplica a todos los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley en Florida, así como a cualquier «oficial, agente, empleado, abogado y cualquier persona que esté en concierto o participe activamente» con las fuerzas del orden del estado.
Uthmeier había enviado una carta el 23 de abril a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Florida en la que les informaba que «ninguna orden legal y legítima impide actualmente a [sus] organismos seguir haciendo cumplir» la ley.
Williams fijó un plazo y una audiencia en mayo para que el fiscal general del estado demuestre por qué no debe ser declarado en desacato por enviar la carta.
«Los acusados deben estar preparados para discutir por qué no deben imponerse sanciones al fiscal general Uthmeier por no cumplir con una orden judicial», escribió la juez.
La ley considera delito menor de primer grado que un inmigrante ilegal mayor de 18 años entre o intente entrar a sabiendas en Florida después de eludir a las autoridades federales de inmigración. El delito conlleva una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión.
Las condenas posteriores se convierten en delitos graves de tercer grado, con una pena mínima obligatoria de un año y un día de prisión, y de dos años tras 2 o más condenas adicionales.
La Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y dos demandantes individuales presentaron una demanda colectiva contra el estado a principios de abril, acusando a Florida de crear sus «propios delitos de inmigración, completamente al margen del sistema federal de inmigración».
«La policía estatal detendrá a los no ciudadanos por estos delitos de entrada y reingreso; los fiscales estatales presentarán cargos en las cortes estatales; y los jueces estatales determinarán la culpabilidad e impondrán las sentencias. El gobierno federal no tiene ningún control ni ningún papel en estas detenciones y enjuiciamientos», escribieron los demandantes.
El 4 de abril, la jueza dictó una orden de restricción temporal de 14 días, pocos días después de que los demandantes presentaran la demanda. Tras conocer que la Patrulla de Carreteras de Florida había detenido a más de una docena de personas en aplicación de la ley, entre ellas un ciudadano estadounidense, amplió su orden por otros 11 días.
Uthmeier envió primero un memorándum el 18 de abril a los agentes del orden estatales y locales en el que les pedía que suspendieran la aplicación de la ley a pesar de su desacuerdo con la orden judicial. Cinco días después, envió otra carta a los funcionarios en la que les decía que la jueza se había equivocado jurídicamente y que él no podía impedirles aplicar la ley, lo que provocó la audiencia de mayo ante Williams.
En su escrito del miércoles, Uthmeier argumentó que su oficina probablemente tendría éxito en la defensa de la ley porque es coherente con los estatutos federales y porque cree que los demandantes carecen de legitimación.
Los demandantes argumentaron en su demanda que la ley de Florida viola la cláusula de supremacía de la Constitución al sobrepasar la autoridad federal en materia de control de la inmigración.
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