Un juez federal advirtió a la administración Trump que no utilice una reciente orden ejecutiva sobre las llamadas jurisdicciones santuario para eludir el bloqueo que ya impuso a órdenes similares relacionadas con la financiación de esas jurisdicciones.
Las jurisdicciones santuario son municipios que se niegan a cooperar con el gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración.
"El litigio no puede avanzar con la amenaza coercitiva de poner fin a toda la financiación federal pendiendo sobre las cabezas de las ciudades y condados como una espada de Damocles", señaló el juez federal de distrito William Orrick en un dictamen emitido el 9 de mayo.
Orrick afirmó que esa fue una amenaza que la administración formuló mediante dos órdenes ejecutivas en enero y febrero. Después de que Orrick bloqueara dichas órdenes en abril, el presidente Donald Trump firmó otra orden ejecutiva que ordenaba a los jefes de departamento identificar "fondos federales apropiados para las jurisdicciones santuario, incluyendo subvenciones y contratos, para su suspensión o rescisión, según corresponda".
Su orden se produjo en respuesta a una solicitud de varias ciudades y condados, que argumentaban que la nueva orden de Trump "reincorpora las mismas amenazas inconstitucionales de financiamiento prohibidas por [la orden preliminar de Orrick]".
El Departamento de Justicia respondió informando a Orrick el 7 de mayo que su solicitud buscaba "limitar el proceso deliberativo del Poder Ejecutivo respecto a las decisiones de financiamiento federal y su revisión interna del cumplimiento de la ley federal por parte de los gobiernos estatales y locales". Añadió que los condados y las ciudades actuaron de forma prematura porque la orden de Trump "exige un proceso de evaluación y no se vio afectada la financiación".
Orrick afirmó que identificar fondos de forma específica no violaría su mandato judicial de abril ni la Constitución. Un enfoque más amplio, afirmó, sí lo haría. Más específicamente, afirmó que el gobierno no podía destinar fondos específicos solo por el hecho de que las jurisdicciones santuario los recibieran. La administración tampoco podía destinar fondos federales a todos los fondos que recibían las jurisdicciones santuario.
Sus comentarios se produjeron mientras Trump buscaba múltiples vías para imponer consecuencias financieras y legales a las jurisdicciones santuario.
Su reciente orden, emitida cuatro días después de la orden judicial de Orrick, acusó a los estados de una "insurrección ilegal contra la supremacía de la ley federal y la obligación del Gobierno Federal de defender la soberanía territorial de Estados Unidos".
Trump también denunció repetidamente las jurisdicciones, a las que llamó "trampas mortales" en una publicación de TruthSocial citada por Orrick. En dicha publicación, Trump afirmó que buscaba retener todos los fondos federales. La Casa Blanca también publicó una hoja informativa en su orden ejecutiva de abril, en la que afirmaba que Trump estaba "cumpliendo su promesa de eliminar las ciudades santuario de Estados Unidos".
Orrick afirmó que estas declaraciones no "inspiraban confianza" en que la administración simplemente identificaría fondos para su eliminación.
"Las acciones, comunicaciones y declaraciones del presidente Trump sobre las jurisdicciones santuario dejaron perfectamente claro que su objetivo final es su eliminación; las directivas de las agencias ejecutivas de su administración matizaron sus expresiones (a menudo informales)", declaró el juez de California.
Según la orden más reciente de Trump, la Fiscal General Pam Bondi debe colaborar con la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para publicar la lista en un plazo de 30 días y notificar a las jurisdicciones sobre su incumplimiento de la ley federal de inmigración.
Otras disposiciones instruyeron a los dos jefes de departamento a tomar medidas para detener las prácticas que favorecían a los inmigrantes indocumentados en detrimento de los estadounidenses, así como a garantizar que se realice la verificación de elegibilidad adecuada para las personas que reciben beneficios públicos federales.
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