Estados Unidos comenzó a procesar a inmigrantes ilegales por presuntamente cruzar a una zona militar restringida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, según documentos judiciales presentados el 28 de abril.
Unos 28 inmigrantes ilegales han sido acusados de ingreso ilegal y de "violaciones a las normas de seguridad" por ingresar a un área de defensa nacional "restringida y controlada" de Nuevo México, según los documentos judiciales.
La zona militar recién creada incluye la Reserva Roosevelt, un corredor de 60 pies de ancho propiedad del gobierno federal que abarca la frontera en California, Arizona y Nuevo México.
El Departamento del Interior transfirió el control de casi 110,000 acres de tierras federales a lo largo de la frontera al Ejército el 15 de abril, otorgando al ejército el control de la zona fronteriza por tres años.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió la semana pasada que cualquier intento no autorizado de ingresar al área de defensa nacional, anteriormente conocida como la zona anexa de Fort Huachuca, conduciría a un arresto.
"Cualquier intento ilegal de entrar a esa zona equivale a entrar en una base militar, un área federal protegida", declaró en un mensaje de video el 25 de abril durante su visita a la zona. "Serán detenidos. Serán interceptados por las tropas estadounidenses y la Patrulla Fronteriza, que trabajan conjuntamente".
Hegseth dijo que esto solo era la primera fase, ya que el Departamento de Defensa planea expandir las zonas militares a lo largo de la frontera con Estados Unidos para fortalecer aún más la seguridad fronteriza.
"Si usted ha intentado eludirla, eso es evadir a las fuerzas del orden, al igual que lo haría en cualquier otra base militar. Si se suman los cargos por los delitos menores y graves de los que se le pueden acusar, podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión si es procesado", añadió.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene jurisdicción sobre los cruces fronterizos ilegales en el área y las tropas entregarán a los inmigrantes ilegales que detengan los agentes de la Patrulla Fronteriza, según el Departamento de Defensa.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México ha expresado su preocupación por la creación de una zona de amortiguación militarizada, calificándola de "peligrosa erosión del principio constitucional".
"No queremos zonas militarizadas donde los residentes fronterizos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, puedan ser procesados simplemente por estar en el lugar equivocado. Así no queremos relacionarnos con nuestros vecinos", declaró Rebecca Sheff, abogada principal del grupo, en un comunicado del 22 de abril.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Defensa para solicitar comentarios sobre las preocupaciones de la ACLU, pero no recibió respuesta al momento de esta publicación.
El presidente Donald Trump emitió un memorándum el 11 de abril autorizando a las fuerzas armadas a tomar el control del territorio para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico. Declaró una emergencia nacional en la frontera sur tras asumir el cargo el 20 de enero, ordenando el despliegue de las fuerzas armadas para apoyar las labores de seguridad fronteriza.
Según la declaración, se ordenó a Hegseth y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomar "todas las medidas apropiadas" para construir más barreras físicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
"Nuestra frontera sur está bajo ataque por diversas amenazas", escribió Trump en el memorándum del 11 de abril. "La complejidad de la situación actual exige que nuestras fuerzas armadas asuman un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur que en el pasado reciente".
Reuters contribuyó a este artículo.
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