Los abogados de la administración Trump presentaron una solicitud de emergencia a la Corte Suprema de Estados Unidos en un intento de revocar el estatus migratorio temporal de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
En una solicitud de emergencia el jueves, el Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, escribió en nombre del gobierno que los nueve jueces deberían suspender la decisión de un juez federal que detuvo la decisión del gobierno de terminar la libertad condicional de inmigración que se otorgó a los individuos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses bajo la administración Biden.
En su presentación ante la Corte Suprema, los abogados del Departamento de Justicia encabezados por Sauer argumentaron que la orden de la corte inferior había revertido "políticas migratorias críticas que están cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal", deshaciendo esencialmente "políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre" y que permitieron que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca.
A partir de 2022, el gobierno de Biden permitió a los venezolanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos presentar una solicitud de libertad condicional de dos años si aprobaban ciertas verificaciones de antecedentes y contaban con un patrocinador financiero. Posteriormente, esta medida se amplió a ciudadanos haitianos, cubanos y nicaragüenses.
Alrededor de 530,000 personas obtuvieron libertad condicional a través de esta política, lo que les permitió vivir y trabajar en Estados Unidos, antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero, dijeron anteriormente funcionarios de Seguridad Nacional.
La nueva solicitud de la administración Trump argumentó que las cortes no tienen jurisdicción para anular las revocaciones de los estatus migratorios de esas personas por parte de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
"Al hacerlo, la corte de distrito realizó la misma revisión que el Congreso prohibió, alterando innecesariamente políticas migratorias cruciales que están cuidadosamente calibradas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas centrales del Poder Ejecutivo y deshaciendo políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.
Sólo la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 otorgan a Noem y a los demás poderes ejecutivos, y "no a las cortes", la "tarea de decidir si es de interés público permitir que permanezcan en el país hasta 532,000 extranjeros que nunca fueron admitidos, fueron puestos en libertad condicional en masa y no han sido inspeccionados", afirma la solicitud.
Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha presentado múltiples solicitudes de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, argumentando que los jueces de cortes inferiores están ejerciendo un control desmesurado sobre el poder ejecutivo, violando la cláusula de separación de poderes de la Constitución.
La jueza federal de distrito Indira Talwani, que presta servicios en Boston, bloqueó la terminación del programa de libertad condicional de Noem el 14 de abril. A principios de esta semana, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. se negó a intervenir en el caso, lo que provocó la apelación de Sauer ante la corte más alta el jueves.
Trump exigió el fin de estos programas en una orden ejecutiva firmada el 20 de enero, su primer día de regreso al cargo. El Departamento de Seguridad Nacional decidió cancelar los programas en marzo, incluyendo la reducción de las concesiones de libertad condicional de dos años para unas 400,000 personas.
La administración dijo en documentos judiciales que revocar el estatus de libertad condicional facilitaría colocar a los extranjeros en un proceso de deportación rápida conocido como "deportación acelerada".
Los demandantes, un grupo de personas con libertad condicional y sus patrocinadores, demandaron a funcionarios de la administración, argumentando que el gobierno violó la ley federal que rige las acciones de las agencias. En abril, Talwani escribió que la ley que rige dicha libertad condicional no permitía la cancelación total del programa, sino que exigía una revisión caso por caso.
Justice Action Center, el grupo sin fines de lucro de derechos de los inmigrantes que representa a los beneficiarios de libertad condicional humanitaria en el caso, dijo en una declaración después del fallo de la corte de apelaciones a principios de esta semana que "ahora la administración Trump debe cumplir con su parte del trato".
Reuters contribuyó a este artículo.
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