La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, anunció el jueves la presentación de cargos contra cinco personas que no son ciudadanas, acusadas de votar en las elecciones generales de 2024, y contra una ciudadana estadounidense acusada de inscribir a su cónyuge, quien no es ciudadano, en el padrón electoral.
Los cargos se presentan tras una investigación estatal de 38 casos sospechosos de voto por parte de personas que no son ciudadanas o de conductas relacionadas, ocurridos entre 2009 y 2025.
"En mi oficina, siempre nos hemos tomado muy en serio los delitos electorales y procesamos los ataques contra nuestros sistemas de votación con todo el peso de la ley", dijo la Sra. Nessel en un comunicado del 13 de agosto.
"Estos cargos reflejan la gravedad de las acusaciones, la inviolabilidad de nuestra democracia y las enormes consecuencias de votar ilegalmente —ya sea para intentar 'poner a prueba' las medidas de seguridad o para que un voto ilegal cuente'".
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La fiscal general de Míchigan, del Partido Demócrata, presentó cargos contra seis personas por delitos relacionados con las elecciones.
Entre ellas se encuentra Kimberley DiDonato, de 60 años, acusada de falsificación electoral y de utilizar una computadora para cometer un delito; ambos son delitos graves.
En el comunicado, la Fiscalía General alegó que DiDonato, haciéndose pasar por su esposo —quien no es ciudadano— dijo falsamente que él era ciudadano estadounidense, proporcionó la información de identificación de su esposo y lo inscribió para votar en internet en abril de 2024.
Tras recibir una tarjeta de registro electoral a nombre de su esposo, DiDonato se comunicó con el secretario electoral local para cancelar la inscripción en mayo de ese año, según se alega además en el comunicado.
DiDonato dijo que su intención era poner a prueba el sistema de registro para detectar vulnerabilidades ante personas no elegibles para registrarse como votantes, según el comunicado.
Alondra Harker, de 26 años, que cuenta con permiso de residencia de plazo limitado aunque no es ciudadana estadounidense y, por lo tanto, no tiene derecho a votar en ninguna elección estatal ni federal, enfrenta un cargo por delito menor de registro electoral fraudulento.
Harumi Michael, de 60 años, residente permanente legal pero que no es ciudadana estadounidense, está acusada de dos delitos graves de falsificación electoral, un delito grave por intento de votar por parte de una persona no habilitada y un delito menor por realizar una declaración falsa al registrarse como votante.
Michael Akioya, de 39 años, residente permanente legal, aunque no es ciudadano estadounidense, enfrenta dos cargos por delitos menores por realizar declaraciones falsas en la documentación del voto por correo.
Robert Piva, de 67 años, también residente permanente legal, enfrenta cargos por delitos graves de perjurio electoral e intento de votar por parte de una persona no habilitada, además de un cargo por delito menor de registro fraudulento.
Basanth Sadasivian, de 29 años, quien reside en el Reino Unido, está acusado de un cargo por delito grave de intento de votar por parte de una persona no habilitada.
Se alega que Sadasivian se inscribió para votar en 2024 por correo electrónico a través del sistema Federal Post Card Application (FPCA), utilizando una dirección local, y votó bajo ese mismo sistema federal en las elecciones generales de 2024. Sadasivian está acusado de un cargo por infringir la Ley Electoral.
En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que endureció los requisitos de verificación de ciudadanía para la inscripción electoral. La orden también ordenó a los funcionarios federales que tomaran medidas para garantizar que los inmigrantes ilegales y los no ciudadanos no votaran en las elecciones federales.
Sin embargo, algunas partes de la orden están bloqueadas.
El 11 de agosto, un juez federal de Boston amplió un bloqueo ordenado por la corte para endurecer las normas de votación por correo antes de las elecciones de mitad de período, prohibiendo al Servicio Postal de EE. UU. llevar a cabo las directivas del presidente en todo el país.
"Si bien la cuestión de si un residente determinado es ciudadano puede parecer sencilla, algunos casos presentan matices inesperados", señaló Nessel.
Dijo que el gobierno federal "no siempre ha brindado un acceso fácil o abierto a ciertos registros de ciudadanía necesarios, por lo que nuestros investigadores tuvieron que dedicar una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a conseguir la cooperación de las agencias federales".
"Estos retrasos contribuyeron de manera significativa a nuestro plazo de revisión", agregó.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con los abogados de Akioya y Harker para recabar sus comentarios. No quedó claro de inmediato si los otros cuatro contaban con representantes legales que pudieran pronunciarse en su nombre.
Con información de Jill McLaughlin
