Una jueza de una corte federal de distrito bloqueó parcialmente una ley de California que prohíbe a los agentes del orden público llevar cubrebocas en una sentencia del 9 de febrero, al considerar que la ley discriminaba a los agentes federales.
La jueza del tribunal de distrito Christina Snyder falló a favor de la administración Trump, prohibiendo al estado aplicar su Ley contra la Policía Secreta —que estaba previsto que entrara en vigor a principios de este año— a los agentes del orden público federales.
El gobierno federal demandó a California, impugnando la ley, así como otra ley, la Ley contra los Justicieros, que exige a los agentes federales llevar identificación. Snyder dictaminó que la segunda ley no era discriminatoria.
California había acordado suspender la aplicación de las leyes, que entraron en vigor el 1 de enero, mientras la administración Trump las impugnaba ante los tribunales.
La fiscal general Pam Bondi elogió la decisión del tribunal el 9 de febrero.
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"Estos agentes federales son acosados, expuestos, obstaculizados y atacados de forma habitual solo por hacer su trabajo", publicó Bondi en X. "No lo toleramos. Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y siempre respaldaremos a nuestros grandes agentes federales".
El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó ambos proyectos de ley el año pasado en respuesta a las operaciones federales de control de la inmigración en el estado.
La Ley contra la Policía Secreta prohibía que cualquier agente de las fuerzas policiales usara algo que cubriera su rostro mientras desempeñaba sus funciones oficiales, a menos que la agencia que empleaba al agente tuviera una política al respecto. Se hicieron algunas excepciones para los equipos SWAT y en otros casos.
La Ley contra los Vigilantes exige que cualquier agente de las fuerzas del orden que opere en el estado muestre de forma visible una identificación que indique su agencia y su nombre o número de placa cuando esté trabajando.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) argumentó que las dos leyes estatales violaban la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que, si las leyes estatales entran en conflicto con las federales, estas últimas tienen prioridad. El departamento también argumentó que las leyes violaban la doctrina de inmunidad intergubernamental, que impide que los gobiernos federal y estatal interfieran en las operaciones del otro.
El DOJ argumentó que prohibir cubrirse el rostro y exigir la identificación ponía en riesgo la seguridad de los agentes, ya que los delitos violentos contra los agentes federales de inmigración se han disparado en los últimos meses.
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) montan guardia frente al edificio federal y centro de detención Edward R. Roybal mientras los manifestantes protestan en Los Ángeles, el 2 de agosto de 2025. (Apu Gomes/Getty Images)Snyder consideró que la Ley contra la Policía Secreta no se aplicaba por igual a todos los agentes del orden del estado y, por lo tanto, "discrimina ilegalmente a los agentes federales", según su fallo.
"Dado que dicha discriminación viola la cláusula de supremacía, el tribunal se ve obligado a prohibir la prohibición de cubrirse el rostro. California no puede aplicar la prohibición de cubrirse el rostro de la Ley contra la Policía Secreta, SB 627... a los agentes federales", dictaminó.
La jueza denegó las demás impugnaciones del gobierno federal.
La ley estatal ya estaba recibiendo el rechazo de la mayor agencia policial metropolitana del estado. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que sus agentes no la aplicarían.
"La realidad de que una agencia armada se acerque a otra agencia armada para crear un conflicto por algo que, en el mejor de los casos, sería un delito menor —o una infracción— no tiene ningún sentido. No es una buena decisión de política pública y, en mi opinión, no está bien pensada", dijo McDonnell durante una conferencia de prensa el 29 de enero.
El fiscal general de California, Rob Bonta, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo.
