El exjefe de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Derek Maltz instó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a usar los recursos militares de Estados Unidos para terminar con los cárteles de la droga.
“Espero que México, Claudia Sheinbaum, considere algún día solicitar inteligencia, vigilancia, logística y otros recursos especializados del ejército estadounidense, en plena coordinación con México y respetando su soberanía, para ayudar a aniquilar a los cárteles del TERROR”, declaró Maltz en un breve comunicado a través de X el 21 de septiembre.
El exfuncionario recordó que la presidenta de México ha rechazado públicamente la intervención militar del país norteamericano, pero sí está a favor de la colaboración bilateral en materia de seguridad.
“Por la seguridad y salvaguarda de Estados Unidos y México, esperemos que deje de anteponer la política a la seguridad pública y nacional. ¡El mundo sería mucho más seguro si los cárteles del TERROR fueran neutralizados!”, enfatizó Maltz.
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Agregó que una parte fundamental para lograr la disolución de estas organizaciones criminales es diezmar las redes de protección que los sustentan. Señaló que “los funcionarios y políticos corruptos que apoyan conscientemente las operaciones de los cárteles deben ser investigados, procesados y rendir cuentas”.
En este marco, el exfuncionario ha manifestado abiertamente su postura sobre la rendición de cuentas por parte de los actores políticos que tengan algún nexo con el crimen organizado.
En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el gobierno estadounidense por presuntamente mantener vínculos con el narcotráfico, al igual que una decena más de funcionarios y exfuncionarios de alto rango de Sinaloa, a principios de septiembre Maltz instó a la presidenta Sheinbaum a extraditar al gobernador para que enfrente la justicia estadounidense.
“Los funcionarios públicos a los que se les confía la protección de los ciudadanos deben rendir cuentas cuando la evidencia respalda cargos penales. Que se presenten las pruebas, que el debido proceso funcione y que prevalezca la justicia”, enfatizó el exfuncionario.
“México, haz lo correcto: envía a Rocha a los Estados Unidos para que enfrente los cargos y reciba un juicio justo bajo el estado de derecho”, agregó.
Derek Maltz —con una trayectoria de 28 años en la DEA y quien estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Antidrogas de Nueva York, considerada la más antigua y grande de todo Estados Unidos— fue designado como administrador interino de la agencia por el presidente Donald Trump el 21 de enero de 2025, cargo que desempeñó hasta principios de mayo de ese mismo año.
La postura de Maltz se alinea con la estrategia que mantiene la agencia antidrogas para investigar y perseguir a los servidores públicos que, según las indagatorias de Estados Unidos, colaboran de manera activa con la delincuencia organizada.
Esta línea de acción fue ratificada por el actual titular de la DEA, Terry Cole, quien advirtió el pasado 29 de agosto que la institución irá tras aquellos funcionarios corruptos que traicionen al pueblo para anteponer los intereses de los cárteles.
En declaraciones a The Epoch Times, el DOJ afirmó que ratifica la acusación formal contra Rocha Moya, asegurando que presentará "pruebas claras" durante el juicio.
"Ratificamos la acusación formal y presentaremos pruebas claras en el juicio", declaró el DOJ en un correo electrónico a The Epoch Times en Español, el 8 de mayo.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas aseguran que Estados Unidos no ha remitido ninguna notificación sobre una orden de aprehensión con fines de extradición en contra del gobernador Rubén Rocha Moya ni del resto de los funcionarios implicados.
El caso contra el gobernador y otros nueve altos funcionarios de Sinaloa se originó tras la acusación formal emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa a finales de abril.
Dos semanas después de hacerse públicos los señalamientos, dos de los implicados —los exsecretarios estatales Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz— se entregaron a las autoridades estadounidenses. De manera paralela, en México, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación oficial que ya derivó en una primera comparecencia por parte de los acusados restantes.
Desde el anuncio de las imputaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura enfocada en la exigencia de pruebas.
Sin embargo, el 21 de agosto, Rocha Moya anunció su regreso a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, pero al día siguiente solicitó nuevamente licencia por tiempo indefinido. La decisión ocurrió después de que Sheinbaum advirtiera que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación” y señalara que México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, aunque la responsabilidad ante la Nación es permanente.
Con información de Eduardo Tzompa y Alicia Márquez.
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