Una coalición de 21 fiscales generales presentó el martes una demanda contra la Administración Trump para impedir que el Departamento del Tesoro exima a la mayoría de las empresas de la obligación de facilitar información sobre la titularidad, alegando que el cambio normativo es ilegal y obstaculizará la labor de las fuerzas del orden.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, presentó la demanda ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en Oregón.
La demanda sostiene que el cambio normativo vacía de contenido una ley que ayudaba a la policía y a la fiscalía a detener a los blanqueadores de dinero, los estafadores y los evasores fiscales, al exigir a las empresas que informaran al gobierno federal sobre quiénes son los propietarios y quienes ejercen el control de las mismas.
Cuando el Ministerio de Hacienda anunció la revocación en agosto, dijo que quería reducir las cargas que soportan las pequeñas empresas y los contribuyentes nacionales.
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El ministro de Hacienda, Scott Bessent, calificó el cambio normativo como una "victoria del sentido común", al eliminar "un oneroso requisito de información para millones de empresarios que cumplen con la ley sin poner en peligro nuestra seguridad nacional".
La oficina de Bessent no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.
Rayfield dijo en un comunicado de prensa del martes que "la administración federal ha dado luz verde a todo tipo de delincuentes".
El Congreso aprobó la Ley de Transparencia Corporativa en 2021 para crear una base de datos del Ministerio de Hacienda sobre los propietarios de empresas, que las fuerzas del orden pudieran utilizar para localizar a los delincuentes, señaló Rayfield.
La demanda alega que la exención del Ministerio de Hacienda infringió la Ley de Transparencia Corporativa y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los fiscales generales también dicen que el Tesoro se saltó los pasos obligatorios antes de modificar la norma, actuó de forma arbitraria y sin una explicación razonable, y no consultó debidamente al secretario de Seguridad Nacional ni al fiscal general de EE. UU. antes de eximir a casi todas las empresas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que los requisitos de información tenían por objeto ayudar a las fuerzas del orden a localizar a los delincuentes que ocultan activos en sociedades ficticias.
"Estas cuentas anónimas se utilizan a menudo para actividades ilegales, como el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas o para ocultar sobornos o comisiones ilegales por parte de cárteles y delincuentes", dijo en un comunicado de prensa.
Entre los estados que han demandado al Gobierno se encuentran California, Oregón, Illinois, Arizona, Colorado, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Virginia, Washington y Wisconsin. El Distrito de Columbia también se ha sumado a la demanda.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, que recopila y analiza transacciones para combatir la delincuencia, adelantó la exención mediante la publicación de una norma definitiva provisional el 21 de marzo de 2025.
La norma redujo los requisitos de información existentes para exigir únicamente a las entidades previamente definidas como "empresas extranjeras sujetas a obligación de información" que comuniquen la información sobre la titularidad real a la Red de Control de Delitos Financieros.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. en Washington, el 28 de junio de 2026. (Al Drago/Getty Images).En virtud de la nueva normativa, la mayoría de las empresas nacionales —más del 99.9 %— están exentas de los requisitos de información y no tienen que comunicar a la oficina datos sobre la titularidad real ni actualizar los datos de titularidad comunicados anteriormente.
El Tesoro también está eliminando toda la información previa sobre la titularidad de la base de datos del departamento.
La organización sin ánimo de lucro Americans for Financial Reforms, creada a raíz de la crisis económica de 2008, aplaudió la decisión de los fiscales generales estatales.
"La revocación por parte de la Administración Trump de las normas de la Ley de Transparencia Corporativa fue un regalo para los estafadores y los actores corruptos de todo el mundo", dijo Mark Hays, director adjunto del grupo para criptomonedas.
El Capitolio de EE. UU. el 22 de abril de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).La Asociación Nacional de Pequeñas Empresas (NSBA), que representa a más de 65,000 propietarios de pequeñas empresas y emprendedores de todo el país, calcula que el cumplimiento de la ley supuso a los propietarios de pequeñas empresas un costo medio de casi 8000 dólares solo durante el primer año. Las infracciones deliberadas podrían acarrear multas de hasta 10,000 dólares y penas de prisión de hasta dos años.
La NSBA apoyó firmemente las exenciones del Tesoro, calificando los cambios de "grandes victorias".
La asociación lleva impugnando la ley original desde 2022 y, en abril, solicitó a la Corte Suprema que examinara su constitucionalidad a la luz de la Cláusula de Comercio y la Cuarta Enmienda, pero los magistrados se negaron a admitir a trámite el recurso el 5 de octubre.
La Ley de Transparencia Corporativa sigue siendo una "preocupación constante" para las pequeñas empresas, a pesar de la decisión del Tesoro de eliminar los requisitos de información, según la NSBA, "porque, como hemos visto en repetidas ocasiones, los vientos pueden cambiar y las declaraciones normativas pueden revocarse fácilmente".
