Los demócratas y los republicanos despliegan abogados, supervisores de votación y observadores electorales de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, preparándose para posibles disputas sobre la forma en que se emiten y contabilizan los votos.
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (D-NY), está estableciendo una "sala de operaciones" para coordinar la respuesta de los demócratas ante cualquier intento del presidente Donald Trump de impugnar los resultados. En una carta enviada el 30 de octubre a los demócratas del Senado, Schumer señaló que dicha sala servirá como centro de coordinación tras el día de las elecciones. Conectará las oficinas de los senadores, a los demócratas de la Cámara de Representantes, a aliados externos y a abogados, con el fin de que todos compartan la misma información y mantengan un mensaje unificado.
"No sabemos cuánto tiempo durará este proceso legal; pero, ya sea cuestión de días, semanas o varios meses, estaremos preparados para enfrentarnos a [Trump] en cada paso del camino", escribió Schumer.
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Schumer señaló que el Grupo de Trabajo para la Protección Electoral de los demócratas en el Senado dedicará la jornada electoral a supervisar los informes provenientes de los observadores electorales del Senado en todo el país. La información recabada se compartirá con los senadores a través del Comité de Reglas del Senado.
Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, afirmó en una entrevista el 1 de noviembre en el programa "The Hill Sunday" de NewsNation que prevé la presentación de demandas tras los comicios y aseguró que el partido está preparado para proteger tanto los resultados como el proceso de votación.
Martin criticó a Trump y elogió a los administradores electorales y secretarios de Estado de ambos partidos, expresando su confianza en que las elecciones serán libres y justas.
Los partidos demócratas a nivel estatal han capacitado a aproximadamente 10,000 voluntarios para supervisar los centros de votación y reportar cualquier inquietud relacionada con la presencia de agentes federales.
"El RNC [Comité Nacional Republicano] desarrolló una de las operaciones de integridad electoral más grandes en la historia del partid"», declaró a The Epoch Times Ally Triolo, directora de comunicaciones sobre integridad electoral del RNC. "Gracias a una cifra récord de reclutamiento de personal para los centros de votación, despliegues estratégicos en estados clave y una red nacional de voluntarios, abogados y observadores electorales, estamos fortaleciendo la confianza de los votantes y garantizando que cada voto legal sea contabilizado".
El RNC informó que cuenta con cerca de 21,500 trabajadores electorales inscritos en todo el país, personal dedicado a la integridad electoral desplegado en 22 estados prioritarios y más de 180 casos activos relacionados con la integridad electoral en 37 estados. Asimismo, indicó que sus equipos supervisarán aspectos como el acceso de los observadores, los horarios de votación, el recuento de papeletas, la identificación de los votantes y las normas aplicables al voto por correo. El RNC señaló que no hace comentarios sobre posibles litigios hipotéticos y que cualquier respuesta legal dependerá de los hechos concretos y de la legislación estatal vigente.
El Departamento de Justicia contará con cerca de 1000 observadores electorales en condados de los 50 estados, según informó el 30 de octubre Kiersten Pels, portavoz del Departamento, a The Epoch Times. Pels señaló que los observadores se dedicarán a supervisar y reportar posibles infracciones de la ley federal —cuestiones que el Departamento examinará tras la jornada electoral— y subrayó que tienen prohibido interferir en el proceso de votación.
"La observación electoral es una práctica de larga data que se remonta a la década de 1960", afirmó Pels.
Asimismo, indicó que la administración Biden desplegó más de 700 observadores para las elecciones de 2024.
El 20 de octubre, Schumer, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-NY), el Comité de Campaña Senatorial Demócrata, el Comité de Campaña Congresional Demócrata y la Asociación de Gobernadores Demócratas presentaron una demanda contra Trump, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional. La demanda busca impedir que la administración presione, presuntamente, a los estados para que eliminen a votantes de los registros electorales o anulen papeletas de voto.
El juez presidente James Boasberg, de la corte federal para el Distrito de Columbia, declaró que emitiría una resolución antes del 2 de noviembre sobre la solicitud de una orden de restricción temporal. Al momento de la publicación, Boasberg aún no se había pronunciado al respecto.
En virtud de otra orden distinta, el gobierno reveló, mediante un documento judicial presentado el 30 de octubre, que el Departamento de Justicia había enviado requerimientos formales a los estados de California y Washington, y que el Departamento de Seguridad Nacional había remitido comunicaciones a California, Nevada, Pensilvania y Nueva Jersey.
El 1 de noviembre, un juez federal desestimó la demanda presentada por el Departamento de Justicia, la cual buscaba impedir la certificación de los resultados para el Senado en Alaska —en el supuesto de que el senador republicano Dan Sullivan perdiera por un margen inferior al número de votos emitidos a favor de otro candidato que también se llama Dan Sullivan—, al determinar que el Departamento carecía de legitimación procesal para interponer dicha acción. Poco después, el Departamento de Justicia presentó un aviso de apelación.
El 2 de noviembre, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que ordenara a California apartar aproximadamente 20,000 votos por correo que, según el Departamento, probablemente pertenecen a personas que no son ciudadanas estadounidenses; esta petición había sido rechazada previamente por un juez federal y una corte de apelaciones. Las autoridades de California cuestionan la exactitud de la lista presentada por el Departamento.
Con información de Jack Phillips, Zachary Stieber, Matthew Vadum y The Associated Press.
