El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró el domingo que la expiración de una disposición clave de la ley de vigilancia se produce cuando el nivel de amenaza terrorista en Estados Unidos es "el más alto de la historia". Instó a los miembros del Congreso a aprobar una medida para extenderla.
El 12 de junio, el Congreso no logró aprobar una extensión de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite la vigilancia sin orden judicial de personas no estadounidenses que residen en el extranjero.
Cuando se le preguntó en una entrevista con Fox News sobre la expiración de la Sección 702, Mullin afirmó que dicha expiración implica que el gobierno federal enfrentará más trámites burocráticos para monitorear a posibles terroristas.
"Cuando digo que arrestamos terroristas todas las semanas, no exagero. No se trata de personas que cruzan nuestra frontera, sino de personas que aún se encuentran dentro del país", declaró Mullin a Fox News en una entrevista el domingo.
Mullin mencionó la seguridad en torno a los partidos de la Copa Mundial que se disputan en ciudades de todo Estados Unidos, así como los eventos que celebran el 250 aniversario del país.
"Recordemos que, solo con la FIFA… tenemos 78 partidos contra 11 ciudades en 38 días, lo que equivale a 78 Super Bowls. Además, está el 250 aniversario de la libertad, con toda la actividad que conlleva, una enorme cantidad de colaboración local que debe llevarse a cabo, y no todos cuentan con los recursos", afirmó.
Durante la sesión del Congreso del 12 de junio, 19 republicanos y casi todos los demócratas rechazaron una medida provisional para extender la Sección 720 de la FISA. El Senado intentó aprobar sus propias versiones, pero también fracasó, lo que redujo las posibilidades de evitar lo que sería una inusual laguna en las facultades de espionaje. La ley expiró a finales de la semana pasada.
El senador Tom Cotton (R-AR), presidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el senador Chuck Grassley (R-IA), presidente del Comité Judicial del Senado, advirtieron al gobierno que se preparara para una posible brecha significativa en la recopilación de inteligencia extranjera.
Algunos demócratas declararon que no extenderían la medida debido a la decisión del presidente Donald Trump de nombrar a Bill Pulte, director de una agencia federal de vivienda, como director interino de inteligencia nacional, luego de que la directora saliente, Tulsi Gabbard, anunciara su renuncia para estar con su esposo, a quien se le diagnosticó un tipo raro de cáncer.
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La semana pasada, Trump anunció que nominaría a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), como director permanente de la oficina de inteligencia. Días antes, el presidente había expresado su deseo de que Pulte despidiera a un número significativo de empleados de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, muchos de los cuales provenían de administraciones anteriores.
El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (D-NY), declaró: "Pulte tiene que irse". Añadió: "No puede ocupar el cargo de Director de Inteligencia Nacional. Es demasiado importante", cuando un periodista le preguntó sobre Clayton la semana anterior.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-NY), también culpó a los republicanos y a la administración Trump por la interrupción de la aplicación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) la semana pasada. Afirmó que Trump debería "sentarse a la mesa de negociaciones y demostrar liderazgo para que podamos reanudar las conversaciones de buena fe sobre la mejor manera de extender la autoridad de vigilancia", e indicó además que el nombramiento de Pulte como director interino de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional es inaceptable para él.
La Sección 702 de la FISA permite a agencias como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI recopilar comunicaciones de objetivos extranjeros en el extranjero sin una orden judicial. Si bien miembros de ambos partidos que citan problemas de privacidad relacionados con la recopilación incidental de datos de ciudadanos estadounidenses han deseado durante mucho tiempo limitar su autoridad, históricamente ha habido apoyo bipartidista para renovarla.
Con información de The Associated Press.
