Las autoridades de Florida informaron el jueves de que se han presentado cargos contra 20 personas por fraude electoral.
Entre los imputados se encuentran 16 personas sin la ciudadanía estadounidense acusadas de declarar falsamente que eran ciudadanos de EE. UU. para inscribirse y votar, y cuatro personas condenadas por delitos graves que, supuestamente, se inscribieron y votaron mientras aún se encontraban en libertad condicional, según la oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier.
Uthmeier afirmó durante una rueda de prensa que 12 de las 20 personas imputadas ya se encuentran detenidas.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto de ley del Senado n.º 524 en abril de 2022, con el que se refuerzan las normas electorales y se crea la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad para investigar el fraude en el estado. La ley también exige a los supervisores electorales de los condados que revisen y actualicen anualmente los censos electorales del estado.
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Uthmeier afirmó que los últimos casos elevaron a más de 100 el número de procesos judiciales relacionados con el fraude electoral en Florida desde que DeSantis promulgara el proyecto de ley.
"Florida no permitirá que nadie robe el voto de los estadounidenses en las urnas", declaró Uthmeier en un comunicado. "Estos acusados juraron que eran electores cualificados, emitieron su voto en nuestras elecciones y, posteriormente, confirmaron que nunca habían tenido derecho a votar".
La investigación sigue en curso y se esperan más acusaciones y detenciones, según ha informado su oficina.
"El plan de Florida"
El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, dirigirá la organización."Queremos tomar el plan de Florida, queremos tomar el modelo que ha tenido tanto éxito en el tercer estado más grande del país y extenderlo a todo el país", declaró Byrd a los periodistas. "El Congreso ha fallado en su labor."
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una rueda de prensa celebrada en Tampa, Florida el 12 de agosto de 2025. (Chris O'Meara/AP Photo).En abril, DeSantis promulgó la Ley SAVE de Florida, también conocida como HB 991. Esta ley exige la verificación de la ciudadanía estadounidense para la inscripción en el censo electoral. La legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Asimismo, impone requisitos de transparencia a los candidatos políticos. En virtud de la legislación, todos los candidatos a un cargo público en el estado deben revelar si tienen doble nacionalidad, mientras que los candidatos al Congreso deben dar a conocer su actividad bursátil. Además, establece un procedimiento legal para impugnar la elegibilidad de un candidato.
La Conferencia Estatal de Florida de las Secciones y Unidades Juveniles de la NAACP y la Alianza de Florida para los Jubilados Estadounidenses interpusieron una demanda poco después de la firma del proyecto de ley, alegando que los requisitos de prueba de ciudadanía de la ley son inconstitucionales y podrían disuadir a votantes con derecho a voto de participar en las elecciones.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina del gobernador para recabar comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
Con información de Troy Myers.
