El jueves, los estadounidenses observaban atónitos cómo miles de jóvenes se adentraban desde Marruecos en el enclave español de Ceuta.
Al igual que Melilla, situada más al este, en la costa más septentrional de Marruecos, la ciudad es un vestigio del que en su día fue el vasto imperio colonial español. Nada separa a Marruecos de estos territorios españoles, salvo aguas poco profundas y una valla poco sólida. El gobierno local de Ceuta ha suplicado a Madrid que declare el estado de emergencia, pero el ministro del Interior español ha afirmado que la legislación española no considera los flujos migratorios como un riesgo para la seguridad nacional.
Los inmigrantes ilegales llevan mucho tiempo dirigiendo sus esfuerzos hacia Ceuta y Melilla, las Islas Canarias e incluso la costa continental de España.
Ya en mayo de 2021, más de 8000 migrantes entraron ilegalmente en Ceuta en tan solo unos días. Eso no es nada comparado con la oleada actual. Marruecos no quiere, o no puede, impedir que se marchen.
En el año 711, los ejércitos del califato omeya cruzaron el estrecho de Gibraltar y lucharon contra los visigodos que gobernaban la zona. Los moros establecieron la región de Al-Ándalus en la Península Ibérica, donde gobernaron durante 700 años. Pero, bajo el mandato de una serie de gobernantes cristianos, España acabó expulsando al califato.
El último estado musulmán de Granada cayó en 1492, el año en que Colón zarpó hacia América.
Ahora los moros han vuelto, esta vez no por la espada.
La UE ha renunciado prácticamente a intentar poner fin a la inmigración ilegal masiva. En su lugar, para repartir la carga que supone la llegada masiva de personas a las fronteras, la UE obliga a los Estados miembros a aceptar una cuota determinada de migrantes por cada dirección de la UE, independientemente de lo que quieran los votantes nacionales. En junio entró en vigor la Directiva de la Unión Europea sobre migración y asilo.
Bajo el nuevo régimen, los países de la UE pueden rechazar una solicitud de asilo si el solicitante ya podría haber recibido protección en un país seguro por el que haya transitado.
La UE considera que Marruecos es un país seguro.
Se permitirá a los países miembros establecer centros de retorno en terceros países seguros para repatriar a los solicitantes de asilo rechazados, en lugar de dejar que se queden por ahí saqueando, apuñalando a la gente o intentando incendiar colegios. Los países también podrán encarcelar a los solicitantes de asilo rechazados que no se marchen.
Sin embargo, en toda Europa, los jueces de inmigración indulgentes dan prioridad a los deseos de los posibles migrantes frente a la seguridad de los ciudadanos autóctonos. En mayo de 2025, Dinamarca y otros ocho países de la UE comunicaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la interpretación que este hace del Convenio Europeo de Derechos Humanos ha "limitado nuestra capacidad para tomar decisiones políticas en nuestras propias democracias".
En 2025, la UE registró 669,365 solicitantes de asilo por primera vez.
De ellos, se aprobó el 39 %. De los rechazados, un 21 % adicional fue aprobado en apelación. De los solicitantes de asilo rechazados, la UE afirma que deporta al 27 %. Eso significa que un solicitante de asilo, incluso con una solicitud falsa, tiene al menos un 82 % de posibilidades de permanecer en la UE. Para millones de personas, merece la pena arriesgarse.
En abril, el gobierno socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan para conceder permisos de residencia de un año, renovables, a los inmigrantes ilegales. Los requisitos eran increíblemente bajos: los solicitantes solo tenían que demostrar que habían vivido al menos cinco meses en España y que no tenían antecedentes penales.
El gobierno afirmó que el programa se aplicaría a medio millón de personas.
Cuando se abrió el plazo de la amnistía, se presentaron más de un millón de solicitudes. Al igual que ocurre con los inmigrantes ilegales puestos en libertad o en libertad condicional por el presidente Joe Biden entre 2021 y 2025, España no tiene forma de comprobar los antecedentes penales de los solicitantes en sus países de origen, como Argelia, Marruecos, Túnez y muchos otros.
Estudios realizados en Alemania, los Países Bajos, Suecia y otros lugares han demostrado sistemáticamente que las tasas de delincuencia entre los hombres procedentes del norte de África y Oriente Medio en Europa son mucho más elevadas que entre la población nativa. Ese riesgo recaerá sobre los españoles y, más adelante, sobre los europeos.
En agosto de 2024, Sánchez viajó a Gambia y anunció acuerdos de colaboración para frenar la inmigración ilegal procedente de África Occidental hacia las Islas Canarias. Pero, en general, Sánchez no se opone a la migración masiva, solo quiere que se canalice mejor y se etiquete.
Para globalistas como Sánchez, no existe una identidad nacional que merezca la pena proteger. Las personas son unidades de mano de obra intercambiables. Las diferencias en materia de educación, cultura, ética del trabajo y religión son irrelevantes.
Durante su visita a Mauritania en 2024, Sánchez afirmó que "a pesar de la retórica que está cobrando fuerza en Europa, la migración no es un problema… debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar el fenómeno migratorio de forma humana, segura y ordenada, en beneficio de nuestras respectivas sociedades".
Ya sea por una combinación de motivos —ventaja política, ideología globalista o pura y simple rendición irresponsable—, este es el enfoque de la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, la anterior Administración Biden y el creciente movimiento de los Socialistas Demócratas de América.
Para Sánchez y la izquierda globalista que gobierna la mayor parte de Europa, la migración masiva es una necesidad económica para sustituir a la población europea que envejece. Aunque en su día pobló las Américas, la tasa de fecundidad actual de España, medida en número de hijos por mujer a lo largo de la vida, es de 1.4. Eso está muy por debajo del nivel de reposición.
China y la India han superado el umbral demográfico y alcanzado niveles sostenibles, pero el nivel medio de fecundidad de África sigue estando por encima de los cuatro hijos por mujer.
África no se quedará pronto sin jóvenes desempleados que enviar, siempre y cuando España y Europa mantengan las fronteras abiertas y sigan fluyendo las prestaciones sociales.
Las tasas de desempleo entre los inmigrantes en Europa son elevadas: el doble que las de los nativos en Francia y España. Pero incluso estar en paro en Europa, con vivienda, educación, asistencia sanitaria y otras prestaciones gratuitas, es mejor que quedarse en países que carecen de tales prestaciones sociales.
Con la imprudente amnistía de Sánchez, España ha incentivado una inmigración ilegal masiva e ilimitada. La España medieval fue conquistada a punta de espada. La España moderna se está sometiendo a sí misma por voluntad propia.
Reproducido con permiso de The Daily Signal, una publicación de The Heritage Foundation.
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