El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, condenó al régimen comunista chino por seguir desafiando un laudo arbitral internacional de 2016 que rechazó sus amplias reivindicaciones en el mar de China Meridional, así como sus acciones cada vez más hostiles contra sus vecinos.
En una declaración realizada el 12 de julio, fecha en la que se cumple el noveno aniversario del histórico fallo emitido por el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, Rubio instó al régimen chino a "cumplir con el fallo arbitral de 2016 y poner fin a su conducta peligrosa y desestabilizadora".
Rubio afirmó que el fallo, que fue una decisión unánime de un panel de cinco miembros del tribunal, es "jurídicamente vinculante tanto para Filipinas como para China" y "una base útil para resolver pacíficamente las disputas entre las partes en el mar de China Meridional".
El fallo de 2016 rechazó la reivindicación de la "línea de los nueve puntos" del régimen chino sobre aproximadamente el 85% de los 2.2 millones de millas cuadradas del mar de la China Meridional, afirmando que la afirmación de Beijing era incompatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM).
"Desde el fallo de 2016, China ha ignorado la decisión, continuando con sus reivindicaciones marítimas ilegales y expansivas y tomando medidas cada vez más agresivas contra sus vecinos", afirmó Rubio.
"Las reivindicaciones expansivas de Beijing infringen directamente los derechos soberanos y la jurisdicción de Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei e Indonesia, y socavan la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Indo-Pacífico".
"Buscamos preservar la paz y la estabilidad, defender la libertad de navegación y sobrevuelo, mantener la libre circulación del comercio y oponernos a la coacción para resolver las disputas marítimas", añadió.
En los últimos años, Filipinas ha sido el blanco principal de la agresión del régimen chino en el mar de la China Meridional. El año pasado, Manila criticó a Beijing por embestir sus barcos, rociar sus buques con cañones de agua y disparar bengalas contra sus aviones, la mayoría de los incidentes se produjeron en torno al disputado banco de arena de Sabina, en el mar de China Meridional.
El incidente más reciente ocurrió el 12 de julio, cuando un buque de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) y un buque de la guardia costera china (CGC) operaban dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de Filipinas, frente a la isla de Cabra, en Mindoro Occidental, según un posteo en la plataforma de redes sociales X del portavoz de la guardia costera filipina (PCG), Jay Tarriela. Cuando se contactó por radio desde un buque de la PCG, el buque de la Armada china no respondió, y el buque de la CGC afirmó "la soberanía y jurisdicción de China sobre estas aguas", dijo Tarriela.
"La PCG recuerda a la Armada del EPL y a la CCG que respeten la jurisdicción de Filipinas en su ZEE, respondan a las comunicaciones por radio de la PCG y desistan de realizar patrullas no autorizadas o actividades relacionadas con la aplicación de la ley en la ZEE filipina", dijo Tarriela.
Filipinas inició un procedimiento de arbitraje contra China en 2013, que dio lugar a la sentencia de 2016.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas, en una declaración en la que comentaba el aniversario, afirmó que la histórica sentencia "seguirá siendo una piedra angular de la política marítima filipina y de la defensa inquebrantable del país de un orden basado en normas y regido por el derecho internacional".
La secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, Maria Theresa Lazaro, calificó de "preocupante" el continuo rechazo del régimen chino a la sentencia en un mensaje grabado para un foro local el 11 de julio, según la agencia estatal Philippine News Agency.
Lazaro también criticó a Beijing por llevar a cabo acciones agresivas en el mar en disputa bajo el amparo de una "interpretación revisionista y egoísta" del derecho internacional, en particular de la CNUDM, según el medio.
En respuesta, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó el 12 de julio la sentencia de 2016 de "papel desechado, ilegal, nula y sin efecto".
Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón y Nueva Zelanda emitieron declaraciones con motivo del aniversario, afirmando que la sentencia es vinculante.
"Japón reafirma que no existe base jurídica para las amplias reivindicaciones marítimas de China en el mar de China Meridional", declaró el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, en un comunicado.
Afirmó que la negativa de Beijing a aceptar la sentencia "socava el Estado de derecho en la comunidad internacional".
"Las acciones coercitivas y peligrosas de China contra buques filipinos y vietnamitas, incluido el uso de cañones de agua, maniobras peligrosas, embestidas, remolque forzoso y abordaje ilegal de buques, ponen en peligro la seguridad de los marineros y degradan gravemente la paz y la seguridad regionales", afirmó en un comunicado Global Affairs Canada, que representa al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Comercio.
"Canadá sigue instando a China a que acate la decisión del tribunal y ponga fin a todas las acciones que agravan las tensiones y amenazan la seguridad marítima".
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