El 14 de julio, la Corte Suprema permitió al presidente Donald Trump seguir adelante con el desmantelamiento del Departamento de Educación mediante el despido de casi 1400 empleados.
La sentencia en el caso McMahon contra Nueva York adoptó la forma de una orden sin firmar. La corte no explicó su decisión.
Tres jueces —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— discreparon de la sentencia.
Una corte federal de distrito había dictado una orden judicial que bloqueaba el proceso y ordenaba al gobierno que readmitiera a algunos de los empleados del departamento que habían sido despedidos.
El juez federal de distrito Myong Joun, de Massachusetts, emitió el 22 de mayo una orden judicial en la que ordenaba al gobierno recontratar a los empleados despedidos y revertir otras medidas destinadas a reducir el tamaño del departamento.
Joun afirmó que, durante más de 150 años, “el gobierno federal ha desempeñado un papel crucial en la educación”.
Desde la creación del departamento en 1979, "no se puede subestimar su papel en la educación en todo el país", escribió.
La agencia supervisa el sistema federal de préstamos estudiantiles, realiza investigaciones para los estados y las escuelas, distribuye fondos federales y vela por el cumplimiento de diversas leyes federales.
Joun afirmó que está claro que la "verdadera intención" de la administración Trump es "desmantelar efectivamente el departamento" sin obtener primero la aprobación necesaria del Congreso.
El 4 de junio, un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos se negó a suspender la orden de Joun.
En una solicitud de emergencia presentada ante la Corte Suprema el 6 de junio, el fiscal general D. John Sauer dijo que el despido de 1378 empleados del departamento racionaliza la agencia y elimina “funciones discrecionales que, en opinión de la Administración, es mejor dejar en manos de los estados”.
Sauer reconoció que solo el Congreso puede abolir el departamento. Añadió que el gobierno necesita “mantener suficiente personal para seguir cumpliendo las funciones que le impone la ley y [que] ha conservado al personal que... es necesario para esas tareas”.
Trump prometió en su campaña electoral cerrar el departamento.
El 20 de marzo, firmó la Orden Ejecutiva 14242, en la que se comprometía a cerrar la agencia, que, según él, "ha afianzado la burocracia educativa y ha tratado de convencer a Estados Unidos de que el control federal sobre la educación es beneficioso".
El departamento "no educa a nadie" y "mantiene una oficina de relaciones públicas que cuenta con más de 80 empleados y cuesta más de 10 millones de dólares al año", afirma la orden ejecutiva.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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