La campaña del presidente Donald Trump para deportar a los inmigrantes ilegales llevo a las autoridades a buscar nuevos lugares donde alojar a los inmigrantes ilegales si sus países de origen no aceptan de vuelta a sus ciudadanos.

El artículo 241(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad exige que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas envíe a los deportados a su país de origen o al país en el que embarcaron en el transporte que los trajo a Estados Unidos.

Sin embargo, si eso no es posible, la sección también permite a la agencia trasladar a los inmigrantes a cualquier país que los acepte.

Las conversaciones entre Estados Unidos y países como Honduras, Panamá y Venezuela dieron como resultado que estas naciones acepten a los inmigrantes ilegales que Estados Unidos necesita expulsar.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo a los periodistas hace unas semanas que México ya acepto a 38,000 inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos, de los cuales 5000 no eran ciudadanos mexicanos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el acuerdo el 5 de febrero, afirmando que aceptarían no solo a los deportados guatemaltecos, sino también a los de otras naciones.

«Hemos acordado aumentar en un 40 % el número de vuelos de deportados, tanto de nuestra nacionalidad como de otras nacionalidades», declaró Arévalo durante una rueda de prensa con Rubio.

Estados Unidos y Panamá firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para facilitar los vuelos de deportación de inmigrantes ilegales, para lo cual Washington proporcionó apoyo financiero.

La embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el 6 de mayo que Panamá «contribuyó significativamente» a los esfuerzos del gobierno estadounidense para poner fin a la inmigración ilegal al enviar un vuelo con 81 inmigrantes ilegales de Camerún, Nepal, India, Bangladesh, Vietnam y Sri Lanka a sus países de origen.

El paquete incluye ayuda económica y asistencia para el viaje de regreso a sus países de origen, organizada a través de la aplicación CBP Home.

«Si se encuentra aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor manera, la más segura y la más rentable de salir de Estados Unidos para evitar ser detenido. El DHS ofrece ahora a los inmigrantes ilegales ayuda económica para el viaje y una asignación para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home», declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem.

«Esta es la opción más segura para nuestras fuerzas del orden y los inmigrantes y supone un ahorro del 70 % para los contribuyentes estadounidenses».

El DHS informó que, incluso con el subsidio, el costo de la expulsión de un inmigrante ilegal mediante la autoexpulsión es alrededor de un 70 % más barato que a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El primer vuelo de inmigrantes ilegales autoexpulsados se completó el 19 de mayo, según el DHS. El vuelo fletado incluyó a 64 personas enviadas de vuelta a Colombia y Honduras desde Houston, Texas.

«Se trataba de un vuelo chárter voluntario, no de una operación [del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas]», dijo el DHS en su anuncio.

Mientras se dirigía los asistentes a una reunión del Gabinete para conmemorar los 100 días de Trump en el cargo a principios de este mes, Rubio habló sobre los esfuerzos de la administración para asociarse con otras naciones para aceptar a los deportados.

«Estamos trabajando con otros países para decirles: 'Queremos enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países. ¿Nos harían ese favor?'», dijo el secretario de Estado.

«Y cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera».

The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Estado para conocer las posibles negociaciones con otros países.