El lunes, una jueza federal se negó a impedir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartiera con las autoridades de inmigración los datos de los contribuyentes que están siendo investigados por delitos penales, rechazando los argumentos de los grupos de defensa que alegaban que esta medida violaría las protecciones federales de privacidad y disuadiría a los inmigrantes ilegales de cumplir con sus obligaciones fiscales.
En un fallo de 16 páginas emitido el 12 de mayo, la jueza federal de distrito Dabney Friedrich, de Washington, denegó una moción de medida cautelar presentada por dos organizaciones que pretendían detener la aplicación de un acuerdo de intercambio de datos entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El acuerdo, denominado memorando de entendimiento, permite al IRS divulgar cierta información de los contribuyentes, incluidos nombres y direcciones, al DHS y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se solicite para investigaciones penales en materia de inmigración.
La jueza señaló que los términos del memorando de entendimiento entre el IRS y el DHS no violan ningún requisito de intercambio de datos establecido en la legislación federal, incluido el de que el DHS presente solicitudes por escrito para obtener los datos, identifique a las personas específicas que son objeto de una investigación penal y justifique la solicitud.
A continuación, solo después de verificar el cumplimiento de la sección 6103 del código fiscal, el IRS puede compartir información limitada sobre la identidad, como nombres y direcciones. "En esencia, este caso plantea una cuestión jurídica concreta: ¿Viola el memorando de entendimiento entre el IRS y el DHS el Código de Rentas Internas? No lo hace", escribió Friedrich.
"El texto claro del Título 26 del Código de Estados Unidos, artículo 6103(i)(2), exige la divulgación en las circunstancias y condiciones específicas descritas en el Memorándum. Por esta razón, los demandantes no han demostrado que tengan probabilidades de prosperar sus reclamaciones".
La sentencia supone una victoria legal para la administración Trump, que ha impulsado la integración de la aplicación de las leyes fiscales y de inmigración federales como parte de una campaña más amplia contra la inmigración ilegal.
Los demandantes, el Centro de Trabajadores Unidos (CTU) y Immigrant Solidarity DuPage (ISD), presentaron una demanda en marzo para argumentar que el IRS estaba permitiendo ilegalmente al DHS reutilizar datos fiscales confidenciales para localizar y deportar a inmigrantes ilegales. Afirmaban que la cooperación del IRS con el ICE socavaría la confianza pública y violaría las disposiciones de confidencialidad del código fiscal.
"La divulgación de dicha información sometería a los miembros individuales de la CTU y la ISD a daños a su privacidad y a daños en forma de arresto, detención u otras privaciones de libertad asociadas con la intención declarada de la Administración Trump de emprender acciones masivas contra los inmigrantes en Estados Unidos", escribieron los grupos en su denuncia.
Sin embargo, la corte consideró que el acuerdo entre el IRS y el DHS cumple con la ley porque, aunque el artículo 6103 del código fiscal prohíbe en general la divulgación de información confidencial de las declaraciones de impuestos, como nombres y direcciones, incluye excepciones para la aplicación de la ley penal. La jueza señaló en su fallo que el memorando de entendimiento no autoriza la divulgación de información para la aplicación de la ley de inmigración civil, como las deportaciones no relacionadas con un cargo penal.
Aunque los demandantes expresaron su preocupación por que el DHS pudiera utilizar la información para iniciativas de deportación más amplias no relacionadas con procedimientos penales, Friedrich señaló que no había pruebas de que los organismos implicados hubieran infringido el acuerdo o la ley, y que los temores de los grupos de defensa se basaban en informes de los medios de comunicación que especulaban con que la Administración Trump estaba "buscando información sobre la ubicación de 700,000 o, alternativamente, siete millones de inmigrantes ilegales".
"Con estos datos limitados, la corte no puede suponer que el DHS tenga la intención de utilizar la información compartida para facilitar procedimientos civiles en lugar de penales", escribió la jueza, añadiendo que, si el DHS decidiera abortar la investigación penal y, en su lugar, proceder a la deportación civil, la agencia tendría que devolver la información al IRS y se le prohibiría utilizarla de cualquier forma.
La corte también rechazó las alegaciones de que el IRS había cambiado ilegalmente su postura anterior. Aunque los grupos de defensa señalaron que las directrices anteriores del IRS sugerían que no se podían atender las solicitudes que solo incluían la dirección, Friedrich consideró que no se había revocado ninguna política vinculante. Concluyó que, incluso si se hubiera producido un cambio, este no estaba sujeto a revisión en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo.
La decisión de la jueza siguió a una sentencia anterior de marzo en la que Friedrich se negó a emitir una orden de restricción de emergencia, al considerar que los demandantes no habían demostrado un daño inminente. La sentencia del lunes permite efectivamente que el marco de intercambio de datos siga adelante mientras continúa el juicio más amplio.
El abogado de los demandantes no respondió de inmediato una solicitud de comentarios.
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