Un juez federal de Florida ordenó a Caroline Wren, una recaudadora de fondos republicana implicada en la organización de la manifestación Detengan el robo (Stop the Steal) del presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 en Washington, pagar USD 2 mil al día por negarse a entregar los documentos sobre su papel en la planificación del evento, advirtiéndole que podría enfrentarse a penas más severas, incluida la cárcel, si sigue desobedeciendo a la corte.
El juez federal de distrito Donald Middlebrooks dictó la sentencia por desacato el 9 de julio, tras la incomparecencia de Wren en una audiencia virtual destinada a explicar su continua negativa a cumplir con una citación emitida como parte de una demanda civil independiente presentada hace cuatro años por media docena de agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos. Los agentes demandan a Trump, a su campaña presidencial para 2024, a Stop the Steal LLC, a los Chicos Orgullosos (Proud Boys) y a otros, alegando que conspiraron para incitar el ataque al Capitolio que dejó heridos a los demandantes.
Wren, que actuó como intermediaria entre la Casa Blanca de Trump y los organizadores de la manifestación, ayudó a organizar a los oradores, a gestionar el programa de la manifestación y a impulsar la participación en la concentración, según su declaración ante la comisión del 6 de enero que investiga el ataque al Capitolio, el informe final del panel y otros documentos.
Los agentes de la Policía del Capitolio argumentan que las comunicaciones y los documentos de Wren son fundamentales para sus alegaciones en la demanda subyacente pendiente en Washington, que alega conspiración para interferir en los derechos civiles, agresión, asalto y otros cargos. La citación solicita registros relacionados con la planificación, la financiación, la seguridad y las comunicaciones entre los organizadores y los asociados de Trump.
Según los documentos judiciales, después de que la corte emitiera la citación en el caso subyacente, los agentes tardaron más de un año en notificarla a Wren, lo que finalmente lograron en mayo de 2024. Cuando Wren no respondió, los agentes iniciaron una acción coercitiva por separado en una corte federal de Florida, lo que dio lugar a una orden judicial del 29 de abril de 2025 que exigía a Wren presentar los registros solicitados a mediados de mayo. A pesar de las repetidas órdenes judiciales y de la notificación personal por parte de los alguaciles federales, Wren no compareció ante la corte, ni contrató a un abogado, ni se puso en contacto con los abogados de los demandantes.
En su orden de desacato del 9 de julio, Middlebrooks escribió que "la actitud de desprecio y falta de compromiso" de Wren retrasó el proceso y privó a los agentes de las pruebas a las que tienen derecho. Impuso una multa diaria de USD 2 mil hasta que Wren cumpla, y advirtió que, si las sanciones económicas resultan ineficaces, la corte "considerará medidas adicionales para impulsar su cumplimiento", incluido el posible encarcelamiento.
Según las normas federales, las cortes pueden declarar a las personas en desacato civil por desobedecer citaciones, imponiendo multas cada vez más elevadas o incluso penas de cárcel para obligarlas a cumplir.
The Epoch Times se puso en contacto con Wren para solicitarle sus comentarios sobre la sentencia.
Mientras tanto, la demanda subyacente presentada contra Trump y otros sigue pendiente, y las últimas presentaciones judiciales indican que continúan las disputas sobre la presentación de pruebas, las mociones sobre las pruebas y las múltiples prórrogas concedidas por la corte mientras los demandados siguen litigando las reclamaciones.
En la demanda subyacente, los agentes de la Policía del Capitolio alegan que Trump y sus aliados conspiraron para impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 mediante el uso de la fuerza, la intimidación y las amenazas. Afirman que los demandados —entre los que se incluyen la campaña de Trump, los organizadores de Detengan el Robo y grupos como los Chicos Orgullosos y los Guardianes del Juramento (Oath Keepers)— difundieron afirmaciones falsas sobre fraude electoral y coordinaron esfuerzos para incitar a la violencia, lo que culminó en el ataque al Capitolio que dejó a varios agentes heridos física y emocionalmente.
Los acusados en la demanda negaron rotundamente cualquier irregularidad, argumentando que sus acciones estaban protegidas por la Primera Enmienda y que no incitaron a la violencia ni conspiraron para perturbar la certificación de las elecciones.
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